Este jueves 16 de Noviembre, representantes de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, junto al Servicio Jesuita de Migrantes (SMJ) llegaron hasta la moneda para entregar una carta dirigida la Presidenta Michelle Bachelet, solicitando que realice un proceso extraordinario de legalización. De ser acogida esta solicitud, se
estima que beneficie a unos 200 mil inmigrantes, aunque no existen cifras oficiales.

Desde la década de los 90’ se han realizado dos procesos extraordinarios de regularización. En 1998 (Frei Ruiz Tagle) y en 2007 (Bachelet), siendo en este último, regularizada la situación de 46 mil extranjeros.

Sin duda hoy, se presenta una agudización de esta problemática, pues distintas organizaciones migrantes estiman que la población de extranjeros en Chile es
proximadamente de unas 600 mil personas y quienes permanecerían de manera ilegal en el país, serían unas 200 mil personas.

La situación de indocumentación constituye para los extranjeros una doble precariedad, pues trabajan de manera irregular y se exponen a abusos de sus empleadores. A su vez, como requisitos para la documentación, se exige que los extranjeros presenten un contrato de trabajo y que sean reconocidos como “agente productivo”, lo cual constituye a priori una situación discriminatoria, que estigmatiza y criminaliza a los trabajadores de distintas nacionalidades que permanecen y aportan hoy al país.