El Gobierno macrista, a tono con las contrarreformas que atacan los derechos de los trabajadores, ahora insiste en terminar con las “mafias” de los juicios laborales. Con esta excusa, lo único que se busca es que el trabajador que se lesione en su puesto de trabajo no tenga derecho a una indemnización, ahorrándole al bolsillo de los empresarios.
Según el relato oficial habría “empleados infieles” que proveen datos a la ART, con el único fin de agarrar plata. Esto no es más que una mentira sin pies ni cabeza.
Veamos: como explica una médica profesional, que además es perito de oficio en juicios por lesiones laborales, “cuando la salud pasó a manos privadas el cuidado de la salud a manos privadas simultáneamente se convirtió en un negocio, porque la empresa les paga a las ART un porcentaje per cápita fijo por cada empleado a cargo. Entonces mientras menos trabajadores manda la empresa a la ART, menos tiene que pagar”.
Además, como explica la perito “(…) al día de hoy, inclusive, las patronales les informan poco a sus empleados sobre la existencia de las ART y cómo se manejan. Ni hablar del servicio médico en planta, que es altamente deficiente en la abrumadora mayoría de las fábricas y establecimientos. Para no hablar del trabajo rural donde directamente no existe”.
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La gran mentira de la “alta” litigiosidad
No sólo no abundan los casos de juicios “engañosos”, sino que a un laburante de a pie, le resulta casi imposible llegar a una instancia judicial con una empresa después de lastimarse la salud a costa de trabajar para una empresa.
El Gobierno, además, insiste en que los juicios laborales serían un terreno liberado donde un manojo de privados hacen lo que quieren, sin ningún tipo de supervisión. Falso, otra vez. Cuando se crean las ART en los años ’90, también se crea la Superintendencia de Riesgos de Trabajo mediante la cual, supuestamente, el Estado supervisaría a las ART.
La SRT está compuesta por una Comisión Médica de tres doctores magistrados. Generalmente la comisión médica está compuesta por letrados que designan las ART, es decir que Estado, SRT y empresas conforman una sociedad en conveniencia con los intereses de las empresas que lucran con la salud de los trabajadores mientras el Estado, que debería controlarlo, naturalmente mira para otro lado.
Como explica Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas, "los caranchos van a los hospitales, en este caso el carancho sería la ART. Es un negocio de ellos. El propio sistema, sin prevención y con una ley de ART inconstitucional, es el que empuja hacia arriba la litigiosidad".
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Lucrando con la salud obrera
Que el sistema de ART no funciona, no es una novedad. Pero el problema no está en el exceso de juicios, ya que los trabajadores para lograr una indemnización por lesiones o incapacidad es un arduo proceso que lleva años, donde la responsabilidad de presentar las pruebas recae casi exclusivamente en el trabajador.
Desde la creación del sistema privado de aseguradoras de accidentes laborales, los únicos beneficiados fueron las empresas que lucraron con la salud obrera.
Ahora, lo que quiere hacer el Gobierno, es que sea prácticamente imposible realizar un juicio por accidentes en el trabajo. Otra forma de que los empresarios expriman aún más a sus trabajadores, los despidan sin causa y éstos no tengan derecho ni siquiera a un juicio. | 
