Según el centro de investigación periodística, muchas de las donaciones se producen justamente cuando hay episodios de contaminación o cuando los Municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental para autorizar el inicio de las faenas. Además, que pueden obtener beneficios tributarios.

Y que la sospecha no es forzosa: la propia Contraloría dictaminó en 2010 que deben abstenerse de recibir donaciones de privados que comprometan su imparcialidad.

Sobre 41 municipios del norte, centro y sur que Ciper investigó, 22 admitieron haber recibido donaciones mientras debía pronunciarse ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) siendo claves para determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal o si presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Denunció esta investigación que “la lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millones; Salamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas)”. Y significativamente agregan que “municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar”.

Y que el total nacional supera los $44 mil millones.