Durante todo el día no se sabía si el acto unitario de las fuerzas que impulsan el Sí a la independencia catalana se podría realizar. El acto se ha realizado finalmente en Tarragona y hablaron dirigentes de Junts pel Sí, la CUP, la ANC y Òmnium. Más de 8000 personas llenaron la Tárraco Arenas Plaza y varios centenares quedaron fuera. A pesar de las advertencias del Gobierno español de que podría ser ilegal. Rajoy no se animó a evitar el acto, aunque la fiscalía de Tarragona investiga si hay delito.
Ha habido otros actos que no se han podido realizar. Por ejemplo, el acto de la CUP en Vitoria. Un juez facha prohibió el acto que se organizaba en un local cedido por el Ayuntamiento de Madrid, aunque ahora se realizará en un local privado. Otro juez en Vitoria hizo desalojar el acto de Anna Gabriel. La CUP tiene previsto hacer varios centenares de actos por el 1O y seguramente lo mismo harán otras fuerzas, como ya preparan las marchas de la dignidad en Zaragoza y Madrid. Los actos unitarios de Tarragona y Girona no fueron prohibidos, pero, ¿y los próximos?
Como ha comenzado la campaña para el referéndum del 1O, la CUP y seguramente otras fuerzas ya han comenzado a divulgar sus propuestas. Sin embargo, policía local y los Mossos han detenido e identificado en diversos puntos de Catalunya a militantes de la CUP que pegaban carteles y les requisaron el material. Esto es parte de las amenazas del Gobierno a todo lo que sea difusión del 1O, como la carta dirigida a TV3 o la imposición a la Generalitat para quitar su propaganda institucional.
Al mismo tiempo, Puigdemont se anotó un punto en relación al 1O, puesto que finalmente logró un acuerdo con el espacio de los Comunes. Ada Colau al final anunció que Barcelona apoyará el 1O aunque no se sabe de qué manera. Lo importante, para Junts pel Sí es que la posición de los Comunes pasó de la encendida defensa de la ley hecha por Coscubiela, a un acuerdo político con la figura principal de Catalunya en Comú.
Otras declaraciones que han repercutido por toda la geografía peninsular fueron las de Joan Rosell, el presidente de la patronal española. El jefe de la CEOE planteó que "Hay muchas vías intermedias entre la independencia y la sumisión total" y que en Catalunya hay “una desafección muy importante”. Declaración que choca con ell comunicado institucional de la patronal que apoya todas las acciones que se hagan para cumplir la ley. La cuestión es que la patronal catalana se da cuenta de los peligros que implican soluciones judiciales y represivas.
Mientras la campaña ya está en movimiento, algunos importantes dirigentes se dirigen a Rajoy y al Rey para pedir un diálogo referido al referéndum. Puigdemont, Forcadell, Junqueras y Colau han escrito una misiva a Rajoy y a Felipe VI para pedirles diálogo. Pero, si en más de cinco de años no lo hubo, difícil que lo haya en dos semanas, ¿no? El Gobierno contestó que siempre ofreció diálogo, aunque siempre aclaró que sobre el referéndum no puede dialogar. En fin. La actuación del Gobierno del Estado, de la Corona y de las instituciones es exactamente lo opuesto al “diálogo”.
Más operación “diálogo” contra el pueblo catalán
Parte de ese “diálogo” fue la Operación Catalunya, o el actual control de los gastos de la Generalitat por parte de la Hacienda española. Hace ya varias semanas que la Comunidad catalana debe informar puntualmente sobre los gastos realizados. En esta semana Junqueras anunció que no enviará más el informe semanal. La respuesta “dialogada” de Montoro pasa por el control de los pagos de Catalunya y le da 48hs a Puigdemont para pronunciarse. Esto es similar a una “Intervención de la autonomía”.
El Gobierno reúne una mayor cantidad de fuerzas represivas en Catalunya de cara al 1O. La Guardia Civil concentra ya unos 200 efectivos en Catalunya. A esta fuerza, el Ministerio de Interior la reforzará con 1000 miembros más, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de la Policía. El plan del Ministerio prevé en total sumar 12.000 agentes más los 17.000 Mossos d’Esquadra. Todo apunta a requisar papeletas y urnas principalmente y todo aquellos referido al 1O. Quizás sea algo más de “diálogo”.
El relato del Gobierno, para explicar su “política” es que todo obedece a que Puigdemont, Junqueras, Mas y sus secuaces quieren saltarse la ley y llevan a millones de personas a un callejón sin salida. En éste sentido, el fiscal en jefe Maza ha opinado “hay miles de ciudadanos catalanes que están abducidos porque les están convenciendo de que no se preocupen, que esto es legal…” Además de tratar de tontos a quienes llevan más de cinco años pidiendo votar, es bastante patético.
La última “oferta de diálogo” de Rajoy ha sido el discurso que ofreció en Barcelona ante la Junta directiva del PP. Rajoy dijo que “están cometiendo un error. Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”. Si la amenaza sonaba a poco, soltó: "funciona [el estado de derecho]. Algunos no se dan cuenta y más les valdría darse cuenta". Para el Régimen del 78 queda claro que esto no es un baile.
Todo es delito para el Gobierno y el TC
El Gobierno y las instituciones judiciales están encontrando delito en todas las acciones vinculadas al 1O. Es delito que los alcaldes presten instalaciones, es delito que 55.000 personas abran las mesas electorales, es delito la propaganda y actos públicos, etc. El 1O “es como saltarse un semáforo en rojo” decía el tenista Nadal. Pero si son más de 2 millones quienes se lo saltan es porque el semáforo rojo no está bien ubicado. Para el Gobierno es fácil: habrá más de 2 millones de multas. El PSOE y Ciudadanos lo apoyan. Pensar que Pablo Iglesias también pide el respeto a la ley. Sin palabras.
Y, para castigar el “delito”, la fiscalía se reunió con los Mossos d’Esquadra y se encargó de ordenarles que requisen las urnas. También ordenó a la Guardia Civil y la Policía Nacional lo mismo. Para ello está reuniendo una fuerza de casi 30.000 efectivos. Esta vez, el Gobierno parece prepararse para hacer uso de la fuerza, en caso de que el 1O se ponga urnas. El Régimen del 78 no quiere siquiera un 9N.
La Estrategia de la “carta y la mejilla”
La carta de Junts pel Sí y Ada Colau a Rajoy y al Rey ofreciendo una negociación parece en cierta medida, más un manotazo de ahogado que otra cosa. Ya en plena campaña, con el Gobierno persiguiendo delitos y unas claras declaraciones del Rey exigiendo el respeto de la Constitución, no hay otro diálogo para el poder más que levantar el referéndum del 1O, pagar la osadía del mismo y no volver a hablar de la secesión.
Joan Tardá, Carles Puigdemont y Jordi Sánchez lo pidieron públicamente a principios de semana: son capaces de suspender el referéndum hasta 2019 a cambio de negociarlo con Rajoy. Junts pel Sí demuestra que no quiere desobedecer al Régimen del 78. Lo mismo que hizo Artur Mas con el 9N, para adaptarse a las órdenes del Tribunal Constitucional.
Esta estrategia muestra que no están dispuestos a luchar hasta el final por el legítimo derecho del pueblo catalán a la autodeterminación y ya preparan la defección. Ya sea porque se acabe levantando la convocatoria o ya sea porque no se haga efectivo el resultado. Mientras el Gobierno central prepara un ejército de 29.000 efectivos, la Generalitat, Junts pel Sí y la CUP no explican cómo garantizarán la votación y la ejecución del resultado. Los representantes de la burguesía y pequeñoburguesía catalana nunca estuvieron por la autodeterminación, y hace más de cinco años que nos llevan por el "día de la marmota”.
El 1O solo se podrá realizar verdaderamente y ser efectivo si los trabajadores y el pueblo catalán lo tomaran en sus propias manos. Solo si el pueblo catalán se une con el resto de los pueblos del Estado para acabar con el opresor Régimen del 78. La lucha por el 1O puede ser el comienzo de la lucha para terminar con el Régimen del 78 y por el inicio de procesos constituyentes en la península. Pero, para ello, la CUP y los Comunes; Podemos; CCOO y UGT deberían romper con la hoja de ruta y el Régimen del 78 y llamar a la movilización de los trabajadores y el pueblo.
Una movilización así sería la piedra angular para acabar con el Régimen del 78 y comenzar a resolver todos los problemas sociales (paro, precariedad, recortes, etc.) y democráticos (como la unión de los pueblos), en la perspectiva de fundar una verdadera federación de repúblicas democráticas, libres y soberanas, es decir, una federación de repúblicas de trabajadores y trabajadoras. | 
