Leandro Aparicio es de Bahía Blanca. Hace poco menos de seis años se hizo cargo junto al abogado salteño Sergio Heredia del patrocinio de la familia de Daniel Solano, el joven trabajador rural nacido en Tartagal, que el 5 de noviembre de 2011 fue visto por última vez en Choele Choel (Río Negro).
El caso de Daniel Solano es la expresión más extrema de una larga historia de esclavitud legalizada, persecución institucionalizada y muerte planificada. Y también de impunidad. La Izquierda Diario le ha dedicado muchas notas y artículos al caso e incluso produjo en 2015 el documental “Daniel Solano, golondrina ausente”, con testimonios e imágenes desde el lugar de los hechos.
A seis años, este diario conversó con el abogado Aparicio, quien habla del estado actual de la causa y menciona con nombre y apellido a todos los culpables: los que secuestraron y desaparecieron a Daniel y quienes encubrieron a los criminales. Empresarios, dirigentes sindicales, policías, jueces, fiscales, intendentes y gobernadores.
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Todo esto ocurrió mientras desde la Casa Rosada se alardeaba la “defensa de los derechos humanos”. Hoy, bajo el gobierno de Cambiemos, lo único que cambió es que el nuevo embajador de Estados Unidos, nombrado por Macri, es nada menos que Fernando Oris de Roa director de Expofrut SA, la empresa responsable de la desaparición de Daniel Solano.
A seis años de la desaparición forzada de Daniel Solano ¿cómo está la causa
Hace tres años la causa fue elevada a juicio, el debate va a comenzar el 15 de febrero de 2018 y terminaría los primeros días de mayo. Esta es la causa principal, donde fueron procesados siete policías que hoy están en libertad, cobrando sueldo y sin ningún tipo de sanción.
No es la única causa abierta en el caso ¿no?
No. Hay otra causa, desdoblada de ésta, que es la del jagüel, en la que se realizará una pericia este 15 de noviembre. Después hay 23 causas conexas que están todas paradas, algunas en la justicia federal y las otras en la justicia provincial, donde están acreditadas la estafa que sufrió Daniel y otros trabajadores y donde también está el dictamen de la Secretaría de Trabajo de Río Negro, donde se determina que a Daniel Solano lo estafaron en $ 20.000. Para nosotros la estafa sería de un monto de $ 33.000, pero para el caso es lo mismo, porque estaría para elevarse a juicio y en proceso de detención.
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Tampoco se elevó a juicio la causa por denuncias que nosotros, desde la querella, hicimos a otros policías, a la jueza Marisa Bosco y al fiscal Miguel Ángel Flores. No se elevaron a juicio tampoco las denuncias que hicimos por la desaparición de otros trabajadores: Héctor Villagrán, cuyo cuerpo se encontró y Pedro Cabañas Cubas que sigue desaparecido. También denunciamos el asesinato de Andrés Cuyebay, que lo mataron como a Daniel pero que lo hicieron pasar como que se ahogó en un río.
¿También hay una causa por trata de personas?
Sí, pero tampoco tiene movimiento, salvo procesamientos. En esa causa fueron acusados los patrones de Solano. El cargo del que se los acusa tiene una pena mínima de cuatro años. Sin embargo, a pesar de que fueron intimados a que se presenten en la primera ocasión y no lo hicieron, a pesar de que fundieron cinco empresas a propósito, a pesar de que hay una defraudación de más de $10 millones a la AFIP, sólo los procesaron y siguen en libertad, a pesar de que son ellos los autores intelectuales del crimen de Daniel.
En definitiva, todo lo que se ha movido es por impulso de la querella y desde el mismo momento de la detención de los policías hubo un parate, hubo una orden de frenar las causas.
¿Por qué los siete policías imputados están en libertad y cobrando un sueldo?
Es una pregunta que no puedo responder, eso lo debería responder el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck. El otro día él tuiteó que manifiesta su indignación porque en Bariloche agarraron a un policía robando y dijo que ellos eran inflexibles, que fue desafectado de la fuerza. Yo le contesté “¿qué estás haciendo con los policías que mataron a Solano?”.
En Río Negro la Policía tiene un estatuto que es inconstitucional, pueden estar acusados, como en este caso, de homicidio, pero hasta que no esté firme la sentencia pueden seguir sin problema alguno siendo policías. Esta es otra imputación que le vamos a hacer a la provincia de Río Negro, además de otras.
¿Cuántos jueces estuvieron vinculados a esta causa y por qué hubo tantos cambios?
La primera jueza que estuvo en la causa fue Marisa Bosco, fue denunciada por nosotros el 18 de enero de 2012, se apartó de la causa y en el mes de julio pidió licencia. Fue una maniobra, el senador Miguel Ángel Pichetto la salvó porque había un informe elevado sobre la auditoría que se hizo sobre la causa, no sólo sobre la responsabilidad que tuvo en esta causa, sino en otras. Pero el Consejo de la Magistratura no inició ninguna causa porque ella renunció.
Leandro Aparicio junto al papá de Daniel Solano
También denunciamos al fiscal Flores. Esa denuncia fue ratificada por el Tribunal de Justicia. Se trata de una acusación sobre su actuación en la causa Solano y otras. Logramos que este fiscal quedara imputado y él terminó haciendo lo mismo. Se tomó vacaciones y renunció, ahora trabaja de abogado. Al otro fiscal que intervenía, Guillemo Bodrato, y al juez Julio Martínez Vivot, también los denunciamos. A todos ellos los denunciamos por encubrimiento y desvío de la investigación. Pero todo esto esta frenado.
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Ustedes reconstruyeron el posible itinerario fatal de Daniel y están convencidos de que su cuerpo fue arrojado en un jagüel cercano a Choele Choel. ¿Qué pasó con el pedido que hicieron para que se baje a ese pozo?
Hace tres años llegamos al jagüel. Desde ese momento sufrimos la maniobra del fiscal Bodrato (que ahora es juez), de la fiscal de Cámara (que ahora es camarista) y de Martínez Vivot (hijo de un ministro de Justicia de la dictadura), quien era juez subrogante que nos tuvo dos años dando vueltas con la causa.
Agregaron testimonios truchos de jaguaneros que decían que era imposible bajar al jagüel, porque se corría el riesgo de que se desmorone. Nosotros llevamos un geólogo, experto en perforación, que fue hasta el jagüel e hizo un dictamen, después nosotros acompañamos eso con un protocolo de cómo se podía bajar teniendo en cuenta todo los riesgos, para evitarlos. El juez Martínez Vivot hizo todo lo posible para demorarlo. Primero se opuso. Apelamos. Nos dijo que sí y después comenzó a pedir oficio a todas las cámaras estatales. Todas le contestaron, tanto nacionales como provinciales, que no podían hacer ese trabajo. Entonces desde la querella buscamos una empresa que se dedica a esto. Porque en el jagüel, además del cuerpo de Daniel, tiraron arriba una vaca, una yegua, una heladera, mucha basura.
¿En qué se basa ese protocolo?
Hay que hacer un procedimiento para primero sacar todo hasta llegar al cuerpo de Daniel y ponerlo en piletas. Y hay que hacerlo junto al cuerpo de antropólogos forenses para poder determinar lo que se halló. Este procedimiento es muy costoso, sale aproximadamente $ 3 millones. Estamos buscando que esa plata la ponga o la provincia de Salta (de donde es Daniel), o la de Río Negro o directamente Nación. Hasta ahora no respondieron, estamos supeditados a que aparezca la plata para comenzar esta pericia.
¿Y el 15 de noviembre qué se va hacer en el jagüel?
Ese día lo que se va a realizar es el vaciamiento del jagüel, se va a quitar toda la basura, la heladera, la vaca, la yegua. Mientras tanto insistimos en que el Estado ponga el dinero para periciar ese lugar. Y si no lo conseguimos acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cómo es el proceso judicial en curso contra los autores ideológicos del crimen?
Hay varios procesos. Nosotros los estamos denunciando dentro de la causa por homicidio, donde también los acusamos por trata de personas. Desde julio de 2012 no ha avanzado la causa contra ninguna otra persona, más allá de los siete policías, a pesar de todas las pruebas que presentamos. Respecto al delito de trata de persona y de estafa, la quieren enviar al fuero Federal, la quieren meter junto a una causa que tienen de trata, pero todavía está muy lento el proceso. Nosotros pudimos demostrar que tenían como pantalla ser una cooperativa, cuando en realidad captaban personas y se las ofrecían a Expofrut, les cobraban a ellos el trabajo que realizaban los empleados a los que después sólo les pagaban la mitad. Además de esto traían drogas desde Orán y Tartagal, Salta, y la enviaban a Europa, vía San Antonio Este. Nosotros también pudimos acreditar que esos señores, Pablo Mercado y los hermanos Gustavo y Adrián Lapenta, de la empresa tercerizada cordobesa Agrocosecha, son los autores ideológicos de la muerte de Daniel, acreditamos la connivencia que tenían con los policías, tenían su propia seguridad privada que eran policías de Río Negro.
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¿Sólo Daniel Solano fue víctima de ellos?
No no, hay más. Lo que hicieron con Daniel es lo mismo que hicieron con otros trabajadores, como con Pedro Cabaña Cubas, que desapareció y su cuerpo fue encontrado en una isla, cerca de Conesa. Como hicieron con Héctor Villagrán, con Andrés Cuyebay, los tres trabajaban para ellos. Si se quejan los amenazan o los matan.
Estos trabajadores golondrinas del norte no tienen a nadie que los defienda, no tienen ningún derecho y sabemos que (el sindicato) Uatre está con la patronal. Están solos, a la deriva. Todo esto está denunciado en las distintas causas y hasta ahora sólo lo pudimos imputar por trata de persona en la justicia federal, y por lesiones en la justicia provincial.
Decías que esta gente trae drogas desde Salta y que después la exporta a Europa, ¿lo hace bajo el paraguas de Expofrut?
Lo que pudimos comprobar es que ellos, cuando traen trabajadores desde Salta, cargan la droga en los baños de los micros El Tucumanito. Y los trabajadores que viajan no pueden usar los baños, justamente por esto. Hasta acá es lo que pudimos investigar nosotros. Cuáles son sus conexiones para exportar la droga, no sabemos. Si no hubiera una justicia federal corrompida, y cómplices de estos delitos, se investigaría esta denuncia. Pero hasta los mismos efectivos del grupo BORA de la Policía acompañaban a estos micros en la vuelta.
¿Qué responsabilidad tiene el poder político en esta causa? Vos mencionaste la complicidad de Pichetto para encubrir el rol de una jueza, por ejemplo ¿Qué rol jugó el exgobernador peronista Carlos Soria?
La muerte de Daniel Solano se da en un momento político de Río Negro muy especial. Después de 28 años de estar gobernada por el radicalismo, ganó la gobernación Soria. Días después desapareció Daniel. El vicegobernador, que después de la muerte de Soria asumió la gobernación, escuchó las denuncias de Sergio Heredia, el abogado que actúa conmigo en la querella.
Nosotros metimos una denuncia contra la jueza, el fiscal y 22 policías, y este vice, que nunca imaginó llegar a la gobernación, acompañó la denuncia para sacarse el lastre de 28 años de gobierno radical. Hasta que detuvieron a los siete policías. A partir de ahí quedó un vacío.
Esta complicidad del poder político y los jueces con los empresarios tiene algunas similitudes con el caso de Santiago Maldonado. ¿Qué opinión tenés de lo que ocurrió en Chubut?
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El contexto es distinto, Santiago desapareció porque se solidarizaba con la lucha del pueblo mapuche contra Benetton. El caso de Daniel tiene varios ejes, el trabajo esclavo, el rol de los sindicatos propatronales. Y otra gran diferencia es que la desaparición de Daniel no tuvo la repercusión que tuvo la desaparición de Santiago. La presión social permitió que apareciera el cuerpo, ellos pudieron encontrar el cuerpo, mientras que la causa que seguimos en Río Negro sigue encorsetada en la provincia y no se conoce a nivel nacional. |
