El caso se destapó en 2016 tras una denuncia anónima que llegó al despacho del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien tras cotejar una serie de documentos que daban cuenta del fraude que se estaba cometiendo en el área de logística denunció la situación en la fiscalía de Apullán. La investigación que detectó cómo se facturaban y cobraban reparaciones falsas a móviles policiales. incluyen la facturación de reparaciones truchas a vehículos oficiales, así como también reparaciones o compras inexistentes de artículos informáticos, de papelería, de limpieza y raciones alimentarias.
El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, ordenó que el exjefe de la Policía provincial, Rafael Grau, quede en prisión domiciliaria y además deba pagar una fianza de 500 mil pesos. La misma medida fue también para Facundo Testi y para José María Leiva (exjefe del D4 hasta mayo del 2016). Todos imputados en la causa que investiga una serie de defraudaciones al Departamento de Logística de la fuerza ocurridas en enero del 2016.
Pero para su propia defensa, Grau aplió la declaración y sostuvo que nada sabía al respecto y que en todo caso, la contratación del "arrepentido" Testi data de 2010 y que era José Leiva (entonces jefe de la dependencia policial sospechada de hacer los negociados con los arreglos de los patrulleros), "dependía orgánicamente del Subjefe de Policía", es decir el que hoy es el jefe de policía comisario general Amaya.
Recientemente Amaya fue calificado sin rodeos por el ministro de seguridad Máximo Pullaro como "lo mejor que tienen la policía de Santa Fe". Y ciertamente, nadie puede dudar de la veracidad de lo dicho por Pullaro, ya que en la cueva de Alí Babá, son todos ladrones... represores, y/o desaparecedores.
Por lo pronto, la estrategia de Grau es pasar a una contraofensiva amenazando con salpicar mucho más lejos y profundo si no se le encuentra un salvoconducto de impunidad. A su vez, esto pone en jaque la burda y precaria opereta del Patrido Socialista que con las recientes detenciones de Grau "y asociados", busca mostrarse como activos combatientes contra lo que denominan "bolsones" de corrupción y contrarrestar así la avanzada proselitista de Cambiemos que ordenó medio centenar de detenciones policiales con el mero fin de represtigiar a la Gendarmería y seguir acorralando al alicaído Partido Socialista hacia las próximas elecciones.
Lo cierto es que es vox populi que los negociados no sólo abarcan a la institución policial sino que también atraviesan complicidades de personeros de los tres poderes; ejecutivo, legislativo y judicial. En Santa Fé, cada día sale a la luz una nueva muestra de la convivencia entre la policía y las mafias. Porque si algo se demuestra es que no se trata de casos aislados, sino de una institución que regentea el delito con jugosas ganancias. Una Policía que funciona como una verdadera “asociación ilícita” con jueces, fiscales y políticos para proteger sus negocios y enriquecerse.
Mientras tanto, los muertos son de nosotros, y la impunidad siempre es ajena. |