Finalmente el Ejército se hizo del gobierno en Zimbabwe. El presidente destituido, Robert Mugabe que gobernó el país durante los últimos 30 años, se encuentra “protegido” en su casa según confirmo tanto fuentes castrenses y del gobierno de Sudáfrica.
Los mandos militares insisten en que no se trataría de un golpe de estado sino de asegurar la depuración de los "criminales" que rodean al presidente. Según un sector, ligado a Mugabe, de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), el presidente y su familia estarían detenidos y apuntan a que el exvicepresidente (destituido semanas antes por Mugabe) Emmerson Mnangagwa estaría detrás de lo que consideran un golpe.
Como si todo esto no fuera confuso, aumentan los rumores de contactos entre líderes del Ejército y la oposición para conformar un posible gobierno de transición ante la renuncia de Mugabe. A lo que se suman los discursos interesados en presentar al Ejército como los responsables de “terminar con la dictadura” de Mugabe o quienes aseguran se trata de un golpe para terminar con conquistas conseguidas en la lucha por la liberación nacional.
Para entender esta intrincada trama, en esta nota abordamos algunas claves de la situación política y económica que han transformado la crisis en Zimbabwe en un problema de impacto regional.
La acción del Ejército busca definir el “juego de tronos”
La intervención del Ejército contra el presidente Mugabe tiene un primer objetivo: definir la disputa entre las fracciones del poder.
Unos días atrás un sector del Ejército había advertido que no iba a tolerar que Mugabe continuara la purga contra el sector del gobierno ligado al ex vicepresidente Mnangagwa.
La disputa entre fracciones del poder no es nueva, pero el intento de ubicar a Grace Mugabe, esposa del presidente, en la línea de sucesión y la destitución de Mnangagwa, de la vicepresidencia, término por definir la ruptura entre los distintos sectores.
Más allá de esta disputa de cuotas en el poder, de fondo la batalla era por definir quién comandaría una serie de reformas económicas y sociales tras décadas de gobierno de Mugabe. Todo indicaba que sería Mnangagwa que tiene un fuerte apoyo dentro de las fuerzas armadas y de seguridad, fue varios años jefe de inteligencia, y entre los veteranos de la guerra de guerrillas de los años 70. Además Mnangagwa es visto como una garantía para encarar las reformas por los principales gobiernos del sur de África y el imperialismo.
Por el contrario una candidatura de Grace Mugabe contaba con la desconfianza de las fuerzas armadas, el rechazo social en los grandes centros urbanos y una endeble posición dentro del partido de gobierno.
El levantamiento militar comienza a definir el “juego de tronos” como demuestra el anunció de que buscan asegurar la depuración de los "criminales" que rodean al presidente. Otra expresión de que la acción militar busca garantizar una transición son las cuidadosas declaraciones sobre el presidente. No desconocen que la reforma agraria que expropió la tierra de las grandes empresas, a manos de los blancos, para entregarla a campesinos negros, continúa como un recuerdo presente entre millones de habitantes en las zonas rurales del país que apoyan a Mugabe.
Apoyo regional para una transición con final incierto
La acción de los militares contra Mugabe, lejos de despertar el rechazo regional, recibió varias muestras a favor junto a pedidos de acelerar la transición hacia un nuevo gobierno.
La definición más importante la dio el presidente sudafricano, Jacob Zuma, quién pidió calma a la población de Zimbabwe y rápidamente envió 2 delegados de su gobierno a entrevistarse con los militares.
Por otro lado, el marcado apoyo de las fuerzas armadas para con Mnangagwa es bien visto por las principales potencias internacionales que buscan garantizar una transición ordenada y la imposición de una serie de reformas económicas que fomenten la apertura del país a las inversiones extranjeras.
Pero la situación actual no deja de plantear algunos interrogantes que preocupan a los líderes de la región y de las principales potencias: es incierta la posibilidad de una transición rápida, sin estallidos sociales y sin que los enfrentamientos entre fracciones deriven en una crisis regional.
La posibilidad de mantener durante un periodo extendido un gobierno militar choca con las resoluciones de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SACD por sus siglas en inglés) y la Unión Africana que impide la interrupción de un gobierno constitucional e implicaría la intervención regional contra Zimbabwe. Un terreno al que nadie quiere llegar.
También sería un nuevo problema para Estados Unidos y las potencias europeas que, aunque no tienen intereses directos por ahora en el país, se verían implicados por sus intereses en varios países de la región. Otro afectado sería China, que como parte de su ofensiva para asentar su expansión en África, planeaba invertir varios miles de millones para quedarse con las operaciones de la Compañía de Hierro y Acero de Zimbabwe (ZISCO).
La crisis social continua latente y sin resolución
La contracara de esta disputa por arriba es una verdadera situación catastrófica para la mayoría de la población en Zimbabwe.
Mientras Mugabe, los miembros de su gobierno, la alta esfera del ZANU-PF y el Ejército se benefició con negocios multimillonarios durante estos años, la crisis social y económica se ha agudizada.
La crisis estalló el año pasado en forma de distintas protestas en todo el país. Lo que había comenzado como un reclamo, impulsado por sectores de la oposición, en las redes sociales bajo el hashtag #ThisFlag se extendió a huelgas y movilizaciones.
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Se calcula que un 90% de la población económicamente activa está desempleada y alrededor de 3 millones se han ido al exilio. El país desde 2009 adopto una canasta de monedas extranjeras -en gran parte el dólar estadounidense- en remplazo de una moneda propia lo que ha generado la falta de fondos.
Los empleados públicos, médicos y maestros están con la mayor parte de sus salarios adeudados, incluso los miembros de las fuerzas armadas manifestaron en varias ocasiones su descontento por la falta de pago de sus salarios.
La intervención del Ejército busca aplacar este descontento, creado por las penurias económicas, con el discurso de un cambio en la situación política y un nuevo gobierno que encare una serie de reformas que mejoren la economía. Hasta ahora ha logrado el apoyo explícito o implícito de la oposición que se mostró abierta a formar parte de un nuevo gobierno de transición.
Lo cierto es que poco se puede esperar de la respuesta a la profunda crisis en manos de los que fueron parte del gobierno que llevo a esta situación. A espaldas del pueblo se negocia el futuro del país, buscando la aprobación de las potencias internacionales, lo que augura que quienes deberán cargar con los terribles efectos de la crisis económica y social seguirán siendo los trabajadores y el pueblo pobre. | 
