Luego del sismo, Nuño no pudo imponer el regreso a clases con la celeridad que pretendía, como parte de la política del gobierno federal y del conjunto del régimen para volver a la “normalidad”.

Primero anunció que sería el 25 de septiembre, a menos de una semana de la catástrofe. Pero luego, ante los cuestionamientos, tuvo que retroceder y se vio obligado a prometer que ninguna escuela reabriría sin que se dictaminara su seguridad estructural.

Escuelas inseguras

El sismo puso en evidencia lo que los dictámenes no pueden ocultar: que miles de escuelas, a las que acuden los hijos de los trabajadores y del pueblo, no son seguras. Hace décadas que fueron construidas y llevan años sin mantenimiento por la carencia de inversión estatal en materia educativa.

Más aun, muchos edificios escolares, laborales y habitacionales, se convirtieron en trampas mortales para cientos de personas, como sucedió con el Colegio E. Rébsamen. Según cifras oficiales, en la capital del país casi mil escuelas resultaron dañadas en mayor o menor medida, más de 15 mil en todas las entidades afectadas, lo que supone un costo de alrededor de 20 mil millones de pesos para que puedan ser reparadas o reconstruidas, sin que se sepa cuándo.

Los dictámenes, aunque en algunos casos fueron cuestionados, aparentemente conformaron a la mayoría de los maestros y trabajadores de la educación para que volvieran a laborar, así como a los padres de familia que mandaron nuevamente a sus hijos a las escuelas, convencidos o no, pero seguramente presionados por no poder mantenerlos por más tiempo en casa al tener que trabajar.

Pero el temor, la preocupación y los cuestionamientos a los directivos por las condiciones de seguridad de las escuelas, que en algunos lugares se han expresado en protestas y en otros de forma contenida, persisten y no tan fácilmente podrán diluirse.

Menos si regresamos a escuelas con áreas acordonadas por los daños y riesgos, aunque no sean estructurales; si nuestras comunidades siguen devastadas o sin agua potable; o si somos reubicados en otras escuelas ya sobrepobladas; si debemos permanecer meses o años en aulas provisionales instaladas en espacios inapropiados; o si tenemos que volver a trabajar después de haber perdido a algún ser querido o todo nuestro patrimonio, como hay muchos casos.

Esa es la “normalidad” a la que quieren que volvamos, que aceptemos y nos acostumbremos. Lo cual sólo promete que, más temprano que tarde, se repitan nuevos casos como el del Colegio E. Rébsamen, donde murieron decenas de niños, así como varias maestras y trabajadoras de intendencia, que fueron las últimas en salir por resguardar la vida de los pequeños. Mientras, los empresarios y responsables políticos de este crimen están impunes.

¿Quién paga los “platos rotos”?

El gobierno federal pretende que la mayoría de los recursos para la reconstrucción y reparación de las escuelas provenga del programa Escuelas al CIEN, financiado con bonos de deuda pública, que terminará pagando el pueblo trabajador en beneficio de banqueros y especuladores financieros.

Las reparaciones menores que se requieran seguramente tendrán que ser cubiertas por los padres de familia y maestros gracias a la “autonomía de gestión” escolar impuesta por la reforma educativa. Es decir, se busca que sigan haciendo negocio con la educación los empresarios y paguen los “platos rotos” quienes menos tienen.

Por nuestra seguridad y la de nuestros alumnos

Los maestros, corresponsables legal y moralmente de la seguridad de nuestros alumnos, no podemos permitir que se regrese a clases en escuelas que no sean totalmente seguras y, de ser así, debemos buscar la forma de cuestionarlo y denunciarlo, uniéndonos y organizándonos para enfrentar la represión con la que nos amenazan.

Dada la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno en la catástrofe y las denuncias públicas sobre la falta de rigor en muchos de los dictámenes oficiales sobre la seguridad de las escuelas, debemos exigir junto con los padres de familia toda la información y mecanismos de participación que nos permitan supervisar o corroborar cada una de las medidas que al respecto tomen las autoridades

Pues la SEP ha demostrado que no le preocupa la vida de quienes integramos la comunidad educativa, no sólo porque siempre ha soslayado las normas sobre la infraestructura y protección civil de las escuelas, sino también porque, en vez de revertir su omisión y negligencia luego del sismo del 7-S, se limitó a ordenar que fueran los maestros quienes “revisaran” las instalaciones escolares, sin estar capacitados.

En las escuelas dañadas es necesario que los maestros nos unamos con los padres de familia y con el resto de la comunidad para exigir su reparación o reconstrucción inmediata y asegurarnos de que se cumpla.

Hay que rechazar que se incremente la sobrepoblación de las escuelas con grupos de “refugiados”, lo que pone en riesgo a todos. En cambio, hay que exigir que se cancelen las escuelas “de tiempo completo” y “jornada ampliada” para que todas cuenten con dos turnos al menos y grupos con no más de 25 alumnos en secundaria; de 20 en primaria y de 15 en preescolar.

Las autoridades saben que, contando apenas con algunos segundos, es imposible que grupos con 40 o 50 alumnos evacuen a tiempo sus salones de clase, lo que puede convertir a éstos en trampas mortales si vuelve a temblar.

Si faltan lugares, que se construyan nuevas escuelas, contratando con salarios dignos y estabilidad laboral a todos los maestros necesarios, lo que implica cuestionar la reforma educativa y la precariedad laboral que nos impone con sus evaluaciones punitivas.

Habría recursos suficientes para la reparación y reconstrucción integral de las escuelas y viviendas de quienes las perdieron, si se redujera el sueldo de los altos funcionarios hasta que ganen lo mismo que una maestra.

Hay que reorientar los millones que se gastan en la reaccionaria reforma educativa; imponer impuestos progresivos a la educación privada y a las grandes empresas; expropiar los bienes de las constructoras y funcionarios involucrados en casos de corrupción y dejar de pagar la deuda externa.