Fue el Ministerio de Justicia, a través del jefe de la cartera de Estado, Jaime Campos, quien recientemente reconoció estas cifras, en el marco de la presentación ante los parlamentarios de la Tercera Subcomisión Mixta por la discusión del Presupuesto 2018, siendo éstos quienes rechazaron la propuesta este miércoles, a pesar de la división en los votos, porque presentaba una nueva reducción del capital destinado al Servicio Nacional de Menores, y quedaba en un presupuesto de $310.841 millones, cifra inferior a la inversión que propusieron desde el gobierno, de $451 millones.

Con esto, el gobierno se propone un avance gradual en la problemática, que contempla para este 2018 “el 37 % de la población Sename, en el marco de atenciones realizadas en seis servicios de salud en el país, y para 2019 y 2020 se considerarán 12 servicios de salud más, llegando a cubrir a un aproximado del 80 % de la población Sename”.

El SENAME por su parte, no ha dado las cifras reales de lo que costaría sanear esta enorme brecha, pues deben tener diálogo único con la de la Subcomisión Mixta de Presupuesto, y responder oficialmente ante el senador Alberto Espina.

Lo cierto es que mientras en las cúpulas del gobierno se discute indistintamente de las necesidades de la realidad de estos niños y jóvenes, ellos se ven expuestos cada vez más a sus vulneraciones, y afloran más casos como los ocurridos en Julio de este mismo año, donde cuatro adolescentes murieron por ahorcamiento, según informó el 19 de ese mes la institución, en el oficio número 1405; o como el caso de Lissette, niña de 11 años que vivía en un hogar del SENAME, y falleció el 11 de abril de 2016 producto de una asfixia mecánica, según la fiscalía, causada por sus cuidadoras.

Como la mayoría de los casos de muerte que ocurren en el SENAME, estos jóvenes tenían problemas de salud mental, de hecho Lissette, por ejemplo, estaba bajo tratamiento siquiátrico.

Estos casos ocurren y seguirán ocurriendo, este colapso es hoy una realidad dentro del SENAME, y por un lado, desde el gobierno se plantea llegar al 80% de la cobertura necesaria en tres años, y por otro el Ministerio de Justicia reconoce que están muy lejos de revertir la situación, carentes de políticas preventivas fuertes y un plan urgente de atención oportuna.

Mientras resuelven, se produce más vulneración de los derechos básicos de los hijos e hijas de las capas más precarizadas, y las trabas políticas y sus tiempos se presentan como un límite para el desarrollo integral de estos niños que necesitan tratamientos para su salud mental, sobre todo si pensamos en la batalla contra la drogadicción que mucho de ellos dan; y por otra parte se resienten las falencias del sistema en la salud pública, como lo demuestra el caso de la comunidad médica del Hospital San Borja Arriarán quien denunció falencias tecnológicas que se producirían por tener que dar a basto a la gran demanda de atención de niños del SENAME o derivados, emplazando al MinSal y al Ministerio de Justicia a dialogar para buscar soluciones conjuntas, pues según el último, “de acuerdo a la cobertura, los lineamientos los da el Ministerio de Salud, debido a que la mayoría de los recursos e intervenciones son incluidos en los servicios de salud”.