Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, son los autores de esta nueva hipótesis, que dieron a conocer en entrevista a La Jornada.
Estos investigadores ya habían derribado el 10 de diciembre la versión de la Procuraduría General de la República de que los normalistas habían sido incinerados en un basurero del municipio de Cocula.
¿Cómo desmontaron entonces la versión gubernamental? El sitio Sin embargo.mx señala en su artículo “Militares: Compromiso no cumplido” que “con argumentos científicos mostraron que los 43 normalistas no pudieron ser cremados en el basurero de Cocula sin que se detectaran las llamas, el olor y sin dejar huellas en el sitio, pero además sin los insumos y combustibles suficientes para desaparecer a tal cantidad de personas”. El gobierno no pudo entonces dar el carpetazo y cerrar el tema.
Ahora Montemayor y Ugalde establecieron que la incineración como destino final de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que querían ser maestros es una posibilidad real.
Recordemos que Elizabeth López Peña, agente del Ministerio Público, el 28 de septiembre pasado ordenó una inspección completa del 27 Batallón de Infantería, de la base del COE/PGR, la base de la PF en Iguala, así como de las sedes de las policías Estatal y Ministerial. Estas inspecciones no se concretaron, porque las autoridades de las fuerzas represivas se negaron. ¿Qué ocultan?
Se revela la podredumbre del Estado mexicano
De comprobarse que el Ejército no sólo entregó a los normalistas a los sicarios de Guerreros Unidos, sino que los incineró en los crematorios de sus instalaciones, se revelaría ante los ojos del mundo una de las expresiones más brutales del único y verdadero papel de las fuerzas represivas en el capitalismo decadente.
Ese papel no es otro que proteger las propiedades de las trasnacionales y de los empresarios mexicanos frente a la movilización popular. Ese papel es ejecutar, torturar, violar, desaparecer a quienes se atrevan a cuestionar en las calles la pauperización de la vida, los ataques a la salud, a la educación, la entrega de los recursos estratégicos al imperialismo.
Si se prueba que el Ejército asesinó o hizo desaparecer los cuerpos de los normalistas, Enrique Peña Nieto, el presidente, verá crecer exponencialmente el descontento contra el autoritario régimen del PRI-PAN-PRD, contra su propia figura, contra las fuerzas represivas.
Porque Ayotzinapa se suma al escándalo de Tlatlaya, a la brutal represión de San Salvador Atenco, a la entrega de migrantes a las redes de narcotráfico, y a una lista interminable de hechos que cuestionan seriamente al Ejército y la policía como institución.
Peña Nieto fue de gira a Estados Unidos, a reunirse con Obama, que lo citó, preocupadísimo por la situación de su patio trasero. México era la meca de las inversiones extranjeras por su estabilidad y el bajo costo de su mano de obra.
Ahora Peña Nieto debe ir a rendir cuentas de por qué Tlatlaya y Ayotzinapa se salieron de control, y revisar ajustes en la criminalización de los migrantes que viajan por territorio mexicano hacia el vecino del norte. ¿Qué nuevo golpe prepararán contra los trabajadores y los sectores populares?
Lo cierto es que en lo inmediato los movimientos sociales siguen activos, realizan mítines, manifestaciones, distintas formas de protesta. El día 6 ya se espera una movilización nacional de los trabajadores de la salud. Las marchas por Ayotzinapa no cesan.
Es necesario que el descontento se agrupe y forje una alternativa frente a la descomposición del Estado mexicano. Sólo los trabajadores, los jóvenes, los pueblos originarios, los campesinos y los migrantes, todos juntos, pueden dar una salida a los grandes problemas nacionales -la colusión entre narco, partidos institucionales y gobierno, precarización laboral, desempleo, feminicidios, ataques a la salud y a la educación pública, expoliación de los pueblos indígenas, entrega de recursos energéticos a las trasnacionales.
Es necesario que los sectores populares, con los trabajadores al frente, lleven a cabo una huelga general política para imponer un gobierno provisional de las organizaciones en lucha, y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que tome en sus manos el destino del país.
No se puede dejar la vida en manos de una clase política descompuesta, que día a día abofetea con nuevos agravios al pueblo de México. | 
