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Julio de Vido enfrenta hoy la segunda audiencia en el marco del juicio por la masacre de Once, en el Tribunal Oral Federal 4. Se lo acusa por los delitos de “estrago culposo agravado por la muerte de 51 personas y lesiones que sufrieron 789 personas”, el 22 de febrero de 2012. Aquel día los miles de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y estudiantes de los sectores populares que se trasladaban en las formaciones del tren Sarmiento, padecieron un verdadero crimen social.
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Su abogado Maximiliano Rusconi informó que pedirá durante la audiencia la nulidad "absoluta de las imputaciones", ya que considera que "hay razones muy claras y de enorme envergadura por las cuales esas acusaciones no deberían ser sostenidas como pasos válidos en este proceso". El defensor entiende que "no es posible determinar en qué consistió en concreto la participación que se achaca, de manera individualizada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que se atribuye" a De Vido.
De Vido es acusado por los cargos que se le imputan, dado que en aquel momento se desempeñaba como ministro de Planificación. Los ex funcionarios que fueron condenados en el marco del primer juicio por la masacre, los secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, reportaban a De Vido. Entonces, el Tribunal Oral Federal N° 2, que tuvo a su cargo el juicio contra Jaime y Schiavi, ordenó que se investigara lo investigara también, porque entendió que "difícilmente se puede alegar un desconocimiento de las circunstancias que aquí hemos probado", por parte del ex ministro.
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Las circunstancias que se probaron en el primer juicio, determinan que el choque del tren fue causado por una suma de factores vinculados con la falta de inversión para el mantenimiento del Sarmiento. Además, se debió al descuido de la seguridad con que las formaciones hacían su recorrido. En otras palabras, la plata que debía ser destinada para la inversión en el mantenimiento de las formaciones y la red ferroviaria, se destinó a otra cosa. Por esto también fue condenado el dueño de la ex concesionaria TBA Claudio Cirigliano.
El juez Claudio Bonadio fue quien procesó a De Vido por orden del Tribunal. Entonces sostuvo que como ministro de Planificación "tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria, como así también del sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio".
Además "durante su gestión como máxima autoridad del Ministerio de Planificación Federal se posibilitó a ciertas empresas concesionarias el manejo discrecional de los fondos transferidos por el Estado". Debido a esto también enfrenta un juicio oral, el ex titular de la Unidad de Renegociación de Contratos con las concesionarias, Gustavo Simeonoff.
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Por más que la defensa intente hacer "zafar" al ex ministro, es clara su participación como responsable político de este hecho que constituyó un verdadero crimen social contra el pueblo pobre y trabajador. | 
