Este martes el Tribunal Federal 2 de Córdoba condenó por “autores mediato de estrago doloso agravado” a los únicos 4 imputados por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Ellos son los militares retirados Edberto González de la Vega y Carlos Franke, responsables de Fabricaciones Militares y Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto, a cargo de la planta en aquella época. Las penas recibidas van entre los 10 y los 13 años de condena.
Las explosiones de noviembre de 1995 ya se demostraron intencionales para encubrir la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (entre 1993 y 1995) durante la presidencia de Carlos Menen. Esas explosiones dejaron un saldo de 7 personas muertas y más de 300 heridas, además de enormes pérdidas materiales en la ciudad.
Las hijas de Ana Gritti, fallecida en 2011, única querellante de la causa y viuda de una de las víctimas, declararon a la prensa luego de conocer el fallo que, "nosotros queríamos que los responsables sean condenados. Hay otros responsables que todavía están tramitándose en distintas instancias (…). Nosotros siempre supimos la verdad, a pesar de que pusieron muchas trabas. Nos sentimos solas muchas veces. Mi mamá la luchó enferma”.
Impunidad
Casi 20 años después un manto de impunidad se tiende sobre la causa de la explosión de la Fábrica Militar de Río III. No hay ningún responsable político implicado en este juicio. Tampoco la pena se hará efectiva ya que desde la defensa adelantaron que la sentencia será apelada ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Y luego, si persiste el mismo fallo, quedará el recurso ante la Corte Suprema. Todo este laberinto judicial llevará, al menos cinco años más, con lo cual la impunidad seguirá siendo moneda corriente en esta causa.
Horacio Viqueira y Aukha Barbero, abogados querellantes, sostuvieron que se trató de un “hecho criminal planificado desde el Estado, para eliminar pruebas del contrabando y justificar la falta de entrega de material vendido y cobrado a Croacia”.
Ernesto Gavier, defensor de dos de los condenados, había declarado que “los que deberían estar sentados acá son Carlos Menem y Martín Balza”, presidente y Jefe del Ejército en el momento de las explosiones.
Recordemos que tanto Menem como Balza, junto a otros 17 imputados, fueron procesados y luego sobreseídos en las causas de tráfico ilegal de armas. Es la misma justicia la que, por un lado, demuestra que fue un hecho organizado desde el Estado pero que, por el otro, limita las imputaciones sólo a los mandos medios de Fabricaciones militares.
Esta impunidad manifiesta es la que hoy nos recuerda a Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga, víctimas fatales de este crimen de Estado. | 
