La universidad se presenta como un espacio de creación de cultura científica y humanística, lugar donde se generan mentes pensantes y críticas, caracterizado por un autogobierno de la propia comunidad universitaria, elegido democráticamente, lejos de la injerencia de gobiernos e intereses privados, en virtud de la propia autonomía universitaria.

Un análisis de los órganos de gobierno y de la propia legislación, sin embargo, muestra una realidad bien distinta, en la que las universidades públicas se encuentran bajo el control de los directivos de grandes empresas, multinacionales y organizaciones patronales que tienen la última palabra en sus presupuestos, financiación e incluso en los propios contenidos que en ellas se imparten.

¿Cuáles son los órganos de gobierno de las universidades públicas?

La actual Ley Orgánica de Universidades (LOU), producto de las sucesivas reformas de los gobiernos de José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), establece que los organismos de gestión y administración de las universidades públicas sean, de menor a mayor grado de responsabilidad e importancia: los Consejos de Departamento, las Juntas de Facultad o de Centro, el Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social.

Los Consejos de Departamento, Juntas y Claustros son los únicos órganos colegiados nombrados “democráticamente” -con especial énfasis en las comillas-, es decir, elegidos por sufragio universal entre la propia comunidad universitaria y donde “todos” -nuevamente, atención al entrecomillado- sus sectores se encuentran representados.

Es en estos organismos donde el régimen universitario permite el ejercicio de una democracia representativa enormemente limitada. Y cuando decimos limitada nos referimos al hecho de que su estructura interna está signada por una mayoría absoluta de profesores doctores, una minoría entre la comunidad universitaria, repartiéndose los puestos de representación restantes (menos de la mitad).

Los otros cuatro sectores que componen la comunidad universitaria son los profesores de menor categoría laboral, personal de administración y servicios, personal docente e investigador en formación y, por último, las y los estudiantes, que ostentan el “privilegio” de ser el sector menos representado en términos relativos pese a ser la mayoría y razón de ser de la universidad.

Pero si la ordenación universitaria relega al estudiantado a un papel de tercera o cuarta en la toma de decisiones, existe otro sector por debajo al que deliberadamente se le niega cualquier papel: el de los trabajadores y trabajadoras de los campus cuyos servicios se brindan por parte de empresas “externas” -ay, esas comillas-. Personal de limpieza, hostelería, reprografía, actividades deportivas, etc., cuyos empleos eran responsabilidad directa de las propias universidades no hace tanto tiempo hasta que fueron privatizados estos servicios, a los que se niega la posibilidad de elegir a sus propios representantes y a las autoridades que rigen sobre sus propias condiciones laborales.

Las universidades modernas se resisten a abandonar sus orígenes medievales estableciendo un sistema de representación por estamentos cuasi feudal: la “casta universitaria”. No obstante, por la limitación de sus funciones, estos tres órganos colegiados realizan una función poco más que consultiva, quedando la verdadera gestión en manos del Consejo de Gobierno y, sobre todo, del Consejo Social.

Según la LOU, “el Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad”. Entre sus atribuciones figura el establecimiento de los planes de estudio, así como la elección del presupuesto y de su programación. Su composición acentúa las desigualdades de representación intersectoriales, reduciendo todavía más la participación de los estamentos “subalternos” en esta cámara.

En cualquier caso, se trata de un órgano atado de pies y manos a los propósitos del Consejo Social, que supervisa las actividades económicas y educativas de la universidad y que debe aprobar los presupuestos y planes que emanen del Consejo de Gobierno, pudiendo intervenir las cuentas en caso de que se incurra en déficit presupuestario. La composición del mismo resulta esclarecedora de quién ostenta el verdadero control de la universidad y cuestiona toda pretensión de autogobierno y autonomía universitaria.

La universidad-empresa de los CEO y grandes directivos empresariales

La Ley de los Consejos Sociales de la Comunidad de Madrid define al Consejo Social como “el órgano de participación de la sociedad en la Universidad”. ¿Cuál es esa representación de la sociedad? Nada menos que directivos de grandes compañías y multinacionales, representantes de la CEOE, la CEPYME y otras organizaciones patronales, así como miembros de empresas que tengan suscritos convenios de investigación y docencia con las universidades. Las empresas privadas están bien representadas en este órgano y componen la mayor parte de sus miembros.

Un coctel aderezado con funcionarios de carrera, burócratas sindicales y políticos a sueldo encabezada por un presidente designado a dedo por el gobierno autonómico. ¿La representación de la comunidad universitaria? Mínima. Solo un profesor doctor, un PAS y un estudiante elegidos por el Consejo de Gobierno tienen acceso a sus sesiones. Un tándem que completan el Rector, el Gerente y el secretario de la universidad. Su composición legal varía en función de la legislación autonómica, pero las diferencias son mínimas.

Empresas farmacéuticas como el grupo Rovi, aseguradoras como Mapfre, Telefónica, el grupo Prisa, compañías hosteleras como Hotusa y entidades bancarias como BBVA, Santander, Ibercaja, etc., tienen una presencia central en estos organismos.

La “participación social” resulta cuanto menos irónica, cuando no abiertamente cínica. La presencia de organizaciones de mujeres, de trabajadores, de colectivos de inmigrantes y emigrados o asociaciones LGTBi está fuera de la concepción de estos consejos que son todo menos “sociales”.

Por esta vía la financiación, el presupuesto, los precios y tasas, lo que se estudia y lo que se investiga, queda en manos de grandes empresarios. Entre sus competencias también figura la fijación de complementos salariales ligados a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión que ayudan a crear estómagos agradecidos, una casta universitaria de catedráticos, decanos y rectores que cierran un círculo en cuyo interior se conspira contra la educación pública y se pone la #UniversidadEnVenta, ¡y a precio de saldo!

Los nombres propios de los intereses empresariales dentro de la Universidad son objeto de la segunda parte de este artículo.