Mientras el gobierno de Larreta se hizo presente con sus stands y el jefe de campaña electoral de Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro, buscando maquillar su gestión de “inclusiva”, en una oleada multicolor miles colmaron las calles de la ciudad con los reclamos de la diversidad sexual y exigiendo justicia por Santiago Maldonado.
En esta ocasión el Gobierno negó la habilitación del escenario central de la Plaza del Congreso donde habitualmente se realiza el acto de cierre, alegando un supuesto vencimiento de los plazos para justificar lo que los organizadores de la marcha denunciaron como una provocación.
En lo que fue su primer denuncia explícita al macrismo, la Comisión Organizadora expresó en un comunicado oficial: “La ministra Bullrich nos amenaza con su protocolo ‘LGBT’, que atropella la ley de identidad de género y habilita la tortura policial. La gobernadora Vidal no aplica la ley provincial de cupo laboral trans. Y a la vez el gobierno de Macri nos negó el escenario habitual en Plaza Congreso, en otra muestra de su autoritarismo y su ajuste a todas las políticas públicas. Pero nada de eso detiene nuestro orgullo”. Fue masivo el repudio a este nuevo protocolo, que cuenta con un antecedente durante el kirchnerismo en los cursos de “inclusión” para las fuerzas represivas impulsados por Nilda Garré.
Participaron como parte de la Comisión Organizadora la Federación Argentina LGBT, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, 100% Diversidad, Comunidad Homosexual Argentina, La Cámpora, Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y el MST.
También se movilizó la columna Orgullo en Lucha cuya consigna principal fue “Macri es silencio, deuda y terror”, “Justicia por Diana Sacayán” y el reclamo por la responsabilidad del Estado en el caso de Santiago Maldonado.
Por su parte, el Frente de Izquierda con sus organizaciones PTS, PO e IS, participó en la movilización reclamando contra el protocolo de Bullrich, la represión del Estado y los diferentes gobiernos, y exigiendo la separación de la Iglesia del Estado, denunciando la avanzada represiva del macrismo como parte de la contrarreforma laboral pactada con la burocracia de la CGT y los gobernadores peronistas.
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