Durante un recorrido por la comunidad de Tianguismanalco, Puebla, el secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, prometió que "ninguna comunidad afectada por los sismos se quedará sin apoyo".

Los sismos del 7 y 19 de septiembre dejaron 471 muertos y afectaron a más de 12 millones de personas en el país, además, al menos unas 180 mil 731 viviendas resultaron con daños en la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

A pesar de las declaraciones del secretario de Gobernación, a más de 40 días del segundo terremoto, en estos estados miles de familias afectadas se encuentran aún sin recibir ningún tipo de apoyo de parte de alguna institución gubernamental, viviendo en muy duras condiciones, en albergues o incluso durmiendo a la intemperie o bajo lonas, sobre todo en el estado de Oaxaca, Morelos y Chiapas.

En un hipócrita embellecimiento de las acciones del gobierno, Osorio Chong afirmó que la "extraordinaria coordinación" de los tres niveles de gobierno ha permitido otorgar el apoyo que requieren las comunidades afectadas. Aprovechó, además, para enaltecer las acciones de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, cientos de denuncias invadieron desde el primer momento redes sociales con declaraciones de los afectados y brigadistas. Desde la actuación de las Fuerzas Armadas -recordadas por la desaparición del los 43 normalistas de Ayotzinapa y la represión de Nochixtlán- que intervinieron para frenar la organización popular en las labores de rescate; hasta los escándalos de rapiña de diferentes políticos del régimen e instituciones para el acaparamiento de los acopios populares.

La realidad de los afectados

En sus declaraciones en Tianguismanalco Chong también informó que a partir de la próxima comenzará el reparto de tarjetas de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en esta entidad para las labores de reconstrucción.

Al escucharlo viene a la mente la duda: ¿estas tarjetas si tendrán fondos?, después de que el pasado 20 de octubre se denunciara que tarjetas entregadas por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a afectados de Ixtaltepec, Oaxaca, estaban en ceros.

En cuanto a las escuelas dañadas refirió que en Puebla hay 108 escuelas con daño total y aprovechó el elemento para resaltar la actuación de Aurelio Nuño, secretario de Educación: “la instrucción del presidente y del Secretario Nuño, lo he venido comentado, es que se haga nuevas y se hagan bien”.

En la Izquierda Diario hemos denunciado decenas de testimonios de maestros a los que se les obligó a regresar a clases en condiciones de inseguridad, con edificios aledaños dañados, bardas sueltas, tomando clases entre cordones de seguridad y en la mayoría de los casos sin haber elaborado un dictamen profundo y explicarlo a la comunidad escolar.

Como si ello fuera poco, a los maestros que han alzado la voz se les ha amenazado con sanciones. Eso es parte de la reforma educativa que Nuño aplica.

Además, en su discurso resaltó las labores para el restablecimiento del agua y la luz, sin mencionar que aún miles de viviendas en el país se mantienen sin estos servicios básicos.

Lo que es peor, que a las personas que se han manifestado por las demandas de estos servicios o por la reconstrucción de sus viviendas y denuncia a las inmobiliarias, el gobierno ha respondido con represión. Así se vio en las protestas de este lunes 23 de octubre y el pasado sábado 21 emprendidas por afectados de los sismos.

A pesar de los discursos demagogos, los trabajadores y el pueblo no tienen nada que esperar de la "benevolencia" del Estado, en cambio sí mucho que exigir a través de la movilización para conquistar un fondo de reconstrucción –integrado y supervisado por los damnificados–, sobre la base de la reasignación de recursos del presupuesto federal y estatal –como destinar los fondos previstos para las fuerzas represivas a ayudar a los damnificados– impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Además de imponer juicio y castigo a los responsables de la tragedia, todas las inmobiliarias y constructoras que con su sed de ganancia ponen en peligro la vida de los trabajadores y los sectores populares, y que al aparo del gobierno, hoy pretenden beneficiarse de la reconstrucción.