Se espera que durante estas audiencias comparezcan el grupo de 11 mujeres peticionarias del caso, aunque sólo cinco de ellas darán testimonio: Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha comenzado las audiencias públicas en San José, Costa Rica por el caso de las 11 mujeres que acusan tortura sexual en los operativos realizados por las fuerzas represivas del Estado durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, contra los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco que se oponían a la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Ésta será la primera vez que comparecerán juntas ante un Tribunal las 11 mujeres peticionarias del caso desde mayo del 2006, cuando fueron ilegal y arbitrariamente detenidas durante la manifestación e iniciaron su lucha por que se conozca la verdad de lo ocurrido y se haga justicia”, apuntó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) previamente a las audiencias.

Los hechos de 2006 fueron un ataque brutal encabezado por el entonces gobierno del Estado de México de Enrique Peña Nieto, contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de a Tierra (FPDT) y adherentes a La Otra Campaña del EZLN y pobladores, que dejó como saldo el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier Cortés, además de más de 300 personas detenidas de manera arbitraria y con exceso de uso de fuerza, deportaciones de extranjeros y múltiples violaciones sexuales.

Durante esta primera audiencia, las declarantes darán su testimonio sobre los acontecimientos que vivieron en 2006 y posteriormente responderán a una serie de preguntas de los distintos representantes de la CoIDH. La primera declarante fue Norma Aidé Jiménez quien relató su detención y la tortura a la que la sometieron efectivos de la policía rumbo a uno de los penales de máxima seguridad que hay en el país.

"He tenido que reconstruir mi vida. Hoy el trabajo que me llena es acompañar a otras mujeres que están en silencio”, señaló Aidé Jiménez.

Dentro de las declaraciones resaltan también las irregularidades durante todo el proceso penal, donde continúan sin saber los nombres de los jueces frente a los que declararon al momento de ser detenidas. También han denunciado las diferentes instancias gubernamentales y de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se limitó a realizar algunos peritajes, donde las denunciantes no han visto materializada la justicia. Los efectos que han tenido por parte de las insituciones afines al régimen ha sido la revictimización en su contra.

En una sala llena, uno de los jueces preguntó a Aidé Jiménez “¿Qué sientes cuando enfrentas a personas que representan al Estado [mexicano]”, ella hace un silencio y responde “No es que me hagan sentir de una manera en particular. Hay una ausencia de justicia en el país, por lo que pedimos que la Corte emita una sentencia y se castigue a los responsables”.

Al cierre de esta edición, Angélica Patricia Torres Linares rinde su testimonio donde narra la política de disciplinamiento que se efectuó contra las mujeres por el caso Atenco y el papel de los medios masivos de comunicación para satanizar las reivindicaciones de los pobladores contra proyectos como el del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Las declarantes han manifestado ante la Corte que esperan justicia después de esta serie de audiencias. A días de conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, también han expresado que esperan que se garantice su seguridad y la de sus familias de manera íntegra. El Estado mexicano enfrenta así una acusación de “alegadas violaciones” a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Este próximo viernes 17 de noviembre se tiene planeado que se continúe la audiencia alcanzando los cinco testimonios orales de las declarantes. Posteriormente se espera que el Estado Mexicano pueda alegar, para lo cual se sabe que participarán como representantes el subsecretario para Asunto Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Erasmo Lara. Finalmente, será hasta 2018 cuando dicte sentencia la Corte Interamericana.