PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior) permitió que 2.599 estudiantes egresaran en 2017 de la educación superior. Lo llamativo es que son estudiantes de familias pobres, "vulnerables" como nombra el Gobierno. La cifra es 5 veces superior a lo conseguido en el primer año de estreno de la iniciativa. Con un presupuesto de 13 mil millones, se enfoca en 76.000 alumnos secundarios de 456 liceos municipales. 7 de cada 10 beneficiados proviene de regiones y las carreras de mayor interés son Ingeniería, Pedagogía y Derecho.

A todas luces una política justa que facilita el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema superior, pero, ¿a qué porcentaje de todos los estudiantes beneficia? El número de egresados representa sólo un 3,2% de los estudiantes que atiende el programa. Y del total de la matrícula universitaria nacional representa apenas un 0,2%.

Antes de la dictadura militar la educación era un derecho social gratuito. Hoy el gobierno, así como los de la Concertación y la Derecha, profundizaron radicalmente la focalización del gasto social en educación y la mercantilización de las carreras. A la par aumentó la universidad privada asegurando jugosas ganancias. A su vez el beneficio de la gratuidad se estancó en un 30%, lejos de la idea del movimiento estudiantil del 2011 que exigió junto a los trabajadores, recuperar la educación gratuita y la derogación de la PSU asegurando educación estatal y de calidad en los liceos, escuelas y universidades.