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Fiscalía y Corona al frente de la ofensiva reaccionaria
José Manuel Maza, fiscal general del Estado inició ayer una nueva vuelta de tuerca en la ofensiva reaccionaria del Estado español contra la realización del referéndum del próximo 1-O. Maza envió instrucciones a los fiscales jefe de cada una de las provincias de Catalunya para que soliciten la citación como imputados de los regidores que han firmado en apoyo a la realización del referéndum, en concreto a la cesión de locales para las votaciones.
De este modo el fiscal general cita a 712 alcaldes de los municipios que aparecen en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). José Manuel Maza ha dejado claro en su aviso sobre las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que puedan incurrir en caso de no atender este requerimiento”. Además la citación señala que los delitos de “desobediencia, malversación y prevaricación pueden acarrear penas de prisión de hasta 8 años e inhabilitación de hasta 20 años”.
Es tal la medida, sin precedentes, que varios medios internacionales como el New York Times, France Press o ABC News se han hecho eco de la reaccionaria acción.
La respuesta no se ha hecho esperar por parte de diputados del PDeCat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu en el Congreso. Los seis grupos han registrado una petición de comparecencia de Maza en las Cortes para “explique esta decisión”.
Ferran Bel, diputado del PDeCat ha asegurado que la acción de Maza es un “espectáculo mediático”, recordando que el mismo –Ferran Bel- además de alcalde de Tortosa es miembro del Congreso, con lo cual por la ley de aforados no puede ser imputado. Según Bel “una muestra más de la incapacidad e impotencia del Gobierno ante la situación de Catalunya”.
Ester Capella de ERC ha recriminado que el fiscal general ponga el dedo sobre el 75% de los alcaldes de Catalunya, mientras que Jaume Moya de En Comú Podem ha acusado a Maza de utilizar a la Fiscalía como “un instrumento” en este “estado de excepción”.
La CUP por su parte ha anunciado a través de un comunicado en su página web, que sus alcaldes (30 en total), no irán a declarar ante la Fiscalía. Según el citado comunicado de la formación anticapitalista, la Fiscalía “limitada por su estatuto, no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación”. Además aseguran en el mismo texto que el único objetivo de la citación de Maza es la de “atemorizar a la población y a los cargos electos”.
Por su parte, los alcaldes de la AMI ya han manifestado que se concentrarán el próximo sábado a las doce del mediodía en la plaza Sant Jaume. A través de su presidenta, Neus Lloveras, los alcaldes han asegurado que irán a declarar cuando sean citados “porque no tenemos nada que esconder”.
Pero no solo la Judicatura a través del Fiscal General ha dado un paso adelante en su ofensiva contra el 1-O. Por primera vez desde la aprobación en el Parlament de Catalunya de la de Ley del Referéndum, la Corona se ha pronunciado.
Felipe VI, el heredero de los herederos del franquismo, aprovechó su discurso en la entrega de Premios Nacionales de Cultura 2016, en Cuenca, para asegurar que “la constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia”.
El monarca ha ejercido su rol de máximo mandatario del reaccionario Estado español para mandar un mensaje contundente; “los derechos de los españoles serán preservados contra quiénes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria”.
Tras hacer las clásicas referencias a la “modélica transición” que definió el actual Régimen del 78, señaló que la “democracia española solo es posible si las leyes que la regulan y organizan son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones, si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos”. Todo un aviso a Puigdemont y Junqueras.
Una batería de medidas represivas sin precedentes
Además de las acciones de Maza y las declaraciones de Felipe VI, a lo largo de la tarde de ayer se vivió un continuo goteo de medidas represivas. Entre ellas, un juez ordenó el cierre de la página web del referéndum.
La Guardia Civil se presentó en la empresa encargada de gestionar el dominio web y con el orden judicial en mano, cerró la página web. Horas después el propio Puigdemont anunciaba a través de twitter que existían nuevas webs con la información del 1-O.
El Tribunal Constitucional tampoco se quería quedar atrás en esta ofensiva, y a lo largo de la tarde notificó a los miembros de la Sindicatura Electoral catalana –órgano encargado de hacer de Junta Electoral el 1-O- la obligatoriedad de su disolución en las próximas 48 horas, bajo amenaza de multas de tres mil a treinta mil euros.
Por su parte, la Guardia Civil, suspendió un acto de la CUP en Valencia a la vez que identificó a Anna Gabriel y Mireia Vehí. El cuerpo represivo les notificó que se trataba de una concentración ilegal y quedaba por lo tanto prohibida.
También en Madrid un juzgado en lo contencioso-administrativo, suspendió cautelarmente el acto que se iba a celebrar este domingo en apoyo al derecho a decidir, tras admitir el recurso del Partido Popular, en un flagrante ataque a la libertad de expresión.
Los organizadores, "Madrileños por el Derecho a Decidir", comunicó frente a esta amenaza que el acto se mantenía "por la libertad de expresión, la democracia y el derecho a decidir".
Una ofensiva que aviva a la extrema derecha
Los ataques del Gobierno, Judicatura, Policía y Corona contra el derecho a decidir del pueblo catalán están avivando a la extrema derecha.
En la Universidad de Valencia han aparecido pintadas amenazantes contra Anna Gabriel y la CUP. Una muestra de que el fascismo español vive en las calles y las acciones represivas del Estado envalentonan a estos sectores de la extrema derecha.
Grupos que cuentan con la habitual complicidad de la Judicatura y las fuerzas represivas, permitiendo que estas amenazas campen a sus anchas.
El día de ayer será recordado en el “procés” como la fecha que inició la ofensiva más dura del Estado español contra el Referéndum, al menos hasta el momento. Pero todas estas acciones no son ni las únicas ni las últimas que puede realizar el Estado. | 
