Tras el sismo del 19 de septiembre, el colapso de 51 edificios y los daños en más de 30 mil inmuebles en la Ciudad de México -es decir el 1.15% del total de la capital- ha destapado incontables situaciones de corrupción y descontento.
Ejemplo de ello han sido edificios como los de Álvaro Obregón 286, Chimalpopoca y el Colegio Rébsamen: lugar donde murieron 19 niños y 7 adultos, producto de obras de ampliación que dañaron la estructura; donde se orquestó el engaño del caso "Frida Sofía"; donde la dueña del colegio exigió que se recuperara su auto de entre los escombros y se exhibiera el poco o nulo interés del gobierno en la educación pública.
Los padres de familia han hecho muchas denuncias contra Mónica García Villegas y las autoridades federales que acordonaran la zona y encubrieran situaciones como las antes mencionadas.
El 28 de septiembre la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia penal contra la dueña y contra quienes en 2010 y 2014 eran los directores Generales de Jurídico y Gobierno de Tlalpan (Alejandro Zepeda Godínez y Miguel Ángel Guerrero López), pues explicó que lo que ocasionó el desplome del edificio administrativo del colegio fueron las obras de ampliación.
Desde 2010 el colegio Rébsamen ha sido clausurado y multado por miles de pesos a causa de problemas en la construcción. En febrero pasado el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) dio a conocer que el colegio operaba con un uso de suelo falso. Además el ingeniero que "certificó" la seguridad de los edificios de este colegio sigue trabajando y certificando escuelas en la Ciudad de México.
Este fin de semana la Juez Décima Sexta de Distrito de Amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México le otorgó una suspensión provisional para evitar que sea detenida por el proceso que se abrió en su contra, entre las imputaciones están la presentación de documentos falsos y violación de uso de suelo.
Mónica García también solicitaba que se suspendiera el aseguramiento del inmueble por parte de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX sobre el dictamen en materia de ingeniería que ordenó realizar la delegación, pero fue denegado. No podrá ser detenida hasta que se emita una sentencia en su contra.
La suspensión provisional implica también que las autoridades responsables se abstengan de proporcionar datos confidenciales de la quejosa y tomen las medidas pertinentes para que no sea considerada como delincuente ante los medios de comunicación. Está en marcha la operación "impunidad" para los responsables de la tragedia.
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