La portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Anna Gabriel. EFE
La denuncia, presentada por un particular, pero detrás de la cual se encuentra el ultraderechista VOX, solicita la “intervención para instar a la disolución” de la coalición anticapitalista, argumentando que la CUP ha celebrado "actos que son ilegales, inconstitucionales y que atentan frontalmente contra el Estado de Derecho, evidenciándose así un comportamiento que no obedece a la Carta Magna".
En el escrito se sostiene que la CUP "ha dado apoyo y promovido públicamente un acto, autodenominado referéndum de autodeterminación, que vulnera flagrantemente los principios rectores elementales de nuestra Constitución".
En la denuncia se considera que los miembros de la CUP "han actuado y lanzado mensajes públicos que han provocado concentraciones tumultuosas, ocupaciones de espacio público y hostigamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En este sentido, el escrito menciona los coches de la Guardia Civil que fueron dañados a las puertas del departament d’Economia de la Generalitat el pasado 20 de septiembre, acciones que considera una “consecuencia de las premisas promovidas por dirigentes de la CUP".
Para fundamentar la petición de ilegalización, el escrito hace alusión al artículo 9.2b) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos según el cual "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático", además de "fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas".
También se hace referencia al artículo 9.3 de la misma ley, que actúa contra conductas como "dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia".
Ilegalización y suspensión cautelar para participar del 21-D
En la petición de intervención del Ministerio Fiscal, el denunciante insta a la “declaración de ilegalidad de la CUP y su consecuente disolución”, y pide que durante el procedimiento “se suspendan cautelarmente y provisionalmente las actividades de la CUP hasta que se dicte sentencia”. De prosperar la denuncia y el pedido de suspensión, la CUP no podría concurrir a las elecciones convocadas mediante la aplicación del 155 en Catalunya el próximo 21 de diciembre.
Hasta el momento ningún partido ha pedido la ilegalización de la CUP en base a presuntos hechos punibles. Sin embargo, sí lo ha hecho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien ha instado a “tipificar la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia”. También el candidato popular a la Presidencia de la Generalitat el 21-D, Xavier García Albiol, ha abogado por prohibir los "programas electorales" que defiendan la secesión.
Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, no sólo se ha limitado a decir en un tuit que la CUP "no puede ir a unas elecciones", sino que tampoco deberían poder participar ERC ni el PDeCAT, a los que ha calificado de "organizaciones criminales".
Y en un nuevo tuit publicado recientemente, Abascal asegura que VOX "iniciará mañana acciones para ilegalización de las organizaciones criminales al servicio del golpe de Estado: CUP, ERC, PdCAT"
Ofensiva reaccionaria del Régimen contra Catalunya y contra todas las libertades democráticas
Según informaciones de La Vanguardia, la Fiscalía no prevé actuar ante la denuncia de ilegalización de la CUP y el Ministerio Público ha incoado el escrito porque “es el procedimiento habitual”. Sin embargo, el pedido de ilegalización del ultraderechista VOX es sólo un adelanto del nuevo escenario abierto con la aplicación del 155 en Catalunya y el dictado de prisión preventiva sin fianza al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y otros siete consellers, así como las órdenes internacionales de detención dictadas contra Carles Puigdemont y los cuatro consellers que se encuentran en Bélgica.
Como sostiene la declaración de la CRT publicada anoche en Izquierda Diario, el encarcelamiento y las órdenes de detención contra el Govern “constatan la firme voluntad del Régimen del 78 de imponer una salida autoritaria a la crisis catalana y contra el gran movimiento democrático catalán. Ocho presos políticos más que vienen a sumarse a los dos presidentes de ANC y Ómnium que ya cuentan con 16 días en Soto del Real.”
El encarcelamiento de un gobierno electo por el voto popular, así como las amenazas de ilegalización de partidos como la CUP, no es sólo una demostración de la voluntad autoritaria del Régimen de aplastar por la fuerza el movimiento democrático del pueblo catalán por su autodeterminación. Es también un ataque global a las libertades y los derechos democráticos de la clase trabajadora y la juventud en Catalunya y el conjunto del Estado. Un “primer paso de una restauración reaccionaria en todo el Estado”.
Para parar el golpe institucional de la entente reaccionaria que representa la Corona y el Gobierno de Rajoy, con el apoyo del PSOE, PSC, Cs, la Judicatura a su servicio y las fuerzas represivas, es urgente poner en pie un vasto movimiento contra el golpe del 155, por la libertad de todos los presos políticos y la defensa de la república catalana.
La izquierda española (Unidos Podemos) y las direcciones de los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) tienen el deber de romper con su “equidistancia”, que sólo ha beneficiado al régimen monárquico, y convocar inmediatamente a movilizaciones en todo el Estado por la libertad de los presos políticos que sea la antesala de una huelga general en Catalunya y el resto del Estado contra el golpe bonapartista del Régimen del 78 y la Corona. | 
