El caso que tuvo lugar en Copiapó sobre una mujer y un médico que fueron liberados de sus cargos por la realización de un aborto que se encontraba dentro de las tres causales, marcó un hito en el desarrollo de la despenalización del aborto, al cristalizar este cambio legislativo en un caso concreto.

Sin embargo, en términos prácticos no se encuentran vigentes aún las normas técnicas y reglamentos necesarios para que los recintos de salud puedan llevar a cabo el procedimiento. Lo que significa que ningún centro prestador de salud cuenta hoy con indicaciones estandarizadas de cómo llevar el proceso de un aborto, ni con la obligación de realizarlo. Simplemente, en términos prácticos, el aborto en tres causales se desarrolla en una esfera legal, donde no se puede penalizar a una mujer o al personal profesional que realice un aborto dentro de las causales en cuestión, pero no asegura la atención de las mujeres que lo requieran.

Se establecen tres meses de plazo desde la publicación de la normativa para la realización de los reglamentos, por mientras, el gobierno asegura en voz de la Ministra de Salud que: “se analizará cada caso” evaluando como responder ante una situación que no se encuentra regulada por el sistema.

La legislación apresurada de este proyecto de la Nueva Mayoría, se evidencia como uno de los tantos intentos del gobierno por repuntar en su aprobación con el fin de dejar el camino pavimentado para estas elecciones presidenciales, dejando en segundo plano la necesidad de asegurar de manera expedita un derecho tan mínimo como el aborto en tres causales dilatando el garantizar su realización de manera segura y en hospitales públicos.