El proyecto de desmunicipalización ha sido, junto a las reformas a la educación, uno de los puntos fuertes a rescatar Bachelet de su segunda gestión. Es que con esta reforma se da por satisfecha, desde la comprensión de la Nueva Mayoría, la tan solicitada demanda de las organizaciones sociales de que “todos los colegios vuelvan al Estado”. De esta manera, el gobierno saliente de la NM quiere ante todo que los plazos se respeten y puedan entrar en vigencia su reforma emblema, antes de dejar la presidencia.

El proyecto, que fue rechazado ampliamente por el profesorado y los estudiantes, dista mucho de responder a una verdadera estatización de los colegios municipales, al ser un organismo intermedio quien velará su organización: los Servicios Locales de Educación (SLE). Para su puesta en marcha se necesitan 4 SLE implementados en Marzo de 2018, teniéndose que designar autoridades y la estructura administrativa. Esta exigencia es la que corre peligro para la ley, ya que antes debe pasar por trámites de la Contraloría y en el Tribunal Constitucional (TC), lo que puede originar un retraso por más de un mes.

Ante la preocupación, la ministra de educación, Adriana Del Piano, aseguró estar tomando las medidas «esperamos que muy pronto se cumplan los plazos y pasos obligatorios, como es pasar por Contraloría. Conversaremos con quien sea necesario para poder acortar esos tiempos y poder tener la ley plenamente andando.»

El punto crítico de la situación corresponde a la comisión mixta en donde se definirán los 11 puntos de tensión entre el oficialismo y el gobierno. Entre ellos destaca el acuerdo que estableció el Gobierno con Chile Vamos para evaluar el sistema en 2021 por una comisión de expertos, o cómo se llevará a cabo el traspaso de los inmuebles desde los municipios hasta los SLE.

Entrando o no en vigencia el próximo año, la implementación de la ley acordada por la derecha y el gobierno mostrará rápidamente sus deficiencias, no sólo por no corresponder a las demandas solicitadas por los movimientos sociales, sino además por perpetuar la tercerización laboral en los trabajadores de la educación, además de seguir otorgándole el poder a los municipios y sus alcaldes en las inversiones y gastos en educación, situación que actualmente está llevando a la mayor crisis en el sistema educativo, por el no pago de los municipios de los salarios y derechos de los trabajadores de la educación.