Fotografía: Reuters
Como parte de su discurso durante la instalación de la mesa temática "Gobernanza y democracia participativa", el 1° de enero el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, aludió a los sectores que se mantienen movilizados en el estado por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa diciendo que "hay quienes creen (...) que no va a haber orden para decirles que los van a parar y que les van a disparar, creen que no, son ingenuos, porque por supuesto que hay quienes si están decididos a dar esa orden."
Durante los últimos tres meses, prácticamente todos los días se realizaron movilizaciones y acciones radicales en el estado de Guerrero, incluyendo la quema del Congreso estatal, el palacio de gobierno de Chilpancingo, el palacio municipal de Iguala y la entrada principal de Casa Guerrero, la residencia oficial del gobernador. Desde que asumió como gobernador interino, Rogelio Ortega mantuvo una postura de no confrontación con los manifestantes, con un discurso de no tensar más la situación.
Tras el otorgamiento de licencia al ex gobernador Ángel Aguirre, señalado como responsable de la colusión de las autoridades con el narco en el estado, Ortega Martínez, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue elegido como sustituto por su pasado supuestamente ligado a la lucha social y su imagen cercana a las organizaciones sociales. Desde un principio esto fue visto como una maniobra y rechazado por el movimiento democrático en la entidad, que exige la salida del nuevo gobernador.
Ante la continuidad de las acciones en Guerrero en solidaridad con los familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Rogelio Ortega ha cambiado su postura de "tolerancia" hacia los manifestantes para alinearse a la política represiva del gobierno federal.
Amenaza de represión en un estado militarizado
Tras los ataques del 26-27 de septiembre de 2014 contra los normalistas en Iguala, el gobierno federal comenzó a militarizar el estado de Guerrero con efectivos del Ejército, la Marina y la Gendarmería nacional.
Posteriormente, con las vacaciones de fin de año en puerta y ante las afectaciones a la economía local producto de la crisis política en la entidad, Peña Nieto puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente, con el que las fuerzas federales tomaron el control en 32 municipios de la región, implementando el mando policial único bajo control del Ejército. Días después, el gobierno federal -bajo presión de los empresarios locales- presentó la Estrategia Emergente para la Reactivación Económica de Guerrero, principalmente para incentivar el turismo que representa un 25% del PIB en el estado.
No es sólo el turismo
El 3 de enero, el gobernador de Guerrero dijo en Acapulco que hay líderes sociales que se aprovechan de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa para ver por sus propios intereses, y que acciones como la liberación de casetas a cambio de pedir a los automovilistas una cooperación para el movimiento, representa un verdadero atraco a los turistas.
Con estas declaraciones, Rogelio Ortega busca aislar y criminalizar a los sectores que se mantienen movilizados en Guerrero para justificar su represión. Además, deja de lado que Ayotzinapa fue el detonante de un movimiento que expresa un profundo descontento acumulado durante años de ofensiva neoliberal y miseria.
Recientemente, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó resultados que revelan un incremento de la pobreza en el estado de 67.6% a 69.7% entre 2010 y 2012, alcanzando la cifra de 2,442,903 personas en esa situación. En estas condiciones, el gobernador busca evitar que los sectores solidarios con Ayotzinapa levanten demandas propias.
Por otro lado, la postura autoritaria adoptada por Rogelio Ortega responde también al llamado que vienen haciendo los padres de los normalistas desaparecidos -ante la falta de resultados por parte de las autoridades- a no participar en las elecciones de este año. Aunque el llamado de los padres es a nivel nacional, particularmente en Guerrero ha sido secundado por los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que han tomado ya decenas de ayuntamientos en el estado para preparar el boicot. | 
