La cresta de la ola de crisis política y social que surgió con el sismo de septiembre parece entrar en reflujo. Una ola que podría crecer como tsunami social y que golpeó fuertemente los farallones del aparato estatal, dejó un mar agitado en la sociedad, pero aceptable para la navegación del aparato estatal.
Para ello, el gobierno inició una operación política -como parte de una estrategia de legitimación y defensa de las áreas naturales de intervención estatal-, que empezó con el desplazamiento gradual y cuidadoso de los miles que tomaron las calles y los espacios al volcarse a las tareas de rescate, iniciando espontáneamente islas de organización independiente.
Y es que el fantasma de la auto-organización de masas durante el gobierno de la Madrid -que era un gobierno relativamente fuerte-, está presente en la memoria del deslegitimado gobierno de Peña Nieto.
A ocho meses de las elecciones presidenciales que definirán el control del gobierno (y los grandes negocios con los empresarios), y en un contexto de mucho descontento que podría radicalizarse entre más se acerquen los comicios, el gobierno tuvo que actuar con cierta “audacia” y recuperar el protagonismo perdido ante el actuar espontáneo de esa juventud que se volcó solidariamente a las calles.
Ya no se ven “topos” buscando en los escombros, ni cadenas humanas con cubetas llenas de escombros, ni filas de hombres y mujeres con picos y palas al hombro –semejando ejércitos de obreros adolescentes– esperando turno para entrar a las labores de rescate, ni los grupos de gente que llegaban con comida para todos los que estábamos en las áreas de desastre.
Al mismo tiempo, la televisión empezó destacar la presencia “valiosa y organizada” de la Marina, la Policía Federal y la del gobierno de la ciudad, además de las declaraciones de Peña Nieto en los medios y las entrevistas a los funcionarios del gabinete, que tratan de dar la imagen de un gobierno bien ubicado y con reflejos ante el desastre.
La tele no para de ensalzar la figura del soldado que lloró cuando rescato el cuerpo de una niña, con lo cual los medios destacan el lado “sensible” y “humano “de los integrantes del ejército. A la vez que propagandizan la idea de que militares, autoridades, empresarios y la “población civil”, son uno solo. Y más en este momento de necesaria “unidad nacional”.
Quieren hacer que quede atrás Ayotzinapa y los “43” que dio origen al “¡fue el Estado!”, las fosas clandestinas con miles de desaparecidos, la corrupción del gabinete empezando por la “Casa Blanca” de la pareja presidencial y la corrupción en Pemex en el caso Odebrecht.
Completando este escenario propagandístico, aparecieron los empresarios dando fe de su “compromiso humanitario” con la población afectada, y donando cascos, picos y palas para los rescatistas. Este altruismo empresarial y de la banca -resaltado constantemente por el gobierno y los medios-, es la base para anunciar posteriormente los planes de créditos para la construcción, cuyas obras estarán a cargo de sus grandes constructoras
De esta manera, el régimen de la alternancia (responsable en gran parte de alcance de la tragedia) y la clase dominante, parecen haber evitado de momento que la crisis se potenciara abriendo una situación pre revolucionaria.
Sin embargo, la ausencia de la clase trabajadora -organizada como tal- movilizándose junto a los sectores damnificados por el sismo, le está dando un respiro al gobierno, pero que no puede traducirse en avance estratégico.
Una situación indefinida entre las clases
Montar una escenografía del gobierno y sus planes de ayuda a los damnificados, no cambia la realidad ni fortalece a Peña Nieto. No solamente es la destrucción de las viviendas, sino un malestar concentrado más en el resto de la población impactada por derrumbes.
Pronto se desnudará el carácter tramposo del gobierno y la voracidad capitalista de los negocios de la reconstrucción, donde los paliativos de ayuda para renta o para reconstrucción (120 mil pesos para una casa en Chiapas y Oaxaca), puede transformar el descontento en movilización. Y donde, cobrarle créditos a los que perdieron todo (con un devaluación al alza de la moneda), con la gente durmiendo en los albergues o a la intemperie, y lo limitado de las medidas anunciadas por Peña Nieto, pueden ser una palanca de la movilización popular.
El anuncio del PRI de renunciar a sus prerrogativas electorales para donarlas a los damnificados, quedó evidenciada como una maniobra.
Encima, está el drama de los municipios más afectados en varios estados del país, donde existe abandono de parte de los tres niveles de gobierno. Este descontento abarcaría también a Mancera y a PRD, pues aparecen muy pegados a la política de Peña Nieto, y además, son en gran parte responsables de los permisos –corruptos- de construcción en la capital.
Es un gobierno en crisis que no tiene la fuerza para cortar de tajo ese proceso de auto-organización surgido de manera independiente y espontánea, pero que no por espontáneo cae del cielo. Expresa de manera concentrada el hartazgo social y el cuestionamiento al gobierno, las instituciones y el papel de los partidos políticos del Congreso, así como la inseguridad a nivel nacional cobijada por la complicidad oficial.
Es una situación no definida aún, donde la carrera por la presidencia tenderá a desgastar más al gobierno y su partido, y donde una incipiente irrupción del movimiento obrero y popular puede llevar la crisis actual a niveles difíciles de contener, por los que hasta ahora se favorecen de la ausencia en las calles de las organizaciones sindicales que se reclaman combativas en tiempo de paz. | 
