Foto Diario Jornada
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó en las últimas horas el apartamiento de la fiscal federal Silvina Ávila de la causa en la que se investiga la muerte de Santiago Maldonado (denominada FC 8232/17). En esa causa la APDH es querellante.
Según el organismo de derechos humanos, existe un “conflicto de intereses” que estaría impidiendo el avance en el expediente y, por lo tanto, en el esclarecimiento del caso.
Es que la fiscal Ávila actúa no sólo en esta causa sino en otra que está íntimamente ligada a ésta: la que dio origen nada menos que al operativo represivo de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 40 a la altura de Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
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Vale recordar que ese operativo, a las órdenes prácticas del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, comenzó el 31 de julio e involucró a escuadrones de Gendarmería de las ciudades de Esquel, El Bolsón y Bariloche. El objetivo fue despejar un piquete una decena de jóvenes en la ruta y, de ser posible, detenerlos a todos y llevarlos presos.
El piquete era en protesta por una serie de detenciones ilegales producidas contra miembros de esa comunidad mapuche en Bariloche, durante una manifestación pacífica en reclamo por la libertad del lonko Facundo Jones Huala, preso político del Estado argentino a pedido del Estado chileno.
La fiscal Ávila es, en efecto, quien interviene en la causa caratulada “NN s/entorpecimiento de servicios públicos”, donde se acusa a la Pu Lof de violar el artículo 194 del Código Penal (impuesto por Onganía en 1968).
Así, denunció la APDH en un comunicado de prensa, “mientras que en una de esas causas (la fiscal Ávila) persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado”.
Gisela Cardozo de la APDH explicó a Página|12 que “en la causa del corte de ruta (Ávila) acusa a la comunidad y de alguna manera está defendiendo a Gendarmería, mientras que en el otro expediente (por la desaparición y muerte de Maldonado) sería a la inversa”. Por eso, dijo la referente del organismo, hay “un conflicto de intereses. Lo decimos ahora porque para ampliar las pruebas hacen falta más indagatorias que ella no estaría en condiciones de propiciar”.
“La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir, brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación”, indicaron desde el organismo. En ese sentido la APDH pidió al juez federal Gustavo Lleral la recusación de la fiscal, a quien en reiteradas oportunidades desde parte de las querellas se la ha catalogado como “la abogada de Gendarmería”.
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Ahora resta saber si Lleral está dispuesto a desplazar a la funcionaria, quien mantiene estrechísimos lazos con los ministerios de Seguridad y de Justicia nacionales y se convirtió en un factor central en la (no) investigación y en el encubrimiento de los máximos sospechosos de este crimen de Estado.
En el “conflicto de intereses” que la atraviesa, judicialmente hablando, la fiscal no estaría teniendo mucho empacho en ubicarse del lado de unos intereses y en contra de los otros. | 
