Los raperos han sido juzgados por el contenido de las canciones que difunden a través de su cuenta de Youtube y que según la Fiscalía del Estado son constitutivas del delito de enaltecimiento del terrorismo. Para los acusados el fiscal pide dos años y un día de prisión, 9 años de inhabilitación, 4.800 € de multa a cada uno y la retirada de sus canciones del canal de YouTube.

Su proceso ha quedado bajo el control de la jueza Lamela de la Audiencia Nacional, la misma que dictó prisión preventiva al govern catalán esta semana y que puso en prisión preventiva hace un año los jóvenes de Alsasua.

El colectivo La Insurgencia se formó en 2013 y cuenta con más de 3.400 seguidores en su cuenta de Youtube en la que incorporan los vídeos de sus miembros. En el canal pueden escucharse canciones de denuncia contra el régimen, contra la persecución policial y la represión hacia la juventud, de crítica a los partidos del régimen y el sistema judicial que ahora les persigue directamente.

Esta acusación se enmarca como el final de un operativo policial que se desarrolló contra este colectivo a nivel estatal. Operativos que se vienen desarrollando en internet y redes sociales, cada vez más habituales desde la aprobación de la Ley Mordaza. En concreto este grupo fue perseguido en sus redes y espacios de difusión por producir y difundir canciones que, según la policía, hacen proselitismo de la violencia y ensalzan a organizaciones terroristas.

El rap en el punto de mira

La música y más en particular el rap se están convirtiendo en punto de mira para la Fiscalía del Estado a la hora de aplicar la llamada ’ley mordaza’. Por la Audiencia Nacional ya han pasado para ser juzgados por sus letras Pablo Hasél, Valtonyk, los hermanos Ayax y Prok, Cíniko, Volk GZ y Adam Molotov y muchos otros más que no llegan a los medios de comunicación. La mayoría de estos raperos son jóvenes poco conocidos pero cuya música penetra en algunos de los sectores de la juventud cercanos a ellos, en los barrios y ciudades. El tono crítico de sus letras refleja la rabia y conciencia de algunos de estos sectores juveniles, lo que los convierte en objeto de persecución para el Estado. Pero no se trata solo de una cruzada contra los raperos y la música en general. Desde que la juventud, los trabajadores y demás sectores populares irrumpieron hace algunos años contra este Régimen político, el gobierno del PP ha iniciado una brutal campaña de criminalización que tiene como principal objetivo alimentar y justificar sus políticas represivas. Hemos visto procesos judiciales tan estrambóticos como los abiertos contra Los titiriteros, contra los jóvenes de Alsasua o contra Cassandra.

Entre los que vienen siendo acusados y procesados hay varios denominadores comunes. La mayoría de ellos pasan por el mismo tribunal: la Audiencia Nacional. Muchos comparten jueces y juezas, fiscales, y la acusación, que suele ser el ’enaltecimiento del terrorismo’ como en el caso de los 12 raperos. La modificación en 2015 el Código Penal supuso un endurecimiento de las penas por este delito a través de las redes sociales, por lo cual la Ley mordaza amplía el marco de la represión y endurece las condenas.

Si bien la represión no es algo nuevo en el sistema capitalista, hoy vivimos un momento en el que el Régimen del 78 está siendo cuestionado por amplios sectores populares, de la juventud y de los trabajadores. Ante esto, el gobierno viene desplegando una política abiertamente represiva, contra la libertad de expresión y contra cualquier movimiento que lo cuestione. Una política que en los últimos años ha significado el ataque a distintos sectores, desde sindicalistas, activistas y jóvenes "irreverentes".

Hoy el foco del cuestionamiento hacia el Régimen pactado del 78 está en el movimiento democrático catalán y el Estado no ha dudado en utilizar de la manera más dura todo el aparato judicial. Hace unos días, el colectivo La Insurgencia publicaba un comunicado en su perfil de Facebook ante la petición de prisión preventiva para los líderes de ANC y Omnium, juzgados por la misma jueza a cargo del proceso de los raperos, Carmen Lamela. Allí expresaban que "no hace más que aumentar la lista de presos por sus ideas y su militancia en España. La represión que se ha cebado y se ceba estos días con los catalanes que exigen un derecho tan básico como votar, es la misma represión que llevan sufriendo numerosos colectivos, pueblos, organizaciones, artistas y activistas desde el franquismo y la falsa Transición".

Con todos estos casos queda claro que el Estado tiene a su disposición un aparato judicial que garantiza "el orden" y que no duda en utilizar en multitud de escenarios. Una estructura que viene mejorando y adaptando a los tiempos actuales, como se hizo con la "Ley Mordaza" pero que ya quedó bien delimitada en la Transición para poder quebrar cualquier cuestionamiento al status quo del Régimen del 78.

La brutalidad de esta maquinaria represiva la vemos hoy desplegada en su máxima expresión en el ataque al movimiento democrático catalán. La decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión preventiva sin fianza al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y otros siete consellers, así como la orden internacional de detención contra Puigdemont y otros cuatro consellers dan muestra de la enorme escalada represiva del gobierno con apoyo del resto de fuerzas políticas como PSOE y Ciudadanos.

La situación abierta en los últimos días muestra un salto en la expresa voluntad del Régimen del 78 de imponer una salida autoritaria a la crisis catalana, una vía de restauración conservadora de la crisis del régimen abierta desde el 15M en adelante.