La partida más afectada ha sido la de Equidad, Derechos sociales y empleo, que se verá reducida en 35 millones, que iban destinados a prestaciones sociales.

Esta medida se lleva a cabo ni pasados diez días de que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidiese «supervisar» las cuentas del Ayuntamiento debido a que «no ha reconducido su senda de gasto» según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ignorada por el Ayuntamiento de Madrid dos años consecutivos. A pesar de las concesiones hechas por el Ayuntamiento de Madrid en materia de presupuestos, y a pesar de haber sido el más avezado ayuntamiento en reducir la deuda; con todo, el Gobierno no está satisfecho con quienes han aprendido rápidamente a minimizar gastos.

La actitud del Gobierno sigue en la línea de los ataques a los derechos democráticos en Catalunya. En esta ocasión, hace oídos sordos a la libre gestión que debieran tener los ayuntamientos para desarrollar su plan presupuestario. En un alarde de despotismo, el Gobierno del Partido Popular ha vuelto a demostrar cómo las decisiones caen en saco roto: no importa que no posean el Ayuntamiento de Madrid, porque pueden intervenirlo y obligarlo a obedecer su plan de recortes, estandarte que los ha acompañado ambas legislaturas.

Por otro lado, la postura de Ahora Madrid ha sido un jarro de agua fría sobre la situación. En lugar de denunciar firmemente ante los madrileños, y al resto del Estado, el golpe de timón en las finanzas que ha impuesto el Montoro, y llamar a la movilización para defender la integridad democrática del Ayuntamiento; en lugar de defender el municipio de la tiránica mano de Rajoy, Manuela Carmena ha quitado peso al asunto, insistiendo en que el Ayuntamiento no está intervenido. Por su parte, el sector crítico de Podemos, Anticapitalistas, lanzó un escueto comunicado en defensa de los «ayuntamientos del cambio», pero tampoco han convocado movilizaciones y se han sumado al discurso de Rita Maestre y Carmena de cuestionar la «tutela» de Montoro por medio de los tribunales.

Dos cosas se pueden sacar en claro de esta situación. La primera de ellas es que, una vez más, queda demostrado cómo la estrategia reformista de cambiar la realidad política y económica a través de las instituciones -principio que rige la gestión de los “Ayuntamientos del cambio” y de Unidos Podemos-, negociando con los mismos que arrastran a los trabajadores a la miseria, es infructuosa; y en qué medida el Gobierno, autoproclamado defensor de la democracia y el Estado de Derecho, no tiene ningún escrúpulo en impedir el libre desarrollo de las funciones de los ayuntamientos y comunidades. En segundo lugar, que estos derechos democráticos sólo pueden ser defendidos, si acaso no ejercidos, por las bases afectadas: los trabajadores, las mujeres, los parados, etc.; que solo la movilización y la lucha en la calle nos pueden proteger de estos ataques institucionales.