A principios de este año el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la implementación de una reforma educativa en aquel país que pretende llevar adelante en los próximos 5 a 10 años.

Algunos de los puntos principales del plan son: garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3 años; subir los resultados de las evaluaciones Aprender (Simil del SIMCE); lograr en diez años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria; crear un nuevo sistema nacional de Carrera Docente para el 2021; lograr que el 100% de los directivos y supervisores en ejercicio hayan realizado una actualización de formación específica en liderazgo educativo (esto para el 2021); universalizar el acceso a las tecnologías de la información, logrando el 100% de las escuelas estatales conectadas a Internet para 2021.

Si bien, están las orientaciones generales, no hay claridad de cómo se van a garantizar estas medidas. Por ejemplo, la cobertura desde la sala de 3 años o la deserción escolar, sobre todo cuando el presupuesto de educación de este año disminuyó en comparación al anterior (siguiendo una tendencia de años).

En la Ciudad de Buenos Aires se quiere implementar una reforma educativa en la cual la totalidad de los estudiantes de escuelas públicas deberán realizar pasantías obligatorias el último año, es decir, parte del tiempo escolar a trabajo no remunerado, “prácticas”, dentro de la empresa; cambia el rol del docente quedando desdibujado y a disposición completa de la dirección de las escuelas; se reduce la cantidad de horas de clases magistrales; cambia el sistema de evaluación numérico a uno de acumulación de créditos donde "los profesores y el equipo tutorial" otorgarán los créditos, lo que abre paso a que los mismo empresarios participen de la calificación.

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En Río Negro ya se aplicó una reforma en una parte de las escuelas secundarias a comienzos de este año, en donde se elimina la repitencia de grado y las ayudantías y apoyo de verano y se reemplaza por que en los casos de nota insuficiente, los docentes tendrán de hacerse cargo de cada uno de los estudiantes, mientras se “continúa aprendiendo”. Para el 2018 ya tienen presupuestado aplicar en Neuquén una reforma educativa para la educación Técnico profesional y otra para el Nivel Inicial. La maquinaria de Macri está andando.

En Chile, La reforma de Bachelet no es muy diferente: mantienen y desarrollan educación al servicio de los empresarios, del mercado. La aplicación de la reforma ha traído varios costos: Ley de Inclusión, Carrera Docente, Desmunicipalización y ahora la Reforma universitaria que atenta en contra de la democracia interna de las Universidades estatales.

La ley de Inclusión, que puso fin a la selección y al copago, lo hizo a costa de que el financiamiento, puramente estatal, se vaya directo los sostenedores, beneficiando a la educación privada. La Carrera Docente encasilla a los profesores en niveles según su rendimiento en constantes evaluaciones estándar, condicionando a estos su sueldo. Bajo la misma lógica de mercado, buscando desarrollar la competencia, la gratuidad se otorga a través de becas y créditos, es decir, endeudamiento de por vida.

Por otro lado, la ley de educación superior libera el acceso al endeudamiento institucional, afecta directamente a las condiciones laborales de los funcionarios y a la estructura democrática interna de las universidades estatales.
Si sumamos a todo lo anterior la Desmunicipalización podemos ver el cuadro completo. Realizando un salvataje a los municipios endeudados y un reordenamiento institucional, con la Desmunicipalización se crearán 67 servicios locales a cargo de una Dirección de Educación Municipal, entidad designada por el MINEDUC realizará los contratos de servicio con los sostenedores, que siguen siendo las Municipalidades. La resultante no que vuelvan los colegios al Estado, si no que finalmente agrupa a las comunas para evitar desajustes financieros y administrativos.

No es muy difícil encontrar las similitudes entre las reformas de Argentina y Chile: la reducción de costos y la maximización de ganancias para los empresarios y privados es el corazón de ambas reformas. Bajo la máscara de “educación integral”, el objetivo es que de las escuelas salga mano de obra barata y sin mayores estudios ni posibilidad de desarrollo intelectual, calificada para trabajar en tareas repetitivas y mecánicas.

La implementación de la reforma en Chile, que comenzó con la precarización de las condiciones laborales de los profesores a través de la Carrera Docente, siguió con reformas que atacan directamente a la educación pública, como es la Desmunicipalización.

Evidentemente el desarrollo intelectual, personal y colectivo de las y los estudiantes, especialmente los de sectores oprimidos y explotados no es la prioridad del gobierno, ni de Macri, ni de Bachelet. Ni del próximo gobierno que salga en estas votaciones de noviembre próximo. Las necesidades de las y los estudiantes que padecen todas estas reformas solo son preocupación de estos estudiantes y sus familias, de las trabajadores y trabajadoras que no solo son usuarias del sistema educativo si no de quienes trabajamos en él, por lo que será nuestra fuerza la que imponga estas necesidades.