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El presidente Lenin Moreno derogó este lunes el polémico Decreto 16, expedido por Rafael Correa en 2013. Esta normativa habilitó la intromisión del Estado en entidades de la sociedad civil, limitó la libertad de asociación, y fue fundamento para el cierre de organizaciones opositoras durante el gobierno anterior.
Sin embargo, el nuevo “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales” (Decreto 139) mantiene los cuestionados “causales de cierre”. Continúa habilitada la disolución de entidades desde criterios discrecionales, definidos desde Palacio de Carondelet, y utilizados para callar voces contrarias al régimen.
Por ejemplo, las organizaciones podrán ser clausuradas por incurrir en “actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos”, según consta en dicho decreto. Esto restringe la libertad de creación de agrupaciones políticas independientes no burocratizadas, y sostiene requisitos de inscripción difíciles de alcanzar.
Lejos de desmontar el aparato de persecución instaurado durante la “Década Ganada”, el presidente Moreno construye su propio andamiaje semi-bonapartista. El cambio cosmético en la normativa es para “regular, simplificar y racionalizar los requisitos”, pero mantiene enhiesta la espada que atacará cualquier indicio de oposición fuera de los márgenes tolerables.
La derogación del Decreto 16 es un reclamo de organizaciones sociales, sindicales y políticas, muchas de las cuales solicitaron al presidente su inclusión en la consulta popular. Pero al igual que con este referéndum, el decreto de Moreno no se trata de un “giro a la izquierda”, sino del intento por legitimar su agenda “post correista” de diálogo con la derecha, que mantiene intacto el corrupto régimen de la Constitución de Montecristi.
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Otros de los numerales incluidos en los causales de cierre permiten al Estado disolver entidades por “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida”, y por “incurrir en actividades ilícitas o incumplir las obligaciones previstas en la Constitución”; lo que a todas luces limita la participación de organizaciones en acciones de protesta.
La fundación Fundamedios indicó en su portal que se desconoce oficialmente el número exacto de organizaciones clausuradas durante el correísmo, pero estiman que serían cerca de unas mil. Desde la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, de relación directa con el Ejecutivo, les informaron que tan sólo 48 organizaciones fueron cerradas.
Paradójicamente, dentro de este número no figuran los dos casos de disolución por persecución política más resonantes durante el gobierno de Correa. La ONG ambientalista Pachamama fue liquidada a fines del 2013, por pedido del Ministerio del Interior, debido a su supuesta “injerencia en la política pública” y “atentado contra la seguridad interna”.
Semanas atrás, Pachamama había participado de un plantón frente a la Secretaría de Hidrocarburos, junto a colectivos indígenas. Ahí dentro, a puertas cerradas, gobierno y empresarios petroleros definían nuevos sectores de explotación en la Amazonía. El Decreto 16 permitió al régimen sostener esta política extractivista dictada por el imperialismo.
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Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) fue disuelta en agosto de 2016 por pedido del Ministerio de Educación. Esta cartera se excusó en la falta de regularización de su directiva. Esto nunca figuró como posible causal de cierre, lo que muestra con qué facilidad puede el Estado aplicar discrecionalmente el reglamento y silenciar opositores.
“Es una represalia ante la denuncia que hicimos en la OIT por el atropello de los derechos docentes, la estabilidad laboral y la libertad de asociación”, señaló en su momento la presidenta de UNE, Rosana Palacios. Paralelamente al cierre de este gremio políticamente vinculado al movimiento Unidad Popular (ex-MPD), Correa impulsó la creación de la Red de Maestros, sindicato que apoyó todas las reformas y políticas educativas del ex mandatario. | 
