Días atrás, el periódico El País de España -que tuvo acceso a documentos de la entidad financiera- reveló que la constructora brasileña pagó US$900 mil en la Banca Privada de Andorra (BPA) a Miguel Atala Herrera, vicepresidente de la petrolera estatal entre 2008 y 2011, durante el gobierno aprista de Alan García.
La participación de funcionarios peruanos en los fraudes conspirados con la compañía carioca, acrecienta en pruebas y hechos, sin importar la bandera política que acostumbren a izar. Según el medio europeo, Petroperú firmó (2011) un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de US$3.000 millones para la producción de polietileno (plástico); con el objetivo de abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
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Para los investigadores, los datos bancarios indican que la BPA ha sido activa e importante para muchos de los negociados de Odebrecht. A su vez, la fiscalía identificó en este paraíso fiscal la transferencia que la empresa hizo por el Metro de Lima, una obra emblemática del segundo gobierno aprista que significó millones de dólares robados a los trabajadores y al pueblo peruano.
La crisis abierta en el 2008, el 10% del PBI mundial desperdiciado en los paraísos fiscales, las cuentas offshore, el control absoluto de los recursos naturales y el constante soborno y complicidad de los funcionarios del Estado burgués, reflejan una vez más, que es un problema completamente internacional el que tiene la clase trabajadora.
El abanico de negociados y coimas que extendió Odebrecht a lo largo y ancho de la región, da cuenta que el problema no se halla en el honor de tal o cual funcionario para no corromperse, sino en una táctica natural dentro de un sistema productivo que vive a costa de la mayoría. | 
