Pistas falsas, represores de la dictadura en acción, insólitos allanamientos, videntes y “mujeres pájaro”, el entorno intocable de Etchecolatz. Un recorrido por la causa judicial que garantizó la impunidad.
“Ocultar algo o no manifestarlo. Impedir que llegue a saberse algo”, son las dos definiciones que nos da la Real Academia Española para “encubrir”.
“Algo” tan enorme como quiénes secuestraron e hicieron desaparecer, por segunda vez en su vida, a Julio López, víctima de Etchecolatz y su banda genocida.
Impedir que llegue a saberse ese “algo” es lo que recorre todo lo actuado por el Poder Judicial desde que Julio desapareció, el 18 de septiembre de 2006, día en que debían alegar las abogadas de la querella de Justicia Ya! entre las que estaban Guadalupe Godoy, Liliana Mazea y Myriam Bregman.
Dos días después fue la sentencia contra Etchecolatz. Julio no estaba ahí.
Once años más tarde, la desaparición de López es una causa sin responsables ni imputados, un verdadero monumento a la impunidad, como lo había definido tiempo atrás Adriana Calvo, referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
¿Qué es ese “algo” que se quiere impedir que se sepa?
Policías bonaerenses con o sin actividad, personal del Servicio Penitenciario, el entorno de Etchecolatz, la SIDE.
Era mucho lo que se ponía en juego. Los funcionarios del gobierno kirchnerista se encargaron de hacérselo saber a los organismos de derechos humanos nucleados en el colectivo Justicia Ya!: “Nuestra firme sospecha de que la desaparición de Julio se trataba de un secuestro a manos de la Bonaerense se consolidó en la primera reunión que el 22 de septiembre mantuvimos con el Gobernador Felipe Solá, el Ministro de Seguridad León Arslanián y el Secretario de Derechos Humanos Edgardo Binstock. Reconocieron que la principal hipótesis que manejaban era la del secuestro, donde estaría implicada la policía bonaerense”, señalaron en un detallado informe de octubre de 2008.
“López desapareció a manos de una patota ligada a la Bonaerense, pero el encubrimiento se armó en un entramado estatal donde todos tienen responsabilidades. Como nos dijeron en aquel momento: eligieron priorizar la gobernabilidad de la Policía. Fuimos conscientes de que no se iba a ir a fondo cuando Aníbal Fernández nos dijo que no descartaba ninguna hipótesis, que López podía estar ’en la casa de la tía’. No descartar ninguna hipótesis es no investigar la principal”, asegura Myriam Bregman, una de las abogadas de López y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Los testimonios de Julio López ponían mucho en juego, más si se tiene en cuenta que en poco tiempo iba a volver a declarar en la causa que investiga los crímenes ocurridos en la Unidad 9 de La Plata. El propio gobierno provincial reveló que 9026 policías que estaban en actividad habían ingresado a la Bonaerense durante la dictadura militar o habían sido parte de la misma.
El Poder Judicial tenía todo a su alcance para llegar a los responsables, pero hacerlo implicaba destapar un caldero más pestilente de lo que nadie pudiera pensar.
Develar la continuidad en las fuerzas policiales de miembros que fueron parte del genocidio, su relación con activas patotas paraestatales con logística para hacer desaparecer a un testigo era algo que tenía que quedar en la mera sospecha.
Pistas falsas y operativo de encubrimiento
Los integrantes del colectivo Justicia Ya!, querellantes en el juicio a Etchecolatz a las dos horas de la desaparición de Julio (“Está desaparecido”, sentenció en ese momento Adriana Calvo con una lucidez pasmosa), ya tenían una hipótesis y señalaban a la Bonaerense y al entorno de Etchecolatz.
Sin embargo, hasta el año 2008 la Policía Bonaerense actuó en la causa como principal encargada de llevar a cabo las tareas investigativas, hasta que la Cámara Federal de La Plata ordenó su apartamiento de esa función, luego de que la querella de Justicia Ya lo reclamara insistentemente.
Pasaron tres meses de duras peleas para que la causa pasara a la justicia Federal y se investigue como desaparición de persona, y no por “averiguación de paradero”. “Pero a partir de ahí empezó a actuar un feroz aparato de encubrimiento de la Bonaerense, la SIDE y la Policía Federal. Fueron tapando y obstaculizando todas las pruebas existentes. Pruebas que juntamos cada día, pruebas que aparecían y aportábamos”, escribió Myriam Bregman en su emotiva Carta Abierta contra la impunidad.
Fue tanto el poder que se le dio a la Policía Federal, a la Bonaerense y a la SIDE, que llevaron expedientes paralelos sin ningún tipo de control.
La Federal tomó 600 declaraciones que no adjuntaron a la causa, quedaron perdidas; se realizaron rastrillajes sin ningún criterio que obedecían a llamados anónimos al 911 y denuncias de vecinos, hasta ridículas versiones de videntes fueron seguidas como serias. Se llegó hasta el absurdo de ir tras la pista de un testigo declaró que su hermana, que vivía en Perú, por las noches se convertía en pájaro y sobrevolaba la provincia de Buenos Aires. En uno de sus vuelos, lo había visto a López. “En la misma causa en la que se negaron allanamientos a algunos de los principales sospechosos, la Bonaerense fue a hacer un rastrillaje de los terrenos que mencionaba este testigo; de eso hablan cuando dicen que van por todas las hipótesis, a todas menos hacia la Bonaerense”, señala Bregman.
Constan en la causa detalladísimos informes de inteligencia llevados a cabo por la SIDE respecto de familiares, vecinos y amigos de López pero ese organismo no aporta ningún informe sobre investigaciones al entorno de Etchecolatz.
Entorno de Etchecolatz, allanamientos y policías de la dictadura en acción
“Seis meses tardaron en allanar el Penal de Marcos Paz donde esta detenido Etchecholatz, y nos enteramos de los resultados por medios”, recuerda Bregman. Además se realizó en las peores condiciones, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial y con participación de integrantes de la SIDE, las policías Federal y Bonaerense. Según trascendió, los reclusos sabían con 48 hs. de anticipación que se realizaría dicha requisa.
En el allanamiento se secuestró una agenda de Etchecolatz. “No hicieron el menor trabajo de investigación sobre los nombres que figuraban, ni cruces telefónicos”, dice Bregman y nombra a Susana Gopar como uno de los nombres y números más relevantes de esa agenda no investigada.
Gopar es parte de esos 9000 agentes de la Bonaerense que entraron a la fuerza antes o durante la dictadura. Era además secretaria de Etchecolatz. Numerosos testigos dan cuenta de que en la mañana del 18 de septiembre cuando López sale de su casa, en su recorrido se detuvo entre una verdulería y la empresa que provee electricidad (Edelap) en la transitada Avenida 66. Allí lo vieron por última vez. En aquel lugar de Los Hornos, en el número 2125, habitaba Susana Gopar. Su casa nunca fue requisada. Podrían no haberles creído a los testigos, pero perros entrenados reconocieron el rastro de Julio López desde su casa hasta la vivienda de Gopar. Nunca se investigó.
Los represores que López denunció en su testimonio tampoco fueron investigados. Uno de ellos es el ex jerarca de la Bonaerense Julio César Garachico. Así lo mencionó Julio el 28 de junio de 2006 ante el Tribunal Oral Federal Nº1: “El día uno (de estar secuestrado en el Pozo de Arana) nos saca Etchecolatz con el grupo de picaneadores, grupo en el que reconozco a algunos, como Garachico, Urcola, Aguiar”.
A los pocos días de la segunda desaparición de Julio López, Garachico abandonó su domicilio en Puerto Madryn.
Al igual que Susana Gopar, Garachico tuvo contactos por esos días con el médico policial Carlos Falcone, que había sido denunciado por un familiar que lo acusó de haber participado del secuestro de López. En la denuncia que consta en la causa, se hizo saber que se había usado su auto para el secuestro y que el cuerpo de López habría sido arrojado al mar en Mar del Plata. Recién a los tres años se allanó la casa. El auto, desmantelado, y aunque encontraron manchas de sangre, no se pudo extraer un perfil genético.
Guadalupe Godoy, también abogada de Julio e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, denunció que “a Garachico tuvimos que localizarlo nosotros, se había mudado en noviembre de 2006 a Mar del Plata, y antes dirigía un Casino en Puerto Madryn. Pedimos que investigaran cómo un policía retirado gerenciaba un Casino, pero no hubo caso. Hoy esta detenido por condenas en causas de lesa humanidad, pero por la desaparición de López no investigaron nada de nada.”
Julio César Garachico
Godoy es concluyente: “Acá no se tocaron las líneas que tenían que ver con la combinación de factores que llevó a la desaparición de López: había que investigar a policías en actividad que se oponían a la reforma policial y las purgas que en ese momento se intentaban allá y a los sectores que no querían los juicios, para conservar su impunidad. Ahí estaban policías, militares y penitenciarios”.
Atalaya, el insólito rastrillaje
A simple vista las actuaciones que describimos parecen hechas con una absoluta impericia. Pero cuando esto se convierte en la norma, no queda más que deducir que hay “algo” que no se quiere que se sepa. Una vez más ese algo nos lleva las Bonaerense y las fuerzas de seguridad.
El 23 de septiembre (a cinco días de la desaparición de Julio López) la Comisaría 3 de Los Hornos y la División 3 de Canes realizan un operativo con perros en Atalaya, partido de Magdalena, en auto sin identificación y con ropas de civil. Se dirigieron desde la ruta hasta la finca de Rubén Durso, Delegado Municipal de Atalaya. Violando las normas de procedimiento, los policías (uno de ellos tenía un zapato de López que guiaba a los perros), merendaron en la vivienda durante una hora mientras los perros quedaron fuera de la finca. No se labró ningún acta, un hecho más que irregular que encubre el accionar policial. A la noche, se constituyó en la casa de Durso una mega comisión integrada por fiscales y jefes policiales con el apoyo de helicópteros y los perros que participaron en el operativo de la tarde. Ingresan a la vivienda y los perros reconocen lugares y un colchón con rastros de López. Luego comienzan a seguir un rastro que los lleva al campo de enfrente. Pero la policía y los fiscales detienen el rastrillaje por “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. El acta es, de nuevo, irregular: en los horarios que describe, no está firmada ni por los fiscales ni por las autoridades policiales. Existen dos conclusiones posibles: o la policía plantó pruebas para desviar la investigación o frustró una importante pista.
Detalles: el responsable de este operativo, el capitán Zaffino, ingresó a la bonaerense en la dictadura y recién fue separado en 2007, por encubrir el fusilamiento de Darián Barzabal en un móvil de su comisaría.
También, quién dirigió la investigación en esta etapa, el Superintendente Roberto Silva, ingresó a la policía en marzo de 1977.
Chicano o la complicidad
El caso de Chicano se trata de otro doloroso ejemplo. En noviembre de 2006, los organismos de derechos humanos entregan al juez material que demostraba que los días previos al secuestro un ex agente de policía, Chicano, estuvo siguiendo a López. Varios meses después se realizan allanamientos con lo que se le dio tiempo para preparar su coartada. Ni siquiera se lo llamó a declarar. La causa la mandaron a fotocopiar al Ministerio de Seguridad donde trabaja un familiar de Chicano y quien siguió la pista es Oscar Farinelli, un policía que cumplió funciones durante la dictadura y que hizo su carrera en la Dirección General de Inteligencia, con lo que estaba en ese cargo cuando López fue desaparecido por primera vez.
Abrir los archivos de la impunidad
Es evidente el tramado de encubrimiento que se fue tejiendo durante estos 11 años para garantizar la impunidad.
Hoy, la causa muere lentamente porque no se está siguiendo ninguna pista ni hubo pruebas nuevas.
Myriam Bregman afirmó que existe un muro incólume de impunidad. "La desaparición de Julio vino a poner en evidencia que no se va a avanzar contra los miembros de las fuerzas represivas que están en funciones. Hay un pacto implícito que indica que no se avanza contra aquellos, más allá de algún caso marginal".
La lucha de los organismos de derechos humanos sobre la necesidad imperiosa de que se abran los archivos de la dictadura llevó a que dos año atrás Myriam Bregman, en ese momento diputada nacional por el PTS/FIT, presentara un proyecto de ley para la apertura inmediata de los archivos, informes, expedientes y todo tipo de documentación en poder de las fuerzas policiales, de las Policías Bonaerense, Federal, del Servicio Penitenciario Federal, el Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Argentina y la exSIDE. El proyecto sigue a la espera de ser tratado. El proyecto fue acompañado por Nora Cortiñas, Chicha Mariani, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Patricia Walsh y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre otros. De aprobarse aportaría a saber qué pasó con Julio López y quienes son los responsables, pero hasta el momento no ha tenido tratamiento.
Mientras, las calles siguen siendo nuestro lugar de lucha.
Hoy marchamos una vez más, atravesados esta vez por la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, y reafirma de por parte del Estado solo habrá encubrimiento e impunidad. Por eso, vamos a seguir movilizados, no vamos a callarnos nunca y nunca vamos dejar de luchar por su aparición con vida y el castigo a los culpables.
