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Este miércoles se reunió la Comisión de Justicia del Senado de la nación. Con la presencia del ministro de Justicia nacional, se debatió alrededor del proyecto de ley presentado por el oficialismo, con el apoyo de parte del peronismo, para modificar el Ministerio Público Fiscal.
El proyecto en cuestión, presentado por los senadores Pichetto (FpV-PJ) y Federico Pinedo (Cambiemos) apunta a debilitar la estabilidad de la figura del Procurador general de la Nación. Además, deja en un lugar indeterminado a las procuradurías especializadas, al no definirlas en la nueva norma. La ley actualmente vigente implica la existencia de seis: narco-criminalidad, trata de personas, violencia institucional, crímenes contra la humanidad, investigaciones administrativas y lavado de activos.
Uno de los mayores cuestionamientos que vienen teniendo lugar se relaciona con la forma de remoción del Procurador general. La norma actual sostiene que son necesarios dos tercios de la cámara para proceder a la destitución. El nuevo proyecto planteaba que esto pudiese llevarse a cabo por mayoría simple de la Cámara. Finalmente, el oficialismo podría retroceder en esto.
La crítica a la situación de las procuradurías especializadas fue otra de las que más sonó ayer. Entre las mismas se encuentran unidades como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) o la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), por solo citar algunas. Esta última, como es ampliamente conocido, fue fundamental para que se conocieran testimonios de la comunidad mapuche en el caso por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado.
Ayer, durante la reunión, el ministro Garavano “interpretó” a su modo la propuesta del proyecto que defendía. “Yo entiendo que de ninguna manera elimina procuradurías, sino que le da la posibilidad –al Procurador– de evaluar cuáles son las que se deben priorizar”, intentó explicar Garavano.
El oficialismo ayer volvió a defender una de las modificaciones a la normativa actual. La que propone que el procurador sea suspendido de manera inmediata por “decisión fundada” del Poder Ejecutivo.
El mecanismo en cuestión constituye una verdadera arbitrariedad. De avalarse, consagra un mecanismo de fuerte intervención por parte del titular del Poder Ejecutivo sobre una institución del Poder Judicial. Las críticas que surgieron ayer estuvieron relacionadas con lo poco claros que eran los pasos del mecanismo con el que el presidente podría tomar esa “decisión fundada”.
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El macrismo, utilizando el alineamiento político de Alejandra Gils Carbó con el kirchnerismo, lanzó hace tiempo una ofensiva sobre el Ministerio Público Fiscal.
En acuerdo con la casta judicial, el Poder Ejecutivo intenta imponer una política de disciplinamiento en todas las áreas. Se trata de un complemento necesario a la política de ajuste que implican proyectos como la contrarreforma laboral, la reforma tributaria y las modificaciones al régimen previsional.
Fuentes: Página/12 y Parlamentario.com | 
