En 2013 el programa periodístico ADN denunciaba como Carlos Laje, yerno del por entonces gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, a través de una sociedad anónima puesta a nombre de su tío, Marcelo Agustín Laje, le compraba a la provincia unos 200 lotes en Anisacate valuados en 20 millones de pesos, en unos 565 mil pesos, poco más del 2,5 por ciento del valor del mercado.
Más allá de la estafa millonaria llevada adelante por Impetra S.A. en connivencia con los políticos provinciales y municipales de turno, lo que no se dijo en el informe periodístico, es que la tierra venía con gente adentro.
Unas 17 familias que desde el 2009 viven en esos lotes y más allá de las amenazas y acciones intimidatorias que vienen recibiendo y resistiendo desde que Impetra apareció en 2015 a reclamar esas tierras, hoy deben enfrentar la “apretada” más grande por parte del fiscal Emilio Drazile, quien claramente juega a favor de los intereses de la empresa.
Con la mayoría de los vecinos procesados (civil o penalmente), las falsas acusaciones y las causas armadas tienen como fondo un gran negociado inmobiliario en una de las zonas con mayor tránsito turístico de la provincia.
Conversamos con Fidel Borgogno, uno de los vecinos organizados de Villa Río, para que nos cuente sobre la situación que están atravesando.
Contanos un poco sobre cómo viene el conflicto
El conflicto arranca en el 2015, concretamente con la rotura de la vivienda de una vecina en octubre de ese año, cuando Impetra S.A. se presenta y comenzamos a tener “visitas” de topadoras, empiezan a desmalezar y comienzan a hacer apertura de calles, a alambrar los lotes y a hacer acto posesorio. Esto era nuevo para todos, porque nosotros estamos aquí desde mucho antes.
Ahí comienzan los ataques judiciales y las imputaciones. A algunos los demandan por la vía civil y a otros penalmente, por usurpación, que es lo que da pie a esta orden de desalojo.
Entonces la amenaza más inmediata que tienen es esta orden de desalojo
La situación actual, como dice el comunicado, es que hay una orden de desalojo para 5 familias. Si bien es la primera emitida por un fiscal, hemos tenido intentos de desalojos ilegales por parte de la policía, que se ha presentado sin orden, han hecho operativos con más de 50 efectivos, incluso infantería. Han venido jefes policiales a decirnos que no nos podíamos acercar a las casas.
Hemos sufrido allanamientos, inspecciones oculares, hemos estado amedrentados durante meses por matones, gente que nos intimidaba de noche.
Nosotros hace rato que venimos pidiendo que se bajen estas imputaciones penales porque no tienen ningún sustento, la figura que se quiere imponer es la de usurpación y nosotros estamos de mucho antes que la empresa aparezca a querer quedarse con los lotes.
El fiscal actúa de oficio, no hay un juez. Y el fiscal solo ha tomado las pruebas de la empresa, no ha querido recibir las nuestras. Nosotros hemos presionado para que la fiscalía investigue, porque tiene el expediente parado hace años, hemos presentado pruebas testimoniales y nos hemos presentado a las dos mediaciones. La empresa a la última no se presentó, hubo un período de silencio de Impetra, a lo que siguió directamente la orden de desalojo.
¿Cómo se están organizando?
Para enfrentar el desalojo nuestros abogados van a presentar un recurso para tratar de poner un freno legal, y nosotros vamos a hacer una acción en la puerta de la fiscalía. Hemos convocado a los vecinos de la zona y a toda le gente que pueda acercarse, organizaciones y medios de comunicación. Por otro lado también vamos a hacer una acción en la municipalidad y el jueves vamos a hacer una jornada de resistencia de encuentro y de solidaridad en la rotonda Katonga, acá en Villa Río.
¿Qué les dicen desde la municipalidad?
A las autoridades municipales les venimos reclamando porque nunca nos dejaron acceder a la información de los terrenos, nunca nos dejaron pagar los impuestos y por otro lado nos venimos a enterar con el expediente que está en la fiscalía, que uno de los testigos de la empresa, Marioni, que era el poseedor original de este lote, declara que la Municipalidad se quedó con 14 lotes por una deuda que éste tenía. Entonces hay tres partes, Marioni se queda con unos lotes, el intendente Ramón Salazar con otros y Laje, es decir Impetra, se queda con el resto.
La empresa en un momento nos hizo una propuesta de negociación en la que nos pedía 200 mil pesos por lote, una locura, cuando ellos los compraron en esta estafa que hicieron a la provincia a 2500 pesos cada uno.
¿Cuáles serían las vías para que las tierras queden para los vecinos?
Para que las tierras queden para los vecinos hay varias vías, pero de las otras partes no hay intención. Nosotros nos hemos presentado a todas las instancias legales. La empresa, Impetra, tiene 13 hectáreas, nosotros somos 17 familias.
Por otro lado, en el juicio civil, cuando la justicia le pide a Impetra que presente todos los papeles de los lotes, porque los que habían presentado estaban incompletos, se da la “casualidad” que la empresa se retira del juicio civil. Nos quisimos sentar con la empresa y ellos se retiraron.
Otra vía es que la justicia nos reconozca como poseedores de hecho, porque hace muchos años que estamos aquí, pero también al saber que parte de los terrenos son municipales, nos parece que tendría que ser el municipio quien les dé una solución a las familias.
Los que vivimos en estas tierras somos familias, que ya tenemos construidas nuestras casas acá de hace muchos años. No somos violentos, ni estamos armados, ni tiramos piedras como dice la fiscalía para estigmatizarnos. Porque ese ha sido el justificativo para este desalojo, que andamos armados, que le tiramos piedras y le disparamos a uno de los empleados de Impetra que estaba alambrando. Todo eso es mentira.
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