“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivo y empleados de Desa en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados del caso en un informe. “Sin embargo, el ministerio público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas”.
A pesar de que existen ocho imputados en el caso, entre ellos Sergio Rodríguez Orellana gerente de asuntos comunitarios y medioambientales de Desa y Douglas Geovanny Bustillo, un militar retirado del ejército hondureño que fue el director de seguridad de Desa hasta mediados de 2015; lo que persiste en el caso es la negación a investigar a los directivos de dicha empresa. A decir de los abogados “Lo que falta es procesar a las personas que contrataron a Bustillo para planificar la operación”, dijo Miguel Ángel Urbina Martínez, uno de los abogados que revisa el caso a petición de la familia de Cáceres.
El asesinato de Berta Cáceres durante la noche del 3 de marzo de 2016 sigue repercutiendo a nivel internacional.
La impunidad que ha mantenido el régimen y las instituciones hondureñas son las primeras responsables por encubrir a los criminales intelectuales, quienes se han encargado de proteger los intereses de poderosos empresarios.
Los testimonios de los abogados del caso apuntan a señalar el nivel de planificación en el crimen contra la dirigente indígena, pues las evidencias han concluido que el ataque proviene de los altos ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos (Desa) en la concesión de una hidroeléctrica.
¿Cómo quieren consolidar la impunidad?
La finalidad de acallar la lucha y la denuncia que hacía Berta Cáceres en vida contra las empresas trasnacionales de despojo llevan a incluir al imperialismo estadounidense quienes fueron también los orquestadores del golpe de Estado en el país centroamericano durante 2009.
Y es que la “investigación” del caso por las autoridades hondureñas contó desde sus inicios con dos asesores estadounidenses (un detective de homicidios retirado y un antiguo fiscal federal) que han estado vinculados con las autoridades en el desarrollo del caso. Todo ello bajo un falso discurso de “mantener un esfuerzo por parte de la Embajada de Estados Unidos por tensionar al gobierno de Juan Orlando Hernández para resolver casos criminales de alto perfil.”
Por su parte el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha informado suspensiones de audiencias contra cuatro de los imputados en el caso, debido a que el Ministerio Público sigue sin entregar información necesaria en esta etapa del proceso judicial. Mientras, se analizan los mensajes de más de 40 mil páginas de celulares recuperados por los dos principales implicados, donde se demuestra que Rodríguez y Bustillo mantenían contacto con tres altos ejecutivos de la empresa Desa mientras monitoreaban la actividad de Berta Cáceres y otros integrantes del Copinh.
Lo anterior es parte de las declaraciones de familiares y compañeros de la ambientalista que durante años previos denunciaron las amenazas y actos de intimidación por parte de efectivos del ejército y dueños directos de la empresa asesina. Según el grupo de abogados y la familia de Cáceres, los mensajes de texto fueron entregados en mayo de 2016 por órdenes de un juez, sin embargo, la propia procuraduría no ha mostrado un avance cualitativo y cuantitativo de acuerdo a la información que se desprende del material, a pesar de contar con ella durante el último año y medio.
Bertha Zúñiga, hija de Cáceres, ha señalado que escogió a los abogados a partir de recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización latinoamericana de defensa de los derechos humanos. En su opinión, el contenido de los mensajes demuestra que los ejecutivos de Desa se sentían intocables. “Estaban tan confiados de su impunidad que hablaban abiertamente”, declaró Zúñiga.
Megaproyectos, el despojo del siglo XXI
La empresa Desa representa en la actualidad lo que alguna vez fueron los grandes pulpos imperialistas de principios de siglo XX. El brazo en el que se apoyaron la mayoría de megaproyectos en el país centroamericano fue gracias a la consolidación del gobierno golpista del cual Juan Orlando Hernández es heredero.
No es casualidad que la concesión sobre el río Gualcarque para la empresa Desa se aprobara en 2009. El régimen y la derecha hondureña le guiñaba el ojo al imperialismo estadounidense brindando concesiones a cambio de legitimar el golpe de Estado que ese mismo año se había maquinado desde la Casa Blanca. Desde entonces la militarización del país blindó la construcción de proyectos trasnacionales, mientras las comunidades indígenas fueron despojados de sus tierras y derechos.
A pesar de que por derecho la empresa Desa debía consultar a la comunidad lenca, ésta se estableció de manera informal y con la oposición del pueblo lenca que alertaba sobre el peligro de los recursos acuíferos y la amenaza contra la forma de vida comunitaria.
Según una publicación de The New York Times, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Desa contaba con un capital de solo 1200 dólares cuando obtuvo la concesión de la presa, junto con los permisos de operación, los derechos al agua y un contrato para vender electricidad a la paraestatal de energía eléctrica.
Para el año 2011, miembros de la familia Atala inyectaron millones de dólares a Desa, encabezada por Camilo Alejandro Atala Faraj una de las más poderosas en Honduras y quien funge como presidente ejecutivo del Grupo Financiero FICOHSA; propietaria del Banco Ficohsa, Interamericana de Seguros,Ficohsa Express, Proyectos y Servicios Inmobiliarios, Dicorp (divisas corporativas), Fundación Ficohsa, DIUNSA, Supermercados La Colonia y dueño también del área hotelera y campo de golf Indura Beach Resort más grande del Caribe.
La fuerte inversión de la familia Atala consolidó la relación con Desa, y así garantizó su incorporación dentro de la junta directiva. Sin embargo, poco a figurado la firma de los Atala en el caso de Berta Cáceres, como parte del amparo que el gobierno ofrece a la clase empresarial hondureña.
Se sabe que durante noviembre de 2015, de acuerdo con el informe de los abogados, el ex director de seguridad Bustillo se reunió con un alto ejecutivo de Desa. En enero, visitó “La Esperanza” la localidad donde se encontraba el domicilio de la activista y luego obtuvo una pistola mediante Mariano Díaz Chávez, un antiguo oficial de las fuerzas especiales hondureñas a quien se acusa de organizar el grupo de choque que asesinó a Cáceres.
“Misión abortada hoy”, le escribió Bustillo a un ejecutivo de Desa. “Ayer no se pudo”. El informe no nombra a los ejecutivos de Desa, porque las autoridades hondureñas no han presentado cargos en su contra.
Acción global por justicia para Berta
El Copinh, organización de la cual fuera principal fundadora Berta Cáceres, continúa en lucha por esclarecer el crimen, presentando litigios, convocando a reuniones comunitarias, pidiendo la inclusión del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también convocando a diversas movilizaciones en Honduras.
Para este 2 de noviembre, el Copinh convoca a una “Acción global” donde la principal exigencia es el castigo a los responsables intelectuales del asesinato político de Berta Cáceres. Las acciones se llevarán a cabo en las embajadas y consulados de Honduras en distintos países, donde se espera la participación de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que, desde 2016 se han sumado al reclamo internacional de justicia para la ambientalista y el respeto a la integridad de la familia e hijas de Berta.
Al cierre de esta publicación se espera el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) "Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres", donde se sintetiza los últimos elementos en la investigación del crimen.
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