El INAH nace en 1939 con la tarea de proteger, salvaguardar, conservar, investigar y difundir el patrimonio Arqueológico e Histórico y se rige mediante una la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, expedida en 1972 y en la cual se decreta que los monumentos históricos y zonas arqueológicas son bienes de la nación, es decir, de todos los mexicanos.

El INAH tiene el deber de proteger el patrimonio, mas no es dueño del mismo. Existe un eterno debate dentro del INAH en el que no todos están de acuerdo. Algunos plantean que los mejores custodios del patrimonio son las comunidades en donde se encuentra, ya que es a ellas a quienes les pertenece. A la vez, se evidencia la necesidad de hacer partícipes de su patrimonio a las comunidades.

Se han hecho promesas a los habitantes, en varias ocasiones, para que puedan recibir beneficios del usufructo de las zonas, pero han sido fallidas y así como sucede con los "Pueblos Mágicos" sucede con las zonas arqueológicas. En donde existe una propuesta de integración y activación económica para las comunidades a través del turismo, termina en un turbio manejo de recursos, dejando a las zonas arqueológicas en malas condiciones y la promesa de "integración y activación económica" volando al aire.

En el 2008, un grupo de indígenas tojolabales pertenecientes a la comunidad de Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria, Chiapas, llamaron a una asamblea el 7 de septiembre del mismo año, en la cual resolvieron tomar la zona arqueológica de Chinkultic y administrarla bajo control de la comunidad, ya que el INAH les había prometido obtener beneficios del usufructo de la zona y denunciaban el mal manejo de la misma por parte de las autoridades y el descuido en el que se encontraba.

Un mes después, los gobiernos federal y estatal desplegaron todo un operativo militar para desalojar a los indígenas, como solo ellos lo saben hacer, con lujo de violencia, saliendo impunes y dejando un saldo bárbaro de muertos, heridos y detenidos. A la vez, el INAH, bajo la lógica de "reivindicar al indígena muerto y discriminar al indígena vivo", levantó una demanda penal en contra de los tojolabales, criminalizándolos por defender lo que es suyo.

Si es verdad que los mejores custodios del patrimonio son sus comunidades y que el patrimonio es de todos, ¿cómo garantizar que las comunidades participen de su patrimonio y que a partir de sus actividades económicas tengan una vida digna?, ¿cómo garantizar que efectivamente todos podamos disfrutar del patrimonio? Claramente estas cuestiones no podrán resolverse dentro de los marcos de este sistema, en el que las instituciones actúan al servicio de la voracidad de las grandes empresas.

En este momento, existen comunidades al interior de México que están severamente afectadas por la reciente temporada de huracanes y los sismos, pero a pesar de la difusión turística quizá nunca vean ni un céntimo de los presupuestos gubernamentales. Los presupuestos deberían llegar íntegros a las manos de la gente para la que están destinados.