1. Se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares el jueves 12 de octubre con 396 votos a favor y ninguno en contra en la cámara de diputados sin revisión de la minuta enviada por el senado. Hace más de dos años que la iniciativa se estaba discutiendo en ambas cámaras.
2. La nueva ley contempla penas de hasta 60 años de cárcel para los funcionarios públicos que incurran en este delito y de 50 años para los particulares que priven de la libertad a alguien. También incluye la creación de una comisión nacional de búsqueda de personas que estará integrada por servidores públicos, quienes podrán auxiliarse por expertos y cuerpos policiales especializados, y prevé la creación de un registro nacional de desaparecidos que depurará el actual.
3. Según la diputada perredista Cristina Gaytán se necesitan al menos 422 millones de pesos para poner en práctica la nueva ley, por lo que buscarán esos recursos en la discusión del presupuesto de egresos para el próximo año.
4. Las posiciones de familiares de víctimas de desaparición forzada están divididas: hay sectores críticos que plantean que esta ley no resolverá el problema y otros saludaron la aprobación de esta norma.
5. Desde el inicio de la guerra contra el narco, en 2006 durante la presidencia del panista Felipe Calderón, hay 33.482 personas cuyo paradero se desconoce, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Pero los familiares denuncian que el número real es mucho mayor, ya que numerosos casos no se denuncian por desconfianza en las autoridades o por miedo.
6. Como señalamos acá: “La ’guerra contra el narco’ significó un avance de la injerencia diplomática, política y militar de México a los Estados Unidos y al mismo tiempo es un gran negocio. La continuidad y avance de la Iniciativa Mérida, la presencia del Comando Norte en la frontera del país del FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), la venta de armas a las empresas de Estados Unidos. Al mismo tiempo existe una clara asociación del régimen político con la burguesía ilegal del narcotráfico: en el trasiego, venta y transporte como sector de exportación a Estados Unidos. Es, también, una reconversión de la economía mexicana que aporta un aproximado del 8% del PIB.”
7. La guerra contra el narco en realidad significó el despliegue de la militarización en amplias regiones de México. Agravó la crisis de derechos humanos. Se multiplicaron exponencialmente las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y secuestros. En distintos estados, como en Veracruz y en Guerrero, los familiares de los desaparecidos se organizaron para buscarlos. Hallaron numerosas fosas clandestinas, ante la desidia de las autoridades.
8. Fue en el 26 de septiembre de 2014, en Guerrero, con la masacre de Iguala –que incluyó el asesinato de 6 personas, entre ellos 3 estudiantes normalistas, por parte de la policía- y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa donde se abrió la crisis que golpeó al gobierno de Peña Nieto y a los partidos de este régimen asesino, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN).
No sólo han protegido hasta hoy al Ejército –uno de los responsables de la desaparición de los 43- sino que también con este caso se evidenciaron públicamente los vínculos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) con el crimen organizado. Por meses, un enorme movimiento democrático tomó las calles reclamando la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa, denunciando que #Fue el Estado, #Fue el Ejército y desde entonces los partidos al servicio de los empresarios están cuestionados.
9. La policía local, los militares del Batallón de Iguala, Ángel Aguirre –exgobernador de Guerrero, del PRD- y todos los responsables materiales e intelectuales de la noche de Iguala permanecen impunes, más allá de la ley ahora aprobada. Así como está impune el Ejército por cada una de las masacres que cometió, como la de Tlatlaya, la de Tanhuato, la de Apatzingán y tantas otras.
10. Ante la ley contra la desaparición forzada en México, ni perdón ni olvido. No podemos esperar nada del Estado en materia de derechos humanos e impartición de justicia para los cientos de familias y víctimas de desaparición forzada, pues es el régimen mexicano y sus instituciones las que han perpetuado el actual mecanismo de impunidad.
Es vital la construcción de un movimiento de familiares de los desaparecidos, junto a organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, comunitarias, indígenas, maestros, estudiantiles para realizar comisiones de investigación independientes, brigadas de búsqueda y luchar por el regreso de los militares a los cuarteles. Para enfrentar la militarización es decisivo construir un movimiento amplio, democrático, nacional, masivo y en las calles. | 
