La entrega de los premios Princesa de Asturias se ha convertido en un acto de respaldo a la aplicación del 155. Un golpe brutal contra el autogobierno catalán al que mañana dará luz verde el Consejo de Ministros, con el respaldo del PSOE y CS.

Felipe VI, como ya hiciera en su mensaje del 3-O, ha vuelto a exponer la posición unánime del Régimen del 78, sus partidos e instituciones: “España afronta un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional, y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas”. Para la Corona, Cataluña es y será siempre parte de España, más allá de la voluntad de la mayoría de las y los catalanes.

Curiosa interpretación de la “concordia”, la “democracia” y la “convivencia” a la que ha apelado en su discurso. Pero nada extraño viniendo de un Jefe del Estado al que no ha votado nadie y que debe su trono a ser hijo del heredero de Franco. Como curioso también es que quien llama al escrupuloso cumplimiento de la ley sea la única persona en el Estado español dotado del privilegio de inimputabilidad.

El acto ha tenido como premiados estrellas al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, que han recibido el galardón de la Convivencia. Su presencia ha sido saludada por el rey como un apoyo a España y su unidad territorial frente a la amenaza separatista. Mariano Rajoy ha querido estar presente en el acto para reforzar asi su carácter de respaldo al golpe institucional.

Los discursos de los líderes europeos habían confirmado esto. Tusk sentenciaba que "la Ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida pública, porque la armonía es mejor que el caos”, en clara referencia al referéndum del 1-O ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Tajani ha pronunciado las palabras más encendidas, llegando a equiparar al movimiento catalán con el ascenso de fenómenos populistas de derecha y xenófobos en el continente. Su defensa de la legalidad constitucional ha sido también tajante: "a nadie se le ocurre en la Unión Europea saltarse las normas aprobadas entre todos”, para añadir que “mientras el Derecho no se cambie, su respeto no es una opción: es una obligación".

¿Qué es lo que han venido a apoyar los dirigentes de la UE? Nada menos que un golpe institucional contra el gobierno y el parlamento catalán. El artículo 155 es una medida bonapartista de la Constitución del 78 por el que el Consejo de Ministros y el Senado -la cámara más antidemocrática del legislativo, en la que el PP tiene mayoría absoluta con solo el 33% de los votos- pueden adoptar “todas las medidas necesarias” para intervenir o liquidar las instituciones de autogobierno de Catalunya.

Se trata de toda una auténtica “barra libre”. Desde suspender el gobierno, nombrar interventores para algunas consellerias, disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones -o no-, imponer a dedo un verdadero “virrey”, nombrar los cargos directivos de TV3, los Mossos... “todas las medidas necesarias”.

Mañana sabremos los detalles, pero todo apunta a que las tres fuerzas que en las últimas elecciones generales no cosecharon ni 1,4 millones de votos (900.000 menos de los que votaron el 1-O) van a imponer su gobierno o la disolución del Parlament para convocar unas elecciones que estarán previamente aseguradas con inhabilitaciones, suspensión de actividades (como la que la Fiscalía estudia contra la ANC y Omnium) y desempolvando la Ley de Partidos (como ya han anunciado dirigentes del PP).

El carácter antidemocrático de todas estas medidas no puede no ir acompañado de otras medidas de excepción, sobre todo para hacer frente a la previsible reacción del pueblo catalán en forma de manifestaciones, paros o posibles huelgas sectoriales (en especial de los sectores “intervenidos”). Ya en estas semanas hemos visto un adelanto de la escalada represiva que se viene, con el encarcelamiento de los presidentes de ANC y Omnium o la ilegalización judicial de las jornadas de huelga convocadas por algunas centrales.

A nadie le puede sorprender que la UE y sus instituciones respalden este golpe. Son los mismos que orquestaron el golpe financiero en Grecia en 2014 y la claudicación de Tsipras. Son los mismos que dejan morir a miles de refugiados en el Mediterráneo y las fronteras. Son los mismos que han rescatado a la banca y hecho pagar de forma brutal su crisis a los trabajadores y sectores populares del continente.

Las ilusiones vendidas por la dirección soberanista en que la solución vendría de estas instituciones reaccionarias se demuestran completamente utópica. No se puede esperar de ellas una mediación a favor de los derechos democráticos de ningún pueblo, menos si estos se pretenden conseguir por medio de una gran movilización como la que está teniendo lugar en Catalunya en las últimas semanas. No solo por no “abrir la caja de pandora” de las naciones sin Estado del continente, sino también para evitar que “cunda el ejemplo” de que por medio de la movilización se pueden conquistar grandes derechos contra las degradadas democracias para ricos del continente.

Sorprende más que en vísperas de este golpe la izquierda reformista siga mirando para otro lado. Iglesias y Garzón, así como las direcciones de CCOO y UGT, siguen en una posición de crítica al 155 pero sin sacar los pies del plato. Este jueves sus declaraciones se dirigieron contra la posibilidad de que el Parlament proclame la independencia en contra del 155. Condenan enérgicamente una medida de autodefensa elemental, independientemente de que se comparta que la DUI es una vía posible para ejecutar el resultado del 1-O o no, mientras siguen sin reconocer la legitimidad del resultado del referéndum y sin llamar a una sola movilización en contra de este golpe y en apoyo al pueblo catalán.

El golpe del 155 pretende imponer una rendición o derrota sin condiciones de la dirección del “procés”, y por esa vía intentar desactivar o aplastar al movimiento democrático catalán. La situación es crítica y si algo queda claro es que quienes pusieron todos los huevos en la cesta de la intervención de la UE solo pueden conducirnos a la derrota.

Para hacer frente al golpe, conquistar la independencia y abrir un verdadero proceso constituyente libre y soberano, es necesario impulsar un plan de movilización y autoorganización popular, al que los representantes de la pequeña y mediana burguesía catalana independentista tienen más miedo que al propio Estado español.

Es urgente extender y masificar los comités de defensa del referéndum a los barrios, centros de estudio y empresas, y que la izquierda sindical junto a la CUP -que debe romper con toda subordinación a la hoja de ruta del Govern y sus partidos- preparen una nueva jornada de huelga general que sirva de punto de arranque a un plan de movilizaciones que incluyan manifestaciones, cortes de carretera, huelgas sectoriales (en la educación, los medios de comunicación, todas las administraciones intervenidas...), ocupación de lugares estratégicos y de aquellas empresas que amenacen con sumarse a la guerra económica de los grandes capitalistas...

Una lucha que permita derrotar el 155 e imponer un proceso constituyente donde los trabajadores y las clases populares podamos imponer nuestra agenda de reivindicaciones contra el paro, la precariedad, en defensa de los servicios públicos... La mejor vía para poder decidir qué república queremos, no una de las grandes familias y empresas que han gobernado bajo el pujolismo, sus herederos o el Tripartit, sino una república de los trabajadores y socialista.

Como ya pasara en octubre de 1934 los políticos de la pequeña y mediana burguesía (que en el caso del PDeCAT tiene muchos más lazos con la gran burguesía catalana) son capaces de dejar que el golpe triunfe, aun cuando éste podría implicar hasta el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes, que promover una movilización para derrotarlo que podría poner en cuestión sus privilegios de clase. Pero también como entonces, si la clase trabajadora logra ponerse a la cabeza de esta gran lucha democrática, no solo será la mejor garantía de victoria contra la reacción, sino también para poder establecer una unidad en la lucha con los del resto del Estado y poder acabar con el Régimen del 78, la Monarquía y abrir la perspectiva de construir una federación de repúblicas socialistas en la península ibérica.