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15 de noviembre de 2017 Twitter Faceboock

Mundo Obrero
Organismos de DDHH se solidarizan con trabajadores de MAM ante la criminalización de su lucha
Mariana Derni | Abogada del CeProDH

Organismos de Derechos Humanos de Neuquén y Alto Valle, Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, Zainuco, APDH, Corriente Militante por los DDHH y CeProDH se solidarizan con la lucha de MAM y contra la criminalización de sus trabajadores.

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Los integrantes de organismos de Derechos Humanos de Neuquén y Alto Valle, Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, Zainuco, APDH, Corriente Militante por los DDHH y CeProDH nos citamos en el día hoy en la Fiscalía General de la Provincia para manifestar nuestra profunda preocupación acerca de la manera en la que, desde el Estado y el Gobierno, en connivencia con la empresa y amparando a esta en su actuar ilegal, vienen profundizando la situación generada en contra de los trabajadores de la maderera MAM.

Convencidas que la lucha contra la criminalización de quienes se organizan y pelean ante los despidos, las suspensiones y el avasallamiento de derechos de los trabajadores es de primer orden, también nos hicimos presentes desde el CeProDH ante la Fiscalía General de la Provincia en el día de hoy.

Fue ante el Fiscal José Geréz, Jefe de Fiscales, que tanto las Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle como los restantes organismos que nos hicimos presentes manifestamos que, es el Gobierno Provincial y la empresa quienes deben dar una respuesta a los trabajadores que pelean por la reapertura de la Planta y la conservación de los puestos de trabajo.

Al tiempo que nos pronunciamos acompañando esta exigencia por parte de los trabajadores, instamos a que no sea la Justicia Penal la que se utilice para profundizar el conflicto, criminalizando a los trabajadores, convirtiéndolos en imputados y culpables.

Aduciendo una crisis que no han podido mostrar, ni en instancia administrativa desde el Preventivo de Crisis presentado, ni en instancia judicial, los directivos de la empresa dejaron, de un día para otro 94 familias en la calle.

Hasta el momento la respuesta por parte de los empresarios ha sido cerrar todas las vías de dialogo y solución posibles, sin explicación alguna más que su sed de ganancias. Y, por parte del Gobierno, en sintonía con el capricho empresarial, los trabajadores vienen recibiendo criminalización y chantajes.

En lugar de instar, desde el Gobierno Provincial y el Ministerio Público Fiscal a una solución, conservando los puestos de trabajo, echan a andar todos los andamiajes del sistema penal. Ello si, solo en contra de los trabajadores.

La empresa no ha sido investigada por ninguna de las acciones ilegales denunciadas por los trabajadores, ante la Fiscalía de Delitos Económicos, en cambio, se han llegado a formular cargos penales en contra de los delegados de la Planta en el marco de la causa iniciada por la empresa por la supuesta comisión del delito de “usurpación”.

Desde aquí que, se insistió ante el Fiscal José Gerez, en el reclamo legitimo por los puestos de trabajo y la no criminalización de esta lucha.

 
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