El Senado aprobó este miércoles el proyecto por el que se prorroga por cuatro años la ley 26.160, con el objeto de evitar los desalojos de las comunidades de pueblos originarios de las tierras que ocupan de manera ancestral.
Las pretensiones del gobierno nacional apuntaban a una prorroga por un plazo menor de dos años y medio.
Durante el día se movilizaron comunidades originarias junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y de izquierda. Asimismo, representantes de cuarenta pueblos originarios acamparon en las inmediaciones del Congreso demandando la aprobación de la norma.
Te puede interesar: Comunidades originarias marchan y acampan frente a Congreso exigen prórroga de ley de tierras
La ley vigente tiene fecha de vencimiento el 23 de noviembre de este año. Ahora, el proyecto de ley pasó a Diputados, que deberá darle sanción definitiva o devolverlo con modificaciones a la cámara alta. En el Senado la iniciativa fue aprobada en general por unanimidad, con 62 votos afirmativos.
La ley tiene una vigencia de 11 años. La suspensión de los desalojos fue establecida para cumplimentar el relevamiento catastral que ya debió haber terminado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Pero recientemente, la ley de tierras tomó gran relevancia con la desaparición forzada de Santiago Maldonado tras la represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional durante una protesta mapuche en la provincia de Chubut.
Cruces durante el debate
La crisis producida por la desaparición de Maldonado se evidenció en las exposiciones en la cámara alta.
La senadora del PJ-La Pampa Norma Durango, impulsora de la propuesta, apuntó que la precaria situación de la tenencia de tierra por parte de los pueblos originarios "amerita" la referida prórroga e indicó que se trata de "un proyecto imperativo de derechos humanos", porque "es la obligación del Estado reconocer la propiedad de los territorios a los comunidades ancestrales".
Durango explicó que en la actualidad "hay 600 mil personas" que se identifican como descendientes de "los pueblos indígenas, distribuidas en todas las provincias de nuestro país" y que "muchas todavía no fueron relevadas". También recordó que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional "reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos", así como la "posesión de las tierras que ocupan y que ninguna de ellas será enajenable". Por último, expresó preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado.
Por su parte, la presidente de la comisión especial de Asuntos indígenas, Magdalena Odarda, señaló que se trata "de un proyecto de vital importancia para todos los pueblos indígenas de la República Argentina", remarcó que las definiciones en materia de derechos esos pueblos previstos en la reforma constitucional del año 94 todavía no se han concretados.
Odarda agregó que los derechos de las comunidades originarias está fundado, además de la Constitución, en convenios internacionales como el 169 de la de la OIT que defiende "el derecho a la consulta libre, previa y formada" de esos grupos étnicos, y advirtió que "todavía hay mil comunidades que no han culminado el proceso de relevamiento y que pueden ser despojados de sus territorios".
Luis Naidenoff, un radical formoseño, tierras donde el ataque a los pueblos originarios es moneda corriente, adelantó que su bancada va "a acompañar la prórroga" en respeto a los derechos de "las comunidades que son parte de la vida de nuestras sociedades" y "ante la inminencia de posibles decisiones administrativas y judiciales que pueden terminar en desalojo", pero reflexionó que, si se cumplen "once años de la sanción de la ley", eso indica que no se han "hecho las cosas bien".
Luego, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti alertó sobre la intención del Gobierno de crear una enemigo interno. Además, advirtió que se busca "la criminalización con el solo efecto de avanzar con la extranjerización de tierras" y remarcó que "la única violencia que existe es la institucional, instaurada desde el Ministerio de Seguridad, que aún hoy está conducido por la ministra (Patricia) Bullrich". El kirchnerismo parece atravesado de amnesia cuando se trata de recordar el trato dado a los Qom en Formosa. Fernández Sagasti recordó que "Seguimos preguntando ¿dónde está Santiago Maldonado?".
La macrista Laura Rodríguez Machado respondió que "Cambiemos no está buscando crear enemigos a los cuales enfrentar", afirmó que esa no es la "forma de hacer política" que tiene la coalición gobernante. Rodríguez Machado se explayó como si el gobierno que defiende no fuera el mismo que intentó desviar la investigación negando la desaparición forzada de Santiago Maldonado y estigmatizando a la comunidad mapuche para encubrir la acción de Gendarmería.
El dasnevista Alfredo Luenzo sostuvo que "a la provincia de Chubut hay que pacificarla", tras indicar que "en las aulas donde niños mapuches compartían clases con hijos de gendarmes, se están viviendo situaciones extremadamente difíciles".
Asimismo, defendió la idea de establecer "un marco jurídico territorial a favor de los pueblos originarios", pero habló de la existencia de sectores, que no identificó, que "han avanzado con intereses que nada tienen que ver con los pueblos originarios".
El gobierno chubutense, que dirige Mario Das Neves, es parte del entramado de estigmatización y violencia contra el pueblo mapuche que terminó en la desaparición de Santiango Maldonado. Los "intereses que nada tienen que ver con los pueblos originarios" son los de los Benetton y los grandes terratenientes protegidos por los gobiernos.
Mientras tanto, el señador porteño por Proyecto Sur Fernando Pino Solanas defendió la "entrega de las tierras a sus verdaderos dueños", que son los pueblos indígenas, y denunció: "No queremos más campañas amarrillas, con comunicadores pintados de amarillo para desinformar y plantar campañas en contra de los pueblos originarios", y también mencionó "la desaparición del ciudadano Santiago Maldonado".
Al cierre, el jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Pichetto, destilando su habitual sensibilidad de derecha, opinó que no puede haber "tierra sagrada en la Argentina que no esté en jurisdicción de las autoridades, la Justicia, y donde no pueden ingresar las fuerzas de seguridad argentinas", y afirmó que "no se puede tolerar a grupos violentos" que en su provincia, Río Negro, "han quemado edificios que eran refugios para caminantes". De la violencia estatal y la Gendarmería el senador Pichetto prefirió no hablar, aunque se cuido de hacer alusión a "la necesidad de saber la verdad de lo que pasó con Maldonado".
Evidentemente, la crisis política todavía abierta generada por la desaparición de Santiago Maldonado combinada por la movilización de los pueblos originarios obligó hasta al oficialismo y a muchos personajes oscuros del Senado a votar la prórroga.
Es preciso señala que los diversos ataques que reciben las comunidades originarias, en pos de beneficiar a terratenientes y empresarios, tampoco se detienen aún con la vigencia de esta ley.
Sobran ejemplos. En Formosa Agustín Santillán sigue preso por defender a su comunidad wichí. En el sur argentino el entramado político que beneficia a terratenientes como Benetton implica atacar los derechos del pueblo mapuche, entre otros.
Sin embargo, si se no extiende esta ley con la votación en Diputados, quedarían totalmente bajo un desamparado jurídico muchas comunidades. Por eso, los referentes de las comunidades kolla, mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes, exigen su prórroga.
Te puede interesar:“El problema que tienen es que vendieron la tierra con los indios adentro” | 
