En un cambio de timón, el gobierno pareció dejar atrás la anterior estrategia de ajuste de ir por acuerdos "sector por sector" que intentaba evitar chocar con una reforma laboral integral "a la brasileña" y se inclinaría, ahora sí, por presentar en las próximas semanas un proyecto al Congreso de "blanqueo laboral". Se trata de un texto profundamente reaccionario, flexibilizador y antiobrero que compromete derechos elementales de los trabajadores.
Entre las medidas que más atacan las regulaciones laborales actuales se cuentan, entre otras:
- Una medida para abaratar los despidos
Quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despido, el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. O sea, que se eliminarán del cálculo de la indemnización montos que actualmente se computan, como el aguinaldo, las extras, los premios y otros rubros.
Además, las organizaciones empresarias y sindicales podrán establecer en los convenios colectivos de actividad la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial, una forma de financiar las cobertura en materia de preaviso y despido sin causa, que corren hoy por cuenta de los empleadores.
- Exención de la responsabilidad sobre los empleados tercerizados
Las empresas que subcontraten servicios quedarán eximidos de la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas. Las empresas podrán tercerizar con mucha más facilidad de la que tienen ahora, y no tendrán responsabilidad si esas empresas incumplen con sus trabajadores.
- La posibilidad del empleador de modificar las formas y modalidades de trabajo
Se modifica el concepto de "ius variandi", facultando al empleador de introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo. Así también, podrán extender o reducir jornadas laborales en el día de acuerdo a su interés con la creación de un "banco de horas". Así, una empresa podrá distribuir la jornada de trabajo de una persona según sus necesidades de producción: una semana trabajará 6 y otra 10 horas, sin pagarlas como extras.
- Extensión de las formas precarias como las pasantías
Se crea el sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo y producción de bienes y servicios, las que no generarán relación laboral y se extenderán también al sector público. Las "prácticas" tendrán un máximo de hasta 12 meses y una carga horaria de hasta 30 horas semanales. Los practicantes recibirán una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo.
- Reducción de los plazos para iniciar juicios laborales
Se reduce de 2 a 1 año el plazo para que los trabajadores inicien acciones judiciales contra sus empleadores relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y de disposiciones de convenios colectivos. Dicho plazo no podrá modificarse por las convenciones colectivas de actividad.
- La creación de una figura precarizada de "trabajador autónomo económicamente dependiente"
Copiado del modelo español, esta figura permitirá formalizar las actuales relaciones laborales encubiertas bajo el monotributo, permitiendo que un "trabajador independiente" pueda contratar hasta 4 monotributistas, lo que implica menores derechos laborales que la relación de dependencia.
- Creación de fondos de desempleo para empleadores
También esta medida autoriza a desvincular personal a los empleadores que están enmarcados en la "transformación productiva", a los cuales se los compensará con un monto dinerario que surge de un fondo de desempleo.
Esta liberalización de las relaciones laborales para que los empresarios tomen, desvinculen y manipulen las jornadas laborales a gusto y piacere, es por un lado una manera de formalizar situaciones actuales en las que predomina la precarización. Según un adelanto de una investigación exclusiva de La Izquierda Diario en base a datos de EPH (Indec), en el primer trimestre de 2017 la precarización laboral afecta a alrededor del 51% de los ocupados asalariados y cuenta propistas (excluyendo patrones). Es decir, uno de cada dos trabajadores tiene irregularidades en su contratación (está "en negro" o carece de derechos laborales) y/o tiene ingresos por debajo del salario mínimo, vital y móvil.
Dos pájaros de un tiro: reducción de cargas patronales y preparación de una reforma previsional regresiva
Pero para los empresarios aquel nivel de explotación a los trabajadores no es suficiente. Por eso, con el resultado electoral de las legislativas en mano, el gobierno se abalanzó para "subirse a la ola" y aprovechar el momento político con el fin de disparar un conjunto un reformas que profundizan el régimen neoliberal heredado de los ´90 y mantenido durante el kirchnerismo.
Por ello, además de la flexibilización y precarización laboral que contiene el borrador oficial, existen un conjunto de medidas clave que reducen inmediatamente el costo a los empresarios a costa de desfinanciar derechos a futuro, como la sostenibilidad del régimen previsional. Así, de "regalo", los empresarios se llevan una disminución feroz de las contribuciones patronales. La implementación de un insólito "mínimo no imponible" salarial que se elevará gradualmente y también se ajustará por inflación, significa de plano un ahorro multimillonario para los todos los empleadores.
Así, hacia el año 2022 los empresarios no pagarán contribuciones por los primeros $11.500 de salario bruto de sus empleados a valores actuales, esto es, un tanto más de lo que ganan la mitad de los ocupados (es decir que por ellos los empleadores estarán excentos) y la mitad del salario promedio RIPTE (Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables). A esto se debe sumar la reducción de las alícuotas patronales de los empresarios de locación y prestación de servicios de 21% a 19% en forma gradual hasta 2021, y su unificación en ese último valor.
Con el gobierno de los Kirchner ya se había avanzado con medidas en este sentido, que con las mismas excusas de "promover el trabajo registrado", implementaron una reducción de alícuotas patronales para las pequeñas y medianas empresas, es decir, para la mayoría de los empleadores, junto con todo tipo de desgravaciones y exenciones.
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Ahora, los dos grandes cambios del texto oficial en el mínimo no imponible y la reducción de alícuotas generarían una pérdida de recaudación de la Seguridad Social, y en especial de las jubilaciones, del orden del 30% o más de los recursos contributivos. Esto es más grave si se tiene en cuenta que el sistema previsional se financiaen un 50% por aportes personales (trabajador) y contribuciones patronales (empleador), y que éstas últimas significan el 60% mientras que los aportes el 40% de los recursos contributivos. Pero para los aportes personales de los trabajadores no habrá ni mínimo imponible garantizado ni reducción de alícuotas.
Por lo tanto, ante los anuncios de que también se avecina prontamente una reforma del régimen de jubilaciones y pensiones, el desfinanciamiento del sistema que implica el "blanqueo laboral" apunta directamente a afectar el nivel de jubilaciones futuras y a universalizar haberes de miseria, al mismo tiempo que el gobierno quiere extender con ese argumento la edad jubilatoria para los trabajadores en actividad, que hoy es de 60 años para las mujeres y 65 años para los varones en el régimen general.
Mientras tanto, también, el ejecutivo brinda un enorme gesto de impunidad a los empleadores que mantuvieron en la informalidad a sus empleados, premiando a quienes durante años estuvieron en la ilegalidad y evadieron el cumplimiento de sus obligaciones. Durante un año se podría declarar a trabajadores informales y la penalidad para ello será prácticamente nula. Se extinguen las acciones penales y se liberan las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, que por si fuera poco se acompaña de una condonación total o parcial de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios. Aunque hayan tenido a sus empleados 10 años trabajando "en negro", son beneficiados.
El gobierno repite la increíble fórmula de que estas medidas promueven "el blanqueo" laboral, erradican el fraude laboral y luchan contra la evasión. Por el contrario, está demostrado que el único efecto es mejorar la rentabilidad de los capitalistas, sin ninguna evidencia de que con ello se reduzca la informalidad y la evasión.
¿Una "liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo"?
Para culminar, como sello de su impronta neoliberal el texto utiliza una frase atribuida al ex ministro de Economía de la dictadura genocida de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, al enunciar el objetivo de “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”, entre otros dos objetivos igualmente perversos plasmados en el borrador en la clave de simular que el capitalismo se trata de un acuerdo “entre iguales” entre explotadores y explotados.
Sin embargo, si la economía argentina es un capitalismo dependiente y atrasado, si la burguesía nacional y la extranjera no son capaces de “liberar las fuerzas productivas”, no es justamente responsabilidad de los trabajadores ni la solución recae en exprimir hasta la última gota de trabajo para llegar a regímenes cuasi esclavistas como la experiencia china, sino que esto es sólo una nueva demostración del agotamiento de un sistema que no da para más.
Hay que romper el pacto de la CGT para rechazar la reforma y pelear por un programa obrero
El proyecto de reforma laboral trascendió ayer públicamente e inundó las tapas mediáticas luego de que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le reparta los borradores a empresarios y sindicalistas allegados este lunes en la cartera laboral.
Hasta ahora la CGT viene participando casi como simple testigo a los preparativos del gobierno y las grandes patronales. Se ha limitado a aplaudir el discurso de Macri “por cortesía” y depositar su confianza en la conducción parlamentaria de Miguel Angel Pichetto, el hombre que convalidó todas las leyes que le pidió el gobierno.
Hay que rechazar la contrarreforma antiobrera. La CGT no puede continuar un día más su pacto con el gobierno y los empresarios. La Corriente Federal, las CTA y los gremios que dicen rechazar la política del gobierno, deben convocar sin demoras a rechazar este proyecto y movilizarse.
El Frente de Izquierda y las agrupaciones clasistas vienen exigiendo un paro y un plan de lucha contra el ajuste: con este brutal ataque no hay tiempo que perder. Se necesita desplegar todas las fuerzas de la clase obrera, para parar este ataque que pretende borrar de un plumazo conquistas que llevaron décadas de luchas. Medidas que ni el menemismo pudo aplicar.
Por eso, los sindicatos y centrales tienen que convocar asambleas en los lugares de trabajo, para que discutamos entre todos cómo enfrentar el proyecto.
Con el verso de “modernizar las relaciones laborales” y “mejorar la competividad” las patronales quieren aumentar la explotación de la clase obrera, dividirla entre trabajadores de primera y segunda, disponer de su tiempo y su vida según las necesidades de su empresa.
Para nosotros se trata de todo lo contrario: hay que defender los derechos laborales, sindicales y las condiciones de vida de clase que produce y mueve el país. Mientras millones ya trabajan flexibilizados y con jornadas agotadoras, otros tantos no tienen trabajo o viven de changas. Macri propone profundizar ese destino.
Por eso, para trabajar todos y trabajar menos, hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días por semana, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con un mínimo igual a la canasta familiar.
Además, el PTS-FIT va a proponer en el parlamento y en las calles, que se prohíban los despidos y suspensiones por dos años; el pase a planta permanente de contratados y tercerizados; la imposición de un salario mínimo igual a la canasta familiar, indexado por la inflación; el rechazo a las pasantías y el impulso a un régimen de becas para que los jóvenes puedan terminar sus estudios; el restablecimiento de las contribuciones patronales al 33%, como antes de la disminución de Cavallo.
Hay que tocar las ganancias empresarias, no los derechos obreros. | 
