Foto: Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Recientemente se han hecho públicos los datos de un informe elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) relativo a los suicidios por razones económicas. Según dicho informe, basado en datos oficiales brindados por la policía, se producen unos 34 suicidios cada día en en el Estado español.
La PAH cifra en más de 13.300 las personas que se quitaron la vida debido al llamado terrorismo financiero. Esto supone un veintidós por ciento más de los fallecidos en accidentes de tráfico en el mismo periodo, o 64 veces más muertos que los que ha dejado el terrorismo yihadista en el país, aunque estas personas no vayan a acaparar las portadas de la prensa ni sean objeto de atención de las campañas de concienciación gubernamentales.
El drama de los desahucios está directamente vinculado a estas cifras. Los gobiernos con sus leyes, el aparato judicial que las aplica, y los grandes empresarios y especuladores del suelo que se benefician de ellas son los auténticos responsables de esa catástrofe social. Que la Constitución española contemple el derecho a una vivienda digna y la lucha contra la especulación solo muestra que para el texto fundador del Régimen del 78 los supuestos que hablan de garantías sociales son pura paja. Mientras, la justicia actúa con celeridad a la hora de aplicar la “ley de leyes” para impedir derechos democráticos fundamentales como la autodeterminación del pueblo catalán o garantizar el derecho a la propiedad privada (la de los banqueros y grandes empresarios inmobiliarios claro, no la de las familias trabajadoras).
Otro dato que arroja el informe es que la Comunidad de Madrid ocupa la primera posición en suicidios, con una media de tres a la semana. Según la PAH, entre los meses de enero y abril, se han producido en la capital veinte desahucios diarios. Una estadística curiosa para la ciudad que iba a terminar con este drama a dos años y medio de la llegada del “ayuntamiento del cambio” de Ahora Madrid. Algo que ha sido anunciado por la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, en repetidas ocasiones, la última este mismo mes.
Claro que Carmena se refiere a las personas que habitan en viviendas públicas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo), aunque el grueso de las ejecuciones hipotecarias se realize en viviendas particulares en las que habita la mayoría de la población madrileña. La PAH considera que la actuación de la alcaldesa es insuficiente y que no quiere posicionarse a pesar de ser consciente de esta dramática situación.
Donde sí que se ha posicionado el consistorio es a la hora de favorecer los pelotazos urbanísticos proyectados por el anterior gobierno municipal del Partido Popular. Así, la Operación Chamartín rebautizada como Nuevo Norte, cuenta ahora con el impulso proporcionado por el Ayuntamiento que participará financieramente en la construcción de hasta 11.000 viviendas de lujo, lo que supondrá el encarecimiento de los precios de compra y alquiler de las viviendas de los alrededores.
Es preciso recordar que ayuntamientos como el de Madrid son ejemplos de buena gestión para alternativas de gobierno como Podemos e Izquierda Unida. Ciudades en las que los desahucios, los suicidios y la miseria social siguen aumentando día a día; mientras el mantenimiento de los intereses de la banca y las grandes constructoras y el pago religioso de la deuda pública -otra garantía constitucional- siguen también a la orden del día.
Los capitalistas están dispuestos a realizar ganancias sobre un bien de extremísima necesidad como es la vivienda aún a costa de las vidas de decenas de miles de personas. La paralización inmediata de todos los desahucios, la expropiación sin pago de todos los edificios vacíos en manos de la banca y grandes especuladores y el establecimiento de un parque público de viviendas en alquiler social establecido en base a un porcentaje reducido de la renta familiar es la única alternativa realista e inmediata al drama de la gente sin casas y las casas sin gente. | 
