Foto Agencia Andar
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuyas referencias máximas son el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) Nora Cortiñas, emitió este jueves un comunicado en el que informa que se realizó un planteo formal ante “la recusación del juez federal por considerar que actuó con prejuzgamiento, violando el principio de legalidad y parcialidad. La recusación también se funda en la expresión por parte de Otranto de una enemistad manifiesta con los organismos querellantes en la causa”.
En un escrito judicial presentado previamente, la CPM manifestó que “la esencia de sus dichos (por declaraciones periodísticas de Otranto, NdR) está marcada por un indiscutible encono que no encuentra asidero en la participación de los organismos querellantes, subestimando, horadando públicamente la acción de éstos lo que se traduce sin más en un intento de desprestigio de instituciones de reconocida trayectoria en la materia”.
El organismo manifestó que “las deficiencias en la investigación y la parcialidad y prejuzgamiento que expuso públicamente en sus declaraciones son fundamentos más que suficientes para que el juez Guido Otranto sea apartado de la causa. En ese marco, la CPM apoya el pedido de la familia que hoy (por el jueves) participó de la audiencia de recusación en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y espera que los camaristas hagan efectivo lo solicitado”.
También se pronunció en favor de la recusación del juez Otranto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, uno de los organismos más antiguos de la Argentina. “Ante las declaraciones del Juez Federal de Esquel, los días 17 y 18 del corriente, en el diario La Nación, donde expone públicamente su hipótesis acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, presumiendo que ’se habría ahogado’ y avanzando con ello sobre una definición de la causa, perdiendo ecuanimidad y desdibujando su rol por parcialidad, expresamos nuestra adhesión a su recusación demandada por la familia Maldonado y nuestros colegas del CELS y denunciamos el nulo avance de la investigación”, manifestó la APDH en comunicado también emitido este jueves.
La APDH rechazó así “la intemperancia del Juez hacia la familia Maldonado, el maltrato hacia integrantes del Pu Lof en resistencia de Cushamen y otras comunidades mapuches-tehuelches de la zona de Vuelta del Río durante el allanamiento del día 18, ocasión en que uno de los principales testigos de la comunidad en la causa, Matías Santana, y otros comuneros, fueron mantenidos doce horas con precintos en situación de hostigamiento permanente”.
Y denunció que “en ocasión de dicho procedimiento se impidió el ingreso de partes querellantes al predio, y no se atendió la demanda reiterada de los/as Defensores/as de DDHH de la APDH presentes, que se morigerara la condición de las personas custodiadas con armas de guerra del GEOF”.
Como se informó, por estas horas se espera una definición de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia respecto al pedido de recusacio del juez Otranto realizado por la familia Maldonado y su abofada Verónica Heredia, pedido que fue acompañado por el Centro de Estudios Legales y Sociales.
A su vez el fiscal de cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, afirmó públicamente que “Hay fundamentos serios y sólidos para apartar a Otranto”, lo que configura una nueva presión para la instancia superior judicial para definir si finalmente el juez es recusado o no. | 
