El genocidio que implicó “La Campaña del Desierto”, cuyo exponente máximo fue Julio Argentino Roca, organizó el exterminio y apresamiento de miles de integrantes de los pueblos originarios en la zona sur del país, para favorecer la expansión de la propiedad terrateniente. Los originarios del norte ya habían sufrido las primeras matanzas con el avance de la conquista española, que no llegó a la Patagonia pero sí a la zona del Gran Chaco. En las últimas décadas del siglo XIX el gobierno argentino emprendía nuevamente violentos desalojos en los territorios de Chaco (1872) y Formosa (1884) para sumarlos al territorio nacional y así obtener ganancias por las materias primas que obtendrían de esas regiones.
Las matanzas continuaron durante todo el siglo XX. En el norte se conocen las de Napalpí, 1924, bajo el gobierno de Alvear; Zapallar, 1933; Rincón Bomba, 1947, Perón contra los pilagás. Citando sólo casos emblemáticos.
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Muchos de ellos resistieron como pudieron y en la actualidad hay decenas de comunidades que siguen de pie, luchando por sus derechos, por sus tierras, sus creencias y su cultura.
En la actualidad, el modelo del agronegocio significó un nuevo avance contra estas comunidades. La soja, la mega minería y el petróleo fueron nichos económicos que convirtieron a nuestro país en un importante exportador de commoditties. ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué sucedió con las comunidades originarias que habitan esas tierras?
Los del norte
Noviembre de 2010. Las noticias hablaban de “enfrentamientos”. Dos muertos. Uno policía, el otro, Roberto López, de la comunidad qom La primavera. Los originarios reclamaban al gobierno de Formosa seiscientas hectáreas de un predio rural, donde el Estado quería construir una Facultad destinada a los estudios agroforestales. La protesta se había extendido por más de seis meses con corte de la Ruta Nacional N° 86. El desalojo lo había ordenado el gobierno de Gildo Insfrán (PJ), quien desde 1995 y hasta la actualidad es gobernador de la provincia.
Después de aquellos hechos la lucha de los qom llegó a Buenos Aires. Realizaron un acampe reclamando la devolución de su territorio, el cese de la persecución y de la represión, entre otros reclamos. Finalmente lograron una serie de acuerdos, pero ninguno de ellos se cumplieron; mientras tanto el asesinato de Roberto López seguía impune y sólo los miembros de la comunidad estaban judicializados. De más está decir que se abandonó cualquier investigación que cuestionara al accionar policial.
Sus reclamos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió a “las autoridades argentinas que tomasen medidas para garantizar la seguridad de Félix Díaz y su familia”. El reclamo de los qom también fue apoyado por decenas de organismos de derechos humanos y personalidades como Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.
Nuevamente, a finales de febrero de 2015, las comunidades qom, pilagá, wichí y nivaclé tuvieron que montar un acampe en Av. 9 de Julio y Av. de Mayo para denunciar las violación a los derechos humanos del gobierno de Formosa y exigir que los reciba el gobierno.
En aquel momento era presidenta Cristina Fernández. No solo respaldó a su fiel gobernador Gildo Insfrán en las elecciones de 2013, cosa que ya había hecho cuando sucedió el desalojo de la Ruta N° 86 en 2010, sino que nunca recibió a los miembros de las comunidades originarias de Formosa.
Tiempo después, siendo Mauricio Macri presidente, se creó por decreto el CCI (Consejo Consultivo Indígena) como resultado de la presión y el reclamo de las comunidades indígenas, quienes llevaron adelante diferentes protestas para hacer efectivo el pedido. El CCI lo preside Félix Díaz, desde julio de 2016, quien en los últimos días, a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado, declaró: “Santiago fue llevado por la Gendarmería, para nosotros no es raro que esto pase, depende del Estado que tiene que responder a los requerimientos de los indígenas, la desaparición de Santiago es porque estuvo acompañando la lucha de los pueblos mapuches”.
Así las cosas en el Norte. Mientras tanto Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez, Formosa, está preso desde el 13 de abril. Si bien el 30 de agosto, debía haber sido liberado por haberse declarado nulas las causas en su contra, fue nuevamente procesado. De esta manera, no sólo avanzan sobre los territorios, sino que buscan amedrentar judicializando a los referentes de las comunidades.
Los del sur
A Santiago Maldonado lo desaparecen mientras exigía la libertad de Facundo Jones Huala, principal referente de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, quien se encuentra detenido en Esquel desde 2015 por reclamar sus tierras, que son parte del latifundio del Grupo Benetton.
El encubrimiento del gobierno ya es historia conocida. Necesitan instalar un nuevo sentido común que asocie los pueblos originarios de la región a derechos perimidos de pequeños grupos del pasado, como condición para legitimar la represión y ocultar el conflicto histórico por estas tierras patagónicas.
Mapuches y tehuelches habitan estos territorios, que cuentan con enormes reservas de riquezas naturales energéticas, cuencas gasíferas y petrolíferas, incluyendo las de gas y crudo no convencionales como los de la cuenca neuquina (sede de los yacimientos de Vaca Muerta) o la región del Golfo San Jorge al norte de Santa Cruz y al sur de Chubut.
La avanzada sobre estas tierras en función de asegurar condiciones leoninas para que empresas extranjeras como Repsol, EOG, ExxonMobil, Total, Chevron accedan a estos recursos también ya se consolidó como una política constante. El proyecto de Vaca Muerta lo viene a confirmar. El primer paso fue el acuerdo con Chevron firmado por la ex presidenta que el actual gobierno se aseguró de mejorar con la firma de nuevos acuerdos laborales de flexibilización.
“Consenso de las Commodities”
En todo este escenario hay una línea de continuidad que comienza con la presidencia de Menem. En 1991 se aprobó el decreto de desregulación económica favoreciendo la tendencia a la consolidación del modelo de agronegocio, que se mantuvo bajo el kirchnerismo y se profundiza en la actualidad. Como señalan los especialistas Svampa y Viale, es el “consenso de las commodities” instalado desde los noventa.
La desregulación de los mercados permitió también la importación de maquinarias, insumos y tecnología en semillas transgénicas y agrotóxicos, lo cual se profundizó luego con la autorización gubernamental para la utilización y comercialización de semillas transgénicas de soja en el año 1996 y de maíz en 2004.
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Contando con condiciones internacionales favorables, se fueron desarrollando las bases de un modelo económico caracterizado por la reprimarización de la economía y la profundización del carácter semicolonial del país, anclado en “la orientación a la exportación, a la producción de commodities, a la gran escala y al monocultivo” (Svampa y Viale). Lo que tuvo como correlato “la necesidad de acaparamiento de la tierra y la expansión de la frontera agraria, fenómeno que explica la mayor deforestación, la pérdida de biodiversidad, la expulsión de campesinos e indígenas y, en el límite, el notorio incremento de la criminalización y los asesinatos de campesinos e indígenas” (Svampa y Viale). Se desarrolló la industria del agro y la falta de competitividad de los pequeños productores alentó la concentración del negocio en manos de grandes pools de siembra, como el grupo Grobocopatel, convertido en el empresario “emblema” del rubro.
El gobierno de CFK elaboró un Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 cuyo enfoque promovía la intensificación de la producción de commoditties, con el objetivo de llegar a 2020 con una producción de 61,5 millones de toneladas de soja. Para que todo marche viento en popa. Según datos oficiales del actual gobierno, la producción de soja transgénica pasó de 11 millones de toneladas en 1996/1997 (la primera siembra con la semilla de soja transgénica aprobada) a más de 58 millones de toneladas en 2015/2016 (Datos Abiertos Ministerio de Agroindustria, 2016). Mientras que “el monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones de hectáreas” (Darío Aranda, "Tierra arrasada", Sudamericana)
Para seguir la línea, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos fue eliminar el impuesto a las exportaciones agropecuarias del maíz y el trigo y reducir en un 5% las retenciones a la soja.
Hecha la ley, hecha la trampa
Los derechos de todas las comunidades de los pueblos originarios están avalados por la Constitución Nacional, en donde además se les reconoce el derecho ancestral sobre sus tierras. El Inciso 17 del artículo 75 afirma que se debe “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. (...); reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. (...)”.
Si bien “el Estado reconoce en la actualidad la existencia de al menos 955 mil personas pertenecientes a más de treinta pueblos originarios” y a la vez “admite que se trata de un ‘subregistro’ y que son muchos más, aún así, el discurso mediático y recurrente oficial se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad”, explica Mariela Belski de Amnistía Internacional Argentina.
Varias son las leyes que han acompañado el proceso de apropiación de tierras, expulsión de poblaciones y vulneración de derechos.
La llamada “Ley de Tierras” se sancionó en 2011. Es la ley 26.737 donde se especifica que el máximo de tierras en manos de extranjeros podrá ser del 15% de la superficie rural, sin afectar a quienes ya sean dueños de tierras, lo cual significa una porción enorme del territorio. Además, no se pronuncia sobre el destino productivo que pueda hacerse de esos territorios; por ejemplo, recursos como el agua o la tierra pueden considerarse parte de esos territorios, la ley nada dice al respecto. Esta ley es insuficiente porque no implica afectar los intereses de los grandes grupos involucrados, ni aporta a las necesidades de protección del medio ambiente. Pero parece que a Macri no le pareció suficiente rifar el 15% del territorio (el poco que quedaba), por eso modificó por decreto esta ley en 2016: "El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país", había declarado Martín Borrelli, el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación.
A nivel nacional la extranjerización de las tierras es desigual, aunque va en aumento. El porcentaje más elevado corresponde al departamento de San Carlos, en Salta, con casi el 60% de tenencia extranjera, en el área de los Valles Calchaquíes.
En noviembre de 2006 se había aprobado una nueva ley, la 26.160, que ahora vuelve a ser noticia porque se aproxima su vencimiento el 23 de noviembre de este año. Tenía como objetivo detener los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Suspendía, además, “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” dominadas por las comunidades indígenas. Y establecía que durante 3 años el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas debía “realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Sin embargo, el retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley en dos oportunidades. A seis años de sancionada, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto.
Según los informes del CELS existen 1532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). Al 2016 sólo un 49% del total ha sido relevada. El incumplimiento de esta legislación es la contratara que da cobertura a la intervención del Estado nacional y provincial, con el aval del poder judicial, para el desalojo y la criminalización sobre las comunidades bajo causas de usurpación de tierras.
Apostando al mismo negocio
Desde los años noventa se vienen asentando las bases del modelo del agronegocio y el extractivismo, y todo apunta a que se afianzará aún más en los próximos años. Cambian los gobiernos pero, como a lo largo de toda la historia, la política de beneficiar a los empresarios nativos y extranjeros que operan con los recursos naturales del país, sigue intacta.
La represión desatada desde comienzo de este año contra los pueblos originarios y recientemente en la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut, es un eslabón de esta cadena de intereses y negocios.
En definitiva, lo que hay detrás de estas políticas es asegurar las condiciones para que los grandes grupos propietarios y multinacionales avancen en el usufructo de los recursos naturales y estratégicos con los que cuenta el país.
El Estado, con sus fuerzas represivas, se mueve al son de las órdenes que imponen los intereses de los poderosos, sin importar la vida de aquellos quienes, ancestralmente, habitan esas tierras. La desaparición de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería, no es un hecho aislado.
Esto lo saben los cientos de miles que se movilizan en todos el mundo por su aparición con vida, denunciando que el gobierno es responsable.
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