Maria Eugenia Vidal prefirió, a diferencia de lo que sucederá en el Congreso nacional, que el proyecto sobre el presupuesto 2018 para la Provincia, entre otras leyes, sea debatido con la actual composición de la Legislatura bonaerense.
Endeudamiento, y financiamiento nacional
El proyecto del oficialismo, contempla un presupuesto provincial por $ 630 mil millones e incorpora un pedido de autorización para endeudarse en $ 58.800 millones. Las áreas más beneficiadas serían las de Desarrollo Social, Infraestructura, y en menor medida la de Salud.
Como lo hicieron durante la campaña electoral, para asegurarse la victoria de Bullrich en la madre de todas las batallas, el proyecto privilegia la asignación de recursos a la obra pública y asistencia social, a cambio de un importante endeudamiento y financiación de Nación con miras al 2019.
La Provincia hasta ahora mantenía un litigio judicial con la Nación, por el congelamiento del Fondo del Conurbano desde 1996 en 650 millones de pesos. La demanda esperaba que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.
Pero Macri le propuso a Vidal que retire la demanda a cambio de 20 mil millones de pesos adicionales en 2018, que con lo que ya percibe por coparticipación sumarían $ 40 mil millones. El monto alcanzaría $ 65 mil millones en 2019, y a partir de ese año, la suma se actualizaría por inflación. A este caudal de dinero varios medios lo han denominado: “fondo Mariú”. Mientras que el resarcimiento por el Fondo del Conurbano se estimaba que llegaría a cerca de 400 mil millones de pesos. Vidal los resignó.
Para el ejercicio del año próximo, Maria Eugenia Vidal contará con una suma extraordinaria de dinero, que aún no se sabe a dónde se destinará y quién decidirá cómo usarlo, ya que el financiamiento otorgado por Nación no está dentro de la ley del presupuesto 2018. El poder del Ejecutivo provincial se fortalece así, vía la caja otorgada por el presidente. Hasta el momento el único trascendido es que Vidal habría prometido que 3.200 millones vayan a los municipios, a cambio de que legisladores peronistas aprueben el presupuesto en las cámaras. Aunque está por verse cuánto llegará a cada distrito y nuevamente quién decide el destino de ese monto.
Condicionar a los intentendentes
Hasta el momento, las intendencias dependían de dos cajas: del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y del Fondo Educativo.
El proyecto enviado por el oficialismo a la Legislatura, prevé la eliminación del FIM. Las tareas de infraestructuras y el destino de fondos a obras serán monitoreadas desde el Ejecutivo provincial.
Con respecto al Fondo Educativo hasta el momento los municipios usaban discrecionalmente esos fondos. Con la nueva ley, de aprobarse, desde los distritos tendrán obligación de dedicar el 85 % del mismo a obras de infraestructura escolar, con la administración provincial deduciendo (en un 50 por ciento en el caso del conurbano y un 40 % en el interior) cuáles serán las que se ejecutarán, según informan LaTecla y LetraP.
Dentro de los proyectos a tratar, se incluye la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal. Vidal busca la adhesión a una serie de condiciones para obtener beneficios. Apunta “al achicamiento de la estructura”, lo que significa que por ejemplo el “empleo público no podrá aumentar más que la población”, y así controlar desde el Ejecutivo la planta de trabajadores en los municipios.
Según los portales bonaerenses, los intendentes tampoco podrán incurrir gastos extraordinarios en los últimos seis meses de su mandato, para evitar trasladar ese costo a sus sucesores. Esta condición tiene como objetivo condicionar sobre todo a los intendentes peronistas, que Cambiemos les podría arrebatar las intendencias en 2019.
Según La Tecla, “quienes no adhieran [a la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal] no podrán contar con respaldo provincial para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras.
En la práctica, esto significa que, en caso de imponderables como inundaciones o sequías, las comunas sólo contarán con los fondos coparticipables, sin posibilidad de acceder a otros financiamientos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o Provincial (ATP)”.
De conjunto, Vidal avanza en afianzar el poder económico del Ejecutivo, condicionando la autonomía económica y política de los municipios, mientras beneficia a distritos amigos, negocia con los colaboradores, y castiga a quienes no quieran llegar a acuerdos.
La negociación con el peronismo
Cambiemos, como en el Congreso, no cuenta con mayoría automática en la Legislatura bonaerense como para aprobar el presupuesto 2018. Desde hace semanas comenzó las negociaciones con los distintos sectores del peronismo que influyen a los legisladores actuales.
Primero cerró un acuerdo con Massa. Así lo detalló el diario El Día: “Se reunió con Vidal, abrochó inversiones para los distritos donde gobiernan dirigentes de su confianza y algunos espacios de poder. Por caso su cuñado, Sebastián Galmarini, desembarcará en el directorio del Banco Provincia”.
Luego emprendió un acuerdo con intendentes peronistas a cambio de obras para municipios, siempre que garanticen que sus legisladores afines apoyen el proyecto.
Cómo oponerse a los planes de Vidal
Sólo diez de los diecisiete integrantes del bloque Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, no votarían, por ahora, el proyecto.
“Desde que asumió Maria Eugenia Vidal al frente de la gobernación bonaerense endeudó a la Provincia en cerca de 5.300 millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa de India, el sexto país con mayor PBI del planeta. Como si fuera poco nos propone seguir endeudándonos, aumentando la toma de deuda en un 30 % con respecto al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, durante 2017 subejecutó las partidas en áreas clave como Salud, Desarrollo Social y las políticas de género”, denunciaron, entre otras consideraciones.
También el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (Idesba), dependiente de la CTA provincial, denunció el proyecto del oficialismo. Detalló que “desde que asumió Vidal Educación cayó un 7,7 % y perdió 1,8 puntos porcentuales en el presupuesto ($ 30.357 millones)”, que se contrae deuda, para pagar más deuda, “un 82,6 % de la deuda se destinará a amortizaciones e intereses”, junto con sostener que “en 2018 los 15.554 puestos de trabajo permanentes menos en el gobierno de Vidal desfinanciarán el IPS”, a la vez que denuncian la precarización del trabajo docente porque se reduce un 10 % la creación de cargos titulares.
Sin embargo, tanto los legisladores kirchneristas como los dirigentes sindicales de los gremios estatales agrupados en la CTA Buenos Aires, se “opusieron” al proyecto de Vidal con una estrategia parlamentaria testimonial. Entre hoy y mañana se votarán las leyes de Cambiemos, sin que hayan convocado a una sola medida para enfrentarlo, con los trabajadores en la calle, para frenar un proyecto que endeuda por décadas a la provincia de Buenos Aires y perjudica a los estatales.
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Esta es otra lección, ante el debate sobre la contrarreforma laboral, sobre cómo enfrentar al Gobierno y los planes de los empresarios, cuando atacan a los trabajadores, sectores populares e incluso a las próximas generaciones.
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Sólo la izquierda (FIT), como lo expresó públicamente el recientemente diputado electo Nicolás del Caño, se puso a disposición y llamó a organizar la lucha extraparlamentaria. Las bancas son un punto de apoyo, para fortalecer las experiencias de resistencia de los trabajadores, como el caso de los trabajadores de la educación que vienen enfrentando la reforma educativa del macrismo, a diferencia del kirchnerismo que las utiliza para contenerlas o pasivizarlas. | 
