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La Izquierda Diario
26 de septiembre de 2017 Twitter Faceboock

Pueblos Originarios
Ley de tierras: “Si no se prorroga, vamos a tener desalojos, zona liberada y masacres”
Florencia Sciutti | @FlorSciutti
Luigi Morris | @LuigiWMorris

La Izquierda Diario entrevistó a referentes de las comunidades originarias. La lucha por la prórroga de la Ley 26.160, la recuperación de sus tierras ancestrales y la desaparición de Santiago Maldonado.

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En el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto luego del operativo represivo realizado por Gendarmería nacional en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen y de la lucha de las comunidades indígenas porque se prorrogue la Ley 26.160, LID dialogó con Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya (Jujuy) y Walter Barraza, camache de la comunidad tonokote (Santiago del Estero). Aquí sus principales definiciones.

¿Por qué creen que los senadores, tanto oficialistas como opositores, se negaron a tratar la prórroga de la ley de tierras (26.160)?

Néstor Jerez: Nos hemos hecho presente en el Congreso de la Nación y hemos visto que una vez más los legisladores nacionales no han acompañado la propuesta de la nueva prórroga. Sólo once legisladores han acompañado la propuesta de la nueva prórroga con la plena conciencia de lo que implica si está ley no se prorroga, sabemos que vamos a tener lanzamiento de desalojo, zona liberada y masacres en nuestras comunidades.

Dos mil comunidades en la República Argentina, corren ese riesgo a partir del 23 noviembre de 2017. También vemos que hay un motivo del por qué la mayoría de los legisladores no están acompañando, tiene que ver con los intereses que representan, sabemos y somos conscientes que hay en juego intereses.

En este caso, los grandes terratenientes y empresarios, están también del otro lado forzando a qué esta ley se caiga. Porque lo que quieren es apropiarse de nuestro territorio, del cual somos poseedores ancestrales, y también de nuestros recursos naturales. Para eso necesitan desalojarnos.

Quieren apropiarse de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales. Para eso necesitan desalojarnos.

Walter Barraza: Yo creo que los intereses económicos atraviesan tanto la justicia como al poder político. Entonces esos intereses quieren frenar que no se vuelva a prorrogar la ley porque bueno si, obviamente, vienen por los recursos naturales de nuestros territorios desconociendo lo que dice la Constitución.

Nuestros mayores han logrado legislar que se nos reconozcan como pueblos indígenas pre existentes al Estado y que se reconozca nuestro idioma y nuestra cosmovisión que es distinta a la de la cultura de lo occidental.

Asi que puntalmente vienen por eso, la mafia que tiene una ambición desmedida de lo económico, mira a la tierra, ellos dicen tierra nosotros decimos territorio, desde una mirada económica. A partir de ahí, sabemos que ese es el motivo fundamental por los cuales muchos están presionados, tanto el Gobierno como los legisladores porque muchos responden a grandes terratenientes en sus provincias.

NJ: También es importante destacar que lo que están queriendo generar estos poderes económicos es una inseguridad jurídica. También destacar que esta ley nacional de orden público 26.160 ha sido aprobada en el 2006.

En el 2009, ha tenido una prórroga a través de la ley 26.554 y en el 2013 una nueva prórroga a través de la ley 26894 que es la cual vence el 23 de noviembre de 2017. Por esto también es importante saber que dice esta ley que es hoy nuestra herramienta legal para poder defendernos de los desalojos.

Por un lado ordena delimitar y relevar, todas las comunidades indígenas preexistentes de la república Argentina, como a su vez también ordena suspender todos los actos administrativos judiciales que tenga por objeto el desalojo.

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¿Qué establece la ley de servidumbre del Gobierno de Gerardo Morales?

NJ: En la provincia de Jujuy también vemos esa contradicción del Gobierno provincial, por un lado pregona la Pachamama pero por otro lado vemos que no hay una voluntad política de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Por ejemplo, en 2016 se ha aprobado la ley 5915 de servidumbre que tiene que ver no sólo con el electroducto sino que también van por el gasoducto, oleoducto y acuaducto. Y partiendo desde la base de que han hecho una ley donde nos han incorporado a nosotros y no nos han consultado, han vulnerado el derecho a la consulta previa libre informada que está contemplada en el convenio 169 de la OIT, que Argentina lo ratifica a través de la ley 24071.

Y viendo como está hecha esta ley vemos que es inconstitucional en la mayoría de sus artículos. Por poner un ejemplo, en un artículo hace mención a que únicamente las comunidades reconocidas con título tienen derecho a reclamar. Sabiendo que en Jujuy el 90% de las comunidades indígenas hoy no tenemos título y la Constitución Nacional nos reconoce, a los pueblos indígenas, como preexistentes.

Ahí entonces ya estamos viendo una vulneración de derechos constitucionales que lo tienen incorporado en esta ley. Y estamos viendo que todo va cerrando. Es un negocio lo que están organizando con nuestro territorio y recursos naturales, y para eso van generando esta ley que es también una ley de despojo. Porque también te habla de ir por el espacio que necesiten ellos, supuestamente si un emprendedor necesita hacer un proyecto tenes que ceder el espacio que ellos consideren, no te ponen ningún tipo de limitación y eso también es otro punto que va en contra de lo que dice el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que la propiedad comunitaria es inajenable, intransferible e inembargable.

Así que tenemos muchos artículos en esta ley que son inconstitucionales y que vemos que es una ley mentirosa, inconstitucional, de negocios, de desalojo a las comunidades indígenas. Por eso el 7 de diciembre de 2016 el 99% de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy hemos dicho queremos la derogación en una audiencia pública que ha convocado el Gobierno de la provincia y a pesar de eso, hace oídos sordos y hasta ahora avanza con esta ley que es de desalojo.

El Gobierno de la provincia hace oídos sordos y hasta ahora avanza con esta ley que es de desalojo.

¿Se cumple la ley de bosques nativos en Santiago del Estero?

No se cumple la ley que protege a los bosques nativos, además cada cuatro años esa ley se modifica y en nuestro caso no hemos sido consultados. Donde exige esa ley que tiene que ser consultado si hay comunidades indígenas organizadas.

La cuestión de estas estrategias que hacen a nivel provincial siempre tienen el mismo fin: los recursos naturales y la ambición desmedida de los empresarios de tener cada vez más. Son gente que no, su conciencia no sé para adonde apunta, no tiene nada que ver con nuestra forma de ver el territorio. Nosotros vivimos en el territorio y somos parte del territorio.

Hoy por hoy, con esto de que tanto se habla del calentamiento global, de las cuestiones que se generan por la tala indiscriminada y por la minería a cielo abierto, estamos siendo las comunidades indígenas los únicos que protegemos de una forma natural.

Estamos siendo las comunidades indígenas los únicos que protegemos de una forma natural.

NJ: Por ejemplo, si uds ven que sacan un monte nativo e implantan un bosque exótico como puede ser el pino y el eucalipto. Debilitan la tierra, provocan los corrimientos, absorbe mucha agua, provoca sequía y la resina que tira te mata todos los montes nativos. A eso nos referimos nosotros cuando decimos que están haciendo una ley de negocios y de destrucción a nuestra madre tierra.

¿Por qué los sucesivos Gobiernos han hecho oídos sordos a los reclamos históricos de las comunidades?

NJ: A nivel nacional seguramente que los pueblos indígenas no hemos estado del todo bien pero con este nuevo Gobierno se profundiza claramente las medidas contra el pueblo indígena y vemos que hay intención directamente de hacernos desaparecer. Porque por ejemplo existe un organismo del Estado que debe garantizar la política indígena como es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que ha sido creado por una ley nacional 23.302 y que debe también garantizar el fortalecimiento jurídico y la ayuda jurídica en defensa del territorio de las demandas judiciales que tengan las comunidades indígenas. Hoy a partir de este Gobierno, no lo tenemos.

WB: En cuanto a la responsabilidad que se tiene a nivel nacional el INAI fue vaciado en esta nueva gestión y solo tiene presupuesto para pagar sueldos y viáticos de los técnicos que viajan a las comunidades.

No es casualidad que un instituto que tiene alcance nacional y el único que tiene el Gobierno Nacional no tenga presupuesto. Es una decisión política, nadie puede hacer algo si no tiene presupuesto para hacerlo. Porque vos podes tener voluntad, hablar, decir pero después cuando tenes que trasladar eso a los territorios eso significa recursos.

Y en cuanto a todos los partidos políticos que han administrado el Estado de lo que hoy se llama Argentina estos 200 años tienen deuda con con nosotros. Si hablamos de algo muy grave, las organizaciones de derechos humanos, los partidos progresistas, tienen muy en cuenta que son avasallamientos a los derechos humanos, nosotros ya en el gobierno de Avellaneda, si no me equivoco en el 27 hubo un genocidio en la provincia de Chaco. Y después en el año 47 en el segundo Gobierno de Perón hubo una masacre también con el pueblo de Pilagá.

Así que si tenemos que hablar de avasallamientos de los derechos humanos, lamentablemente desde la llegada del español, al cual nos hicieron creer que Colón era bueno hasta hace siete años cuando se festejaba la llegada de Colón a este continente, desde ese momento hasta ahora todos tienen deudas con nosotros

NJ: Nosotros casualmente hemos tenido la posibilidad de acompañar al hermano Félix Díaz de la comunidad La Primavera cuando tenía estos atropellos, estos conflictos por intento de desalojo, hemos estado con la comunidad presentes y hemos visto la realidad de los hermanos del pueblo qom en donde sabemos que no solo la comunidad La Primavera, sino las dos mil comunidades de la república Argentina, tenemos una vulneración de derechos, atropellos y amenazas permanentes de desalojo, en donde lo que vemos que es importante visualizar, la problemática que tenemos todos los pueblos indígenas de la república Argentina y desde ahí garantizar los derechos del pueblo indígena que hasta aquí no podemos lograr como decía hace un rato, ni con el gobierno anterior ni con este.

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¿Quiénes son los usurpadores de las tierras en Jujuy y Santiago del Estero?

NJ: Tenemos la presencia de usurpadores como grandes elites del poder económico dominante como los Álvarez Prado, los Blaquier, los Bárcenas, entre otros que hoy vemos que hay una vinculación con el Gobierno nacional y provincial.
Para poner un ejemplo, hace poco, en la comunidad del pueblo tilián, casualmente el terrateniente Bárcena ha matado a nueve animales vacunos a tiros y ha amenazado de muerte a la comunidad delante de la policía, sin embargo la Justicia no actúa.

En mi caso, porque casualmente sabemos que hay una relación entre la familia Bárcena y el gobernador Gerardo Morales. En mi caso, el 18 de agosto pasado, regresando al territorio por nuestro camino ancestral también soy interceptado y amenazado de muerte. No sólo amenazado sino que atropellado y con intento de homicidio, ya que no sería amenaza cuando te tiran la camioneta encima creo que ya no se llama amenaza. Y gritándote que “te vamos a cagar matando indio mapuche hijo de puta, te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado”.
Vemos que con esa prepotencia actúan los terratenientes porque en este caso decimos, tenemos ahí a Ariel Amaranto quien desde el 2010 viene ya amenazando de muerte con armas de fuego a la comunidad.

“Te vamos a cagar matando indio mapuche hijo de puta, te vamos a hacer desaparecer como a Santiago Maldonado”

WB: La lógica que aparece en Santiago del Estero es el alambre. Vienen, alambran, privados ponen una carpa, arman un campamento, ponen un encargado y si está todo tranquilo y no hay resistencia de parte de la comunidad, si es un territorio de una comunidad indígena, avanzan con el alambre y con la tala.

Por dar un ejemplo, Bernasconi, que es un empresario que tiene oficinas en la Av. Del Libertador, muy cerca del INADI, estamos en un litigio con él por 1400 hectáreas de una comunidad Sacha Miski, del departamento de Avellaneda allá en Santiago. El usurpador este llega a la comunidad con un proyecto de bosques de la Provincia que es financiado por la ley de protección de bosques. Estas contradicciones son habituales.

En el caso nuestro vienen por la tala, en el caso del norte de Santiago del Estero donde llueve un poco más avanza la frontera con la soja. Donde lamentablemente ya hay niños que han nacidos con problemas de deformaciones por la fumigación.

Por dar otro ejemplo grave, que pasó hace algunos meses atrás, la empresa de gaseosas Manaos ha herido de bala, incendiado un galpón, un vehículo de la comunidad en Río Hondo.

¿Cómo repercutió en las comunidades la desaparición forzada de Santiago Maldonado?

NJ: Nosotros también estamos preocupados y también le preguntamos a la justicia: ¿Dónde está Santiago Maldonado? Porque también tenemos que decir que Santiago Maldonado ha estado acompañando la lucha del pueblo mapuche, lucha legítima en defensa del territorio y ahí es donde ha sufrido esta desaparición forzosa. Y también tenemos que decir que la lucha del pueblo mapuche es la lucha de todos los pueblos indígenas nada más que cada pueblo de acuerdo con su cosmovisión y su realidad territorial lleva adelante la defensa del territorio

WB: Nosotros celebramos que en un principio Santiago Maldonado haya estado acompañando a los hermanos mapuches en el sur en defensa del territorio porque él no solo lo estaba haciendo con el pueblo mapuche, sino que estaba acompañando, siendo solidario con una causa que va desde Tierra del Fuego hasta el norte de Salta, de las 40 naciones que estamos hoy en la Argentina y nuestros 16 idiomas que todavía se mantienen. Así que gente como Santiago Maldonado, obviamente que cuando hablamos de interculturalidad o de vivir en armonía estamos hablando de eso, no hace falta ser indígena para poder ser solidario, ser parte de la causa y hacer el aporte que cada uno pueda hacer.

Entonces por ese lado reivindicamos a Santiago Maldonado, también Javier “chocobaro” en el 2009 fue muerto por terratenientes, porque Ferreyra y Galván en el 2011 en Santiago del Estero fueron muertos por terratenientes, defendiendo el territorio. Y si vamos mucho más atrás, a todos nuestros líderes: Bartolina Sisa, Tupac Amaru. Entonces cada uno que hoy nos proponemos sumarnos a la causa somos uno más de ellos porque ellos han marcado camino y nosotros somos consecuentes con eso.

¿Dónde está Santiago Maldonado?

¿Cuáles son sus reclamos actuales?

NJ: Ahora nosotros urgente necesitamos que se prorrogue una nueva ley para suspender los desalojos. Como sabemos que ya se vence la ley 26.160 necesitamos una nueva prórroga urgente por los atropellos y la vulneración de derechos que se profundizan en los territorios.

Lo que también necesitamos es una ley de propiedad comunitaria indígena, que casualmente como sabemos está reconocida en la Constitución Nacional a través del artículo 75 inciso 17 del 94 nuestra preexistencia étnica y cultural, como también está reconocida la posesión de la propiedad comunitaria indígena.

En el 2015 se vuelve a retomar con la propiedad comunitaria indígena, tampoco ha avanzado en el congreso, así que vemos que esa es la cuestión de fondo que nosotros necesitamos y que están dadas las condiciones a través del marco jurídico que ya está reconocido y que únicamente falta voluntad política de los gobiernos de turno, de los legisladores, de tratarlo y aprobarlo para reconocer nuestro territorio comunitario. También seguramente que falta que se aplique la educación interculturalberlingue, como la contempla la ley nacional 26.206 e incluso en la provincia de Jujuy la ley 5807 que se aprobó en 2013 también incorpora la educación pluricultural bilingüe, eso hoy no se traduce todavía en las escuelas, en todos los niveles educativos como marca la ley que es esto, reconocer la otra cultura.

Así como está el docente con este sistema convencional también están nuestros maestros indígenas enseñando nuestra propia educación la cual la han invisibilizado y hoy tenemos nuestros idóneos, nuestros sabios, nuestros conocedores, tienen que transmitir y está contemplado por la ley dentro del nivel educativo lo que es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros yuyos medicinales, nuestros actos milenarios, como así también se debe contemplar también una ley que reconozca nuestra medicina ancestral tradicional, como así también hoy reconoce la medicina convencional.

WB: En el poder legislativo obviamente, que se prorrogue la ley 26.160 que quede como permanente. Que se vote la ley de propiedad comunitaria, se reglamente el convenio 169, que se ponga en práctica la ley de educación intercultural bilingüe. En cuanto al poder judicial, necesitamos que los jueces dejen de mirar para otro lado y no solamente para el poderoso y dejen de ser cómplices con los terratenientes y usurpadores que vienen a nuestras comunidades y pongan en práctica toda la legislación que hay vigente porque muchas veces no se pone en práctica. Inclusive hoy, en Santiago del Estero tenemos orden de desalojo firme y hay una ley que para los desalojos, entonces ¿Cómo hacemos? Cada juez interpreta como quiere. Se supone que la justicia es ciega con la balancita esa, pero bueno evidentemente como nos toca a nosotros, eso no ocurre.

Que se prorrogue la ley 26.160 y se vote la ley de propiedad comunitaria

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¿Cuáles son los próximos pasos en la pelea por la prórroga de la ley 26.160?

NJ: Ya hemos llevado adelante presentaciones formales a los legisladores en el Congreso de la Nación, donde ya hemos visto que por tercera vez se ha suspendido y según la información que nos pasan hay una preferencia de que se va a tratar en esta sesión extraordinaria del 27/09 lo cual nosotros estamos volviendo para el territorio, para informar a las autoridades de las comunidades, y en función de eso llevarlos nuevamente al Congreso en forma pacífica como así también hacer llegar todas las notas, presentaciones y pedidos a los legisladores, que hoy vemos que los principales que se resisten, tenemos al senador Pinedo, el senador Pichetto y Ángel Rosas, que tienen poder de decisión ahí en el senado y son los principales responsables de este freno a al avance de la nueva prórroga, a quienes también les decimos que los responsabilizamos de la complicidad que ellos tengan con estos poderes económicos, y del daño que nosotros padezcamos si esta ley no se renueva, no se prorroga porque decimos, sabemos que al día siguiente vamos a tener lanzamientos de desalojos, de zonas liberadas y masacre en nuestros territorios, en las 2000 comunidades de la república Argentina.

WB: Y nosotros bueno, definiremos estrategias de acá al 27 en los territorios de cuáles son las acciones directas que vamos a tomar sobre esta situación porque mientras vemos que la quieren dilatar para después de las elecciones y creemos que después de las elecciones va a haber muy pocas posibilidades de que esta ley se prorrogue. Entendemos que el Senado hace un freno después de las elecciones y el día después el 22/12 empieza a votar leyes en 48hs seguidas, sabemos cómo funciona esto, entonces creemos que tiene que ser ahora el 27 o después vamos a tener muy pocas posibilidades de que eso suceda.

Que los pueblos indígenas sepamos quienes nos acompañan y quienes nos dan la espalda.

NJ: Lo que sí pedimos también a los legisladores que nos han acompañado en la sesión anterior la aprobación en tratamiento de la nueva prórroga, que lo hagan, porque sino nosotros vamos a considerarlos traidores a los pueblos indígenas y también vamos a cada uno de los que no apoyen nosotros mismos hacerlo público para que la sociedad y los pueblos indígenas sepamos quienes nos acompañan y quienes nos dan la espalda.

 
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