Foto: arrobaradio
Imagen: Mauricio Mulder
El periodista y congresista aprista, Mauricio Mulder, introdujo en el Congreso un escrito que propone que todas las instituciones públicas, incluidas las de derecho privado y los gobiernos regionales y locales, podrán “publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios del Estado a tarifa de costo”. Con información fragmentada, entrevistas breves que otorgan una mirada acotada sobre el asunto, los grandes medios burgueses protestan contra la propuesta que, de ser aprobada, dirigirá la mayoría de los anuncios publicitarios oficiales a las redes sociales en Internet.
Según el texto (de sólo tres artículos) prohíbe “todo tipo de publicidad” de las entidades del Estado en medios privados y, en caso contrario, la infracción será considerada “delito de malversación”. De prosperar, además, darían a conocer sus programas y comunicados en Facebook y Twitter.
En marzo de este año, al defender un proyecto presentado por Fuerza Popular, Modesto Figueroa señaló que América Televisión (canal 4) “ha sido curiosamente la más favorecida con contratos de publicidad, durante el gobierno de Ollanta Humala, por más de S/190’744.488 entre el 2009 y el 2016”, remarcando luego que en los negociados publicitarios del Gobierno actual de PPK se “destacan con mayores montos el contrato de la Presidencia del Consejo de Ministros con la empresa editora El Comercio S.A.”.
Lejos de debatir si esta medida ataca a las libertades de prensa, la propuesta aparece con una clara intención de presionar a los medios masivos de comunicación dominantes que en el último año, en especial luego de abierto el caso Lava Jato, han hecho mucha mella en la cuestión de la corrupción; produciendo una conjunta deslegitimación de los representantes en el Parlamento y el Ejecutivo.
Además de cumplir con uno de sus principales roles: contener y engañar al pueblo trabajador, promover valores y costumbres que sólo favorecen a los dominantes quienes intentan hacer pasar su sus demandas como propias, y siguiendo su recetario antipopular, en la crisis política actual, no llamar jamás a la movilización social.
Una huella más del Congreso y sus funcionarios “empresariales” que deja rastros de que todo está regido por la ley de la ganancia. Además, con la nueva medida dejarán afuera a miles que no poseen acceso a Internet para informarse sobre las acciones de los ministerios si sólo se pretende comunicar por las redes sociales por una “cuestión de costos “.
Mientras, los grandes grupos mediáticos ponen el grito en el cielo porque se les arrebate una parte de la torta. | 
