Foto: Mariano Rajoy y la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. EFE/Tarek Mohamed
A menos de dos semanas para la celebración del referéndum del 1-O, el Gobierno sigue decidido a aniquilar las aspiraciones independentistas de cientos de miles de catalanes y catalanas.
El PP, junto al PSOE y C’s, con el Tribunal Constitucional y la Fiscalía a la cabeza, siguen profundizando día a día una escalada de persecución por medio de jueces, fiscales y los diferentes cuerpos policiales.
Suspensión de las leyes de Referéndum y de Transitoriedad aprobadas en el Parlament de Catalunya por parte del TC; orden de citación como imputados a los más de 700 alcaldes que firmaron a favor del referéndum y orden de detención para los que no comparezcan; numerosos registros de la Guardia Civil en imprentas en busca de las papeletas para la votación; ataques contra la libertad de prensa de los medios que emitan el spot para el 1-O o la suspensión de diferentes actos de campaña de los partidos del bloque soberanista. Este es el saldo hasta el momento de la ofensiva españolista por medio de la vía judicial y policial para desbaratar cualquier paso que permita que el 1-O haya urnas y los catalanes puedan votar.
Una de las medidas represivas más contundentes que ha aplicado el Gobierno central contra el “procesisme” ha sido la intervención económica de los gastos de la Generalitat por parte de la Hacienda española. Tal y como informó el ministro Cristóbal Montoro, el Ejecutivo de Rajoy se hace cargo del control de los pagos de Catalunya. De esta manera, el Gobierno central evita que haya pagos referentes a la realización del referéndum del 1O y que este se pueda realizar. Una medida que en la práctica es la antesala de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución del ‘78 demandada desde hace días por diferentes dirigentes del PP y miembros del propio Gobierno.
El artículo 155 especifica que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Es decir, el Gobierno del Estado español tiene a su disposición la posibilidad de efectuar la anulación total o parcial de cualquier autonomía (en este caso Catalunya) y hacerse cargo de todas sus dependencias.
Un mecanismo que llevaría al límite la campaña de persecución contra el referéndum catalán y que en los últimos días viene cobrando cada vez más fuerza en el seno del Partido Popular. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaraba hace unos días que el artículo 155 se puede aplicar en tan solo cinco días. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha amagado en numerosas ocasiones con la posibilidad de aplicarlo y afirmaba estos días que "es una herramienta más que puede llegar a aplicarse en determinadas circunstancias". Este lunes, sin ir más lejos, fuentes oficiales del PP señalaban que el artículo 155 puede ser “la vacuna” para poner fin a las aspiraciones independentistas.
Xavier García Albiol, presidente del PP de Catalunya, también ha salido en defensa del 155, asegurando que "el Gobierno de España va a estar a la altura de las circunstancias y va a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición del gobierno sin descartar ninguna, incluida el artículo 155".
Sin embargo, el jefe del PP catalán se ha cuidado de aclarar que "el PP no se puede cargar sólo la responsabilidad de defender a España como nación. Es importante que las decisiones que se tomen tengan el apoyo de Ciudadanos y del PSC". Toda una confesión de los límites que tiene la propia ofensiva del Ejecutivo.
En las últimas horas tanto C’s como el PSOE, han acercado posturas para profundizar en la unidad del bloque constitucionalista alrededor de la necesidad de aplicar una medida tan controvertida como es el artículo 155. El partido naranja afirmaba este lunes que no son contrarios a la aplicación del 155, lo que no es sorpresa para nadie. Y tampoco lo es la posición del PSOE que, según su portavoz, Oscar Puente, apoyarían la aplicación del 155… porque “por encima de todo está la defensa del Estado de Derecho ante este desafío importante a la soberanía nacional”.
La posición del Partido Socialista es delicada. Si bien el PSOE de Pedro Sánchez es un firme defensor de la Constitución del ‘78, teme quedar demasiado pegado a una medida tan contundente como sería la aplicación del artículo 155. De aquí las reticencias en un primer momento de dar apoyo al Gobierno y las declaraciones en las que ponen de manifiesto que la aplicación de la medida solo depende del propio Ejecutivo. Una situación que ha aprovechado Unidos Podemos con su llamado a crear una mesa de diálogo que promueva un referéndum pactado en Catalunya, poniendo a los socialistas en una posición incómoda.
La situación del Gobierno, sin embargo, es más precaria de lo que parece. Su ofensiva contra el referéndum catalán puede terminar desatando un movimiento democrático que tome las calles. Esta situación explica por qué el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que “ningún alcalde va a ser detenido. Solo están siendo llamados a tomar declaración”, en referencia a la medida tomada contra los 720 alcaldes que dan apoyo al referéndum.
Por ello para aplicar el 155 el Gobierno necesita imperiosamente fortalecer el “bloque constitucionalista”. Aparecer como el único garante del orden constitucional sin el apoyo de las demás fuerzas pondría aún más al desnudo su debilidad política. Una debilidad hasta ahora enmascarada por su ofensiva reaccionaria, pero cuya dinámica puede estar abriendo un nuevo frente: un movimiento democrático en el resto del Estado en repulsa a la campaña de represión policial y judicial contra Catalunya.
Una repulsa que ya está empezando a cruzar “fronteras”, fortaleciendo la solidaridad del resto del Estado, como lo mostró la celebración de un acto en Madrid en apoyo al referéndum, tras haber sido previamente prohibido. Un acto que superó las expectativas y tuvo una concurrencia masiva en apoyo al derecho a decidir de Catalunya y contra las medidas antidemocráticas que viene imponiendo el Estado central.
La conquista por el derecho a decidir solo podrá lograrse si se le tuerce el brazo al Gobierno y al Régimen del ’78 con la movilización social del pueblo de Catalunya en alianza con el resto de sectores populares y la clase trabajadora del Estado español. | 
