Este viernes se dio por terminado el proyecto de generación eléctrica HidroAysén, ya que la sociedad controladora determinó disolverse y devolver los derechos del agua al Estado. Según Walter Moro, gerente general de Enel Generación, propietario del 51% HidroAysén, dicha determinación estuvo fundada en que el proyecto no contaba con ser “técnicamente viable, económicamente rentable para los inversionistas y aceptado por las comunidades”.

El proyecto contemplaba la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, tres en el río Pascua y dos en el río Baker en la región de Aysén, las que aportarían 2.750 megawatts al Sistema Interconectado Central.

Hidroaysén, que implicaba la inversión de US$3.200 millones aproximadamente, fue aprobado por el gobierno de Piñera el 2011 pese a las protestas sociales, la oposición de grupos ambientalistas y la resistencia de las comunidades. Posteriormente, las acciones legales interpuestas contra el proyecto fueron rechazadas por la Corte Suprema en el año 2012.

Sin embargo, el mismo año por petición de Colbún, del grupo Matte y propietario del 49%, fue suspendido el análisis del tendido eléctrico que debía transportar dicha energía, apelando a que iniciativas de la envergadura de Hidroaysén requieren de una política energética nacional. Así lo manifestó el gerente general de Colbún, Thomas Keller, quien señaló que el “desarrollo de proyectos de las características de HidroAysén requiere también de una política energética de amplio consenso nacional, condición que no fue posible alcanzar en este caso”.

A raíz de esta situación se detuvo el avance del proyecto, el 2014 el Comité de Ministros lo rechazó y finalmente el reciente viernes el proyecto terminó de ser abortado.

¿En manos de quién deben estar los recursos naturales?

No es el primer proyecto que genera polémica por su impacto ambiental y con la noticia de su disolución se reabre un debate de fondo, el uso de los recursos naturales y el impacto que este tienen en las comunidades y la sociedad.

El alcalde de Caleta Tortel, Bernardo López, señaló al respecto que “la intervención que dejó en la región de Aysén fue bastante nefasta para la comunidad”

Cabe destacar, que empresas como Enel recientemente han sido cuestionadas por los cortes de energía en diversas zonas del país generados por fenómenos climáticos como lluvias, dejando a miles de personas sin suministro. Además, fue duramente criticada porque todo el personal de terreno, que debía reparar dicha situación, se encuentra bajo régimen de subcontratación en precarias condiciones laborales.

En ese sentido, el candidato a diputado por el distrito 10, Dauno Totoro sostuvo que fue fundamental el rechazo que manifestó la comunidad, pero también la juventud para detener un proyecto que atentaba contra la naturaleza y las comunidades, señalando que “fue vital que desde el movimiento estudiantil que nacía el 2011 nos opusiéramos férreamente con manifestaciones, fuimos un factor político en este resultado”.

Agregando, incluso que “los recursos naturales deben estar en manos de los trabajadores y las comunidades, gestionados y controlados por los mismos. Los empresarios sólo buscan saciar su sed de ganancias, dejando en evidencia que su control no sirve para satisfacer los derechos sociales. Enel sigue generando millonarias ganancias, prestando un servicio deficiente, además de las precarias condiciones laborales de los trabajadores de terreno, confirmando que los recursos naturales no pueden seguir en sus manos".

De cara a un nuevo gobierno, es importante destacar el rol que tuvieron las manifestaciones para rechazar la iniciativa, que permitieron generar una oposición concreta a los políticos del régimen, quienes han permitido continuar el saqueo de los recursos naturales en manos de grandes empresarios como viene sucediendo desde la dictadura.