A partir de la toma de un colegio en el barrio de Belgrano, directivos de esa institución denunciaron ante la Justicia a quienes participan de la misma. Lo hicieron bajo la acusación de "usurpación". Increíblemente, la fiscalía a cargo de Carlos Fel Rolero Santurián, hizo lugar al pedido.
Aunque el fiscal aclaró que "usurpación" es un término "transitorio" y que se busca el "diálogo" con los estudiantes para "destrabar el conflicto", no aclaró que la función de la fiscalía, justamente, es la de determinar si hubo un delito.
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La acusación misma, y la aceptación de la misma por la fiscalía, van en el camino de la criminalización del conflicto estudiantil.
Pero las 30 tomas de colegios, así como las movilizaciones que vienen teniendo lugar, son una respuesta al intento del macrismo de imponer una reforma reaccionaria en el terreno educativo. Este miércoles delegados estudiantiles se reunieron con la ministra de Educación de la Ciudad, Solidad Acuña, quien no dio ninguna respuesta al reclamo estudiantil.
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