Aunque intente ocultarlo, la desaparición de Santiago Maldonado sigue generando roces y amenazas de crisis en el gabinete de Mauricio Macri. No es que haya ministros que abandonen la política más general que intenta rescatar a la Gendarmería como fuerza ante un hecho que lo tiene en el ojo de la tormenta.
Pero la forma de abordar la crisis política desatada por la desaparición forzada genera tensiones que son ventiladas a través de uno de los medios que más ha seguido el libreto oficial en el caso. Según divulgó hoy el diario La Nación, en una nota de Hugo Alconada Mon titulada “Caso Maldonado: el Gobierno frenó una misión de la ONU”, en las últimas semanas un hecho dividió a pesos pesados del gobierno. “Un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido”.
La llegada de los expertos ya había aprobada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, “quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles”, asegura La Nación.
En base a fuentes oficiales y quienes participaron de las negociaciones, reconstruye las seis reuniones que se realizaron para concretar el acuerdo. El mismo había sido apoyado por la familia Maldonado en un petitorio de varios puntos que presentó al gobierno.
El representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, participó de esas reuniones y además viajó dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, sin suerte.
Para Garavano, la utilidad de la misión de la ONU estaría en mostrar interés en la investigación y evitar críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado argentino está observado por la desaparición de Iván Torres.
Según La Nación, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj fue uno de los hombres que minó la llegada de la misión, así como los funcionarios de Cancillería.
Más allá de las intenciones de cada ala, los roces y amenazas de crisis solo ponen en evidencia la dificultad del Estado para evadir sus responsabilidades en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. | 
